En Tailandia, al igual que en otros países de la región, aumentan las denuncias de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, donde la migración y el abuso sexual van de la mano.
El gobierno de este país asiático reconoce que un número indeterminado de extranjeras sufren tortura y agresiones sexuales a manos de sus empleadores, cobijadas por el temor de su condición de inmigrantes ilegales.
El ministro de Trabajo, Sombat Niwerat, declaró que estas inmigrantes ilegales no denuncian esas vejaciones por temor a ser deportadas de Tailandia o ser condenadas por la ley.
Aun con sus papeles en regla, soportan esas violaciones porque las leyes laborales para extranjeros les prohíben cambiar de empleo antes de un año.
Si se deciden a abandonar el trabajo, se ven obligadas a pagar mucho dinero a las agencias de empleo, tomando en cuenta que, por ejemplo, una empleada doméstica o mesera recibe un salario congelado cercano a 50 dólares mensuales.
Igualmente, los empleadores a veces les detienen sus permisos para trabajar. Dado que la policía les exige documentos originales, correrán con suerte las que conserven una fotocopia de su permiso.
Niwerat agregó que en Tailandia hay alrededor de 560 mil trabajadores ilegales que ingresaron al país tan sólo el año pasado, de los cuales 240 mil son mujeres, algunas de ellas como trabajadoras sexuales. La Organización del Trabajo Extranjero nacional ya pidió ayuda a la Organización Internacional de Migración y a la ONU para combatir el problema.
LA OTRA CARA DE LA MIGRACION
Esta semana se descubrió que tres hombres neozelandeses acusados de pedofilia dan clases en instituciones de alto prestigio en Bangkok, capital tailandesa, un caso que destaca por las nuevas leyes en favor de la persecución de pedófilos a través de las fronteras internacionales.
Aunque la policía tailandesa declaró que ellos no han recibido ninguna información del gobierno de Nueva Zelanda al respecto, un político neozelandés declaró a la prensa internacional que Tailandia se ha convertido en un santuario para pedófilos de Nueva Zelanda quienes no tienen miedo alguno de ser perseguidos en el país asiático.
Los presuntos pedófilos son el exsacerdote católico Peter Bernard Hooper, el exconvicto por cargos de abuso infantil, Andrew Ross Lowrie y otro cuyo nombre se desconoce públicamente.
Peter Bernard Hooper, quien fuera sacerdote católico, es catedrático de la neozelandesa Universidad de la Asunción y actualmente escribe su tesis doctoral sobre extranjeros homosexuales y pedófilos católicos en Tailandia. Hooper es buscado por la policía de su país desde 1992.
En tanto que Andrew Ross Lowrie, enfermero, estuvo en la cárcel en 1998 por despojar a una niña de seis años de su traje de baño, tocarla y, junto con otro colega, fotografiarla.
Aunque ha enfrentado al menos diez cargos relacionados con pornografía infantil, actualmente da clases a hijos de la elite inglesa en el Instituto de Silom en Bangkok y aunque Ross declaro lo contrario, se le ha visto dando clases particulares a niños entre seis y 12 años.
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