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Incumple CFE informar sobre casos de acoso a trabajadoras

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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La Comisión Federal de Electricidad incumplió el plazo que le dio el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), para que informara en qué derivaron las investigaciones que inició desde el pasado 4 de febrero, por el presunto acoso y hostigamiento sexual en contra de dos trabajadoras de CFE en el estado de Campeche.
 
Este domingo 9 de agosto venció el plazo que dio el Consejo Social del Inmujeres y el Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche, para que la CFE informe de los resolutivos sobre una indagatoria que iniciaron las autoridades de la Comisión hace siete meses, por el presunto acoso y hostigamiento sexual en contra de al menos dos trabajadoras administrativas de la Zona de Transmisión en Campeche.
 
La investigación comenzó luego de que las trabajadoras dijeran desde enero pasado a Cimacnoticias que eran acosadas sexualmente por el superintendente de Zona, Juan Raya Meléndez, a quien habían denunciado en distintas ocasiones –sin respuesta– ante las instancias de CFE.
 
Al respecto del incumplimiento por parte de la empresa productiva del Estado, Magaly Reyes Chávez, presidenta del Consejo Social de Inmujeres, dijo a esta agencia que a causa de esta omisión se reuniría hoy por la tarde en esta capital con Nayibe Valencia Sansores, representante del órgano de control interno de CFE, para que explique los motivos del retraso.
 
Reyes Chávez señaló que desde que el Consejo tuvo conocimiento –por medio del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche– de esta situación, solicitó al Inmujeres que interviniera, con lo que se lograron al menos tres reuniones con autoridades de CFE y algunos compromisos (firmados en minuta), entre los que destacan la entrega de los resolutivos de la investigación a más tardar el 9 de agosto, así como el desarrollo de mecanismos para prevenir el acoso sexual, y garantizar que las pesquisas ante estos casos sean más breves.
 
La presidenta de este Consejo –que integra a mujeres de los sectores público, privado y social, que se han destacado por estar a favor de la equidad de género– informó que el acuerdo de concluir las investigaciones se incumplió, y reveló que en otras comunicaciones que ha tenido con la funcionaria de CFE, ella le argumentó que la investigación “viene muy pesada” (sic). 
 
Para Reyes Chávez es muy importante que la denuncia de estas mujeres se esclarezca, ya que debe ser un ejemplo para que todas las trabajadoras que atraviesen por este delito en sus centros de trabajo puedan denunciarlo.
 
El Consejo Social del Inmujeres detalló que si bien al inicio de las pesquisas se detectó que el procedimiento era “opaco” e “intimidatorio”, solicitó a la CFE que no revictimizara a las trabajadoras y que se apegara a los protocolos existentes para atender y sancionar el acoso sexual.
 
Por su parte, Ninive García Méndez, integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche, declaró en entrevista que de acuerdo con el testimonio de las denunciantes, la CFE ya está tomando algunas medidas a favor de ellas.
 
Por ejemplo, Juan Raya Meléndez, que antes era superintendente en Campeche, fue transferido a otro municipio de esta entidad a fin de que las trabajadoras no estén bajo sus órdenes.
 
Además, ya se instalaron cámaras de videovigilancia y buzones para que las trabajadoras denuncien de manera anónima el acoso sexual; no obstante, la CFE ha ignorado hasta ahora la recomendación de crear a más tardar el 9 de agosto la Unidad de Atención a Víctimas de Acoso Sexual.  
 
Este incumplimiento de la CFE se suma a otros desacatos para desarrollar mecanismos de prevención y protocolos de atención, que las activistas solicitaron se cumplieran a más tardar el pasado 12 de mayo.
 
Paradójicamente, en 2012 CFE se convirtió en la primera empresa del Estado en obtener la certificación del “Modelo de Equidad de Género”, otorgada por el Inmujeres.
 
El reconocimiento se dio entonces por el supuesto cumplimiento de ese centro de trabajo al contar con todos los requisitos –incluyendo protocolos de atención a víctimas por violencia de género y discriminación–, para garantizar la igualdad laboral entre mujeres y hombres.
 
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