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Impunidad en violencia de género corroe al Estado mexicano

Por Anaiz Zamora Márquez

La impunidad en 98 por ciento de delitos denunciados como feminicidio y desaparición de mujeres y jóvenes, el incumplimiento de las sentencias internacionales, la falta de acceso a la justicia y la verdad por los crímenes del pasado, y la limitación de la protesta social son algunos de los motivos que suscitaron la actual crisis de Derechos Humanos (DH) en México.
 
Ayer, durante el 153 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en Washington, grupos civiles expusieron a las y los comisionados la realidad de violaciones a DH en el país, y que contrasta con los discursos de buenas intenciones del Estado mexicano.
 
Aunque las y los funcionarios que asistieron en representación del Estado reconocieron “los retos” que se enfrentan en la materia, dieron respuestas generales y se limitaron a enlistar los programas nacionales creados, pero que no han sido aterrizados en entidades y municipios.

Durante la audiencia “Impunidad por graves violaciones de DH en México”, Ivonne Mendoza, del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, en Ciudad Juárez, Chihuahua (Cedimac), denunció el persistente desinterés del Estado por investigar con la debida diligencia la desaparición de mujeres y el feminicidio que continúan en la entidad.

Recordó que durante los años 90 hubo un gran número de desapariciones de jóvenes que se dirigían de la periferia al centro de Ciudad Juárez, especialmente a estudiar en una escuela de computación, patrón que aún se repite y que se registró de manera alarmante en los últimos dos años, sin que se haya abierto esa línea de investigación.
 
“Al ver que sus hijas no vuelven a casa, las familias invierten todo su tiempo en su búsqueda; proveen de información a las autoridades, quienes no realizan las pesquisas necesarias para localizarlas, y cuando las encuentran es de forma fortuita; después del hallazgo de los restos el proceso de identificación puede tardar de uno a dos años”, narró la activista a las y los comisionados.
 
En la audiencia se expuso que las graves violaciones a DH contra la ciudadanía continúan en la impunidad, pese a las recomendaciones y llamados internacionales.
 
Nancy López, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), dijo que sólo el 1 por ciento de las denuncias presentadas llegan ante el juez.
 
“El problema endémico y sistemático de la impunidad es consecuencia de la falta de capacidad del Estado para investigar con la debida diligencia, y falta de voluntad para investigar casos en los que se encuentra involucrado su propio personal; esa falta de capacidad se ve agravada en el actual contexto de violencia”, abundó.

También se realizó la audiencia “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en México”, en la cual Blanca Hernández, presidenta de la Fundación Diego Lucero, lamentó la impunidad de 40 años en crímenes como detenciones arbitrarias, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura, “pese a la incansable lucha de las familias por encontrar la verdad y la justicia”, sobre todo de las madres que no dejan de esperar por sus hijos.
 
“En esa búsqueda incansable de verdad y de justicia han muerto ya madres de víctimas”, apuntó Alicia de los Ríos Medino, representante del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, al sostener que a la par de que no se han resuelto las desapariciones, tampoco se ha hecho nada por detenerlas, pues la cifra oficial es de más de 22 mil personas desaparecidas, a quienes se suman los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero.

Martha Alicia Camacho Loaiza, víctima de desaparición forzada por parte de agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), elementos de la Policía Judicial de Sinaloa y miembros del Ejército, en 1977, expuso ante la CIDH la insistencia de la Procuraduría General de la República por cerrar su caso, lo que evidencia la resistencia del Estado por reparar el daño a las víctimas de la llamada “guerra sucia” (periodo de represión en los años 70).

Debido a que las instituciones de procuración y administración de justicia mexicanas “no sirven”, se recurre a la protesta social para denunciar las graves violaciones a DH y afectaciones que sufre el grueso de la población; no obstante en los últimos años la libertad de expresión y manifestación social han sufrido una serie de limitaciones y obstáculos, denunció ante la CIDH el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. 
 
Por ejemplo en tres meses, cuatro entidades (Quintana Roo, Puebla, Chiapas y el DF) aprobaron legislaciones que restringen la protesta social, y en algunos casos incluso permiten el uso de la fuerza pública para impedirla.
 
Es de mencionar que incluso durante la audiencia que el propio Estado mexicano solicitó para exponer la reciente promulgación del Programa Nacional de Derechos Humanos, grupos civiles sostuvieron que ante la preocupante situación de DH que atraviesa México “la respuesta del Estado pareciera ser asistir a foros y eventos internaciones, y no realizar acciones concretas”.

Durante todas las audiencias el Estado mexicano recibió severos cuestionamientos sobre la forma en que se aterrizarán las reformas legales, programas nacionales y estrategias en estados y municipios.
 
También se demandó esclarecer los recientes hechos en Tlatlaya, Estado de México (donde el Ejército asesinó a civiles), y Ayotzinapa, Guerrero, donde desaparecieron los 43 jóvenes normalistas.
 
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