Impunidad institucional socava labor de defensoras de DH

El Estado mexicano no está garantizando medidas de seguridad efectivas para proteger a las defensoras de Derechos Humanos (DH), y al contrario, agentes de seguridad las criminalizan, están implicados en las agresiones, obstaculizan las denuncias, y perpetúan la impunidad, acusaron expertas multidisciplinarias de América y Europa.
 
En conferencia de prensa en esta capital, la Misión de Observación Civil Internacional (MOC) –integrada por abogadas y sociólogas de Estados Unidos, Perú, Inglaterra y Argentina– informó que la impunidad y la desarticulación de las instituciones impiden que las defensoras accedan a la justicia y reciban protección en México.
 
Durante un recorrido por Baja California, Distrito Federal, Oaxaca y Guerrero –iniciado el pasado domingo 9 de noviembre y que concluyó hoy–, a fin de conocer la realidad que viven las y los defensores de DH en el país, las expertas se reunieron con grupos civiles, activistas, y madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, que llevan más de un mes desaparecidos y que presuntamente habrían sido asesinados.
 
Las especialistas coincidieron en que las autoridades judiciales (en los tres niveles de gobierno) están haciendo un uso indebido del sistema penal, para iniciar procesos judiciales contra las y los defensores de DH, en especial de quienes protegen la tierra.
 
La abogada estadounidense Angelita Baeyens señaló que los tipos penales bajo los cuales son acusadas las y los defensores para frenar su activismo son “ambiguos”, por ejemplo, el delito de “atentar contra la riqueza natural”.
 
Las juristas también acusaron que en México impera una “impunidad estructural”, ya que las defensoras de DH no tienen acceso a la justicia, los ministerios públicos no reciben denuncias, las procuradurías de Justicia estatales no avanzan en las investigaciones, y las denuncias no derivan en sentencias, sobre todo cuando los involucrados son policías o militares.
 
Elvira Domínguez Redondo, doctora en Derecho por la Universidad de Middlesex, en Inglaterra, dijo que debido a la desarticulación de poderes las defensoras desconocen a quién acudir cuándo son agredidas, y explicó que este hecho se refleja en la actuación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –de la Secretaría de Gobernación–, que si bien es un instrumento que en muchos países aún no existe, está lleno de “deficiencias”.
 
De acuerdo con las integrantes de la MOC, el Mecanismo es muy tardado para resolver medidas de protección, está superado por el número de solicitudes que recibe, no está preparado para recibir medidas colectivas, no tiene difusión y presenta deficiencias para el procesamiento de los casos.
 
Según las expertas, días antes de su visita a México se envió un oficio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para revisar en conjunto las recomendaciones que derivaran de la visita, pero el órgano no respondió.
 
VIOLENCIA DE GÉNERO
 
Tarcila Rivera Zea, presidenta del Centro de Culturas Indígenas de Perú, y Rosario Figari, socióloga de la Universidad de Buenos Aires, dijeron que las mujeres indígenas son quienes enfrentan más limitaciones para acceder a la justicia, sobre todo por falta de información traducida a su lengua.
 
Las activistas señalaron que, de acuerdo con los testimonios recogidos durante su visita, la violencia que experimentan las defensoras es diferente a la de sus pares varones, ya que la forma más común en la que son atacadas es amenazando a su familia, lo que las deja en una situación de vulnerabilidad extrema.
 
Las amenazas con connotaciones sexuales y el desprestigio en redes sociales es otra forma de agresión que enfrentan más las mujeres que los hombres.
 
Las expertas observaron que las defensoras por los derechos sexuales y reproductivos se ven amenazadas además por la Iglesia, un actor que, en muchos casos –acotaron–, podría ser su “apoyo espiritual”.
 
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