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Independencia e imparcialidad, pide Congreso a Poder Judicial

Por María de la Luz Tesoro

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al Poder Judicial de la Federación para que en el proceso de juicio de amparo tramitado por Concepción Moreno Arteaga se apegue a los principios de independencia e imparcialidad, analizando de forma objetiva las pruebas de cargo en las que se basa la acusación en contra de la defensora de migrantes.

El punto de acuerdo es un respaldo importante para garantizar que en este caso, a diferencia de anteriores, el Tribunal designado valore adecuadamente las pruebas de descargo y verifique las múltiples irregularidades que se han registrado en el proceso, por medio del cual la señora Concepción Moreno fue condenada injustificadamente a 6 años de prisión, enfatizó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó radicar el caso de oficio, con base en los Artículos 6 de su Ley y 83 de su Reglamento Interno, toda vez que se trata de un asunto en el que podrían configurarse diversas violaciones de derechos fundamentales por parte de servidores públicos federales y por la incidencia del mismo en la opinión pública.

En comunicado de prensa, la institución señala que con la apertura del expediente de queja y el consiguiente análisis y valoración de las evidencias, la CNDH emitirá la resolución que conforme a derecho corresponda.

Agrega que, de acuerdo a datos obtenidos, la señora Concepción, presunta analfabeta, fue llevada ante el Ministerio Público Federal para que rindiera su declaración, le hicieron firmar documentos cuyo contenido no entendía, yfue internada en el Centro de Readaptación Social Femenil de San José El Alto, en Querétaro.

Los antecedentes presentados por las legisladoras del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Alliet Bautista y Maricela Contreras en el Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresan:

Que la señora Concepción Moreno Arteaga es madre soltera, de 47 años de edad, originaria de la comunidad El Ahorcado, estado de Querétaro. Fue detenida el pasado 9 de marzo de 2005 por elementos de la Agencia Federal de Investigación “por haber dado alimentos a seis inmigrantes centroamericanos que tocan a la puerta de su casa.

“La señora fue consignada ante el Juzgado Cuarto de Distrito en la ciudad de Querétaro por el delito previsto en el párrafo segundo del artículo 138 de la Ley General de Población, para ser sentenciada a 6 años de cárcel, pena que fue confirmada en la segunda instancia.

“El organismo no gubernamental defensor de los derechos humanos Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, haciéndose cargo de la representación legal de la C. Concepción Moreno, interpuso un amparo en contra de la resolución que confirma la sentencia, juicio que aún se encuentra pendiente de resolución por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en la ciudad de Querétaro”.

Asimismo, las diputadas dentro de las consideraciones del Punto de Acuerdo expusieron que:

“El enfrentamiento de la estricta legalidad con la necesidad de un número cada vez mayor de personas altamente marginadas, de nuestro país y del extranjero, de movilizarse hacia el mercado de trabajo estadounidense en busca de los más indispensables benefactores humanos, para sí y sus familias, se traza la delgada línea que separa la actividad humanitaria de asistencia a los migrantes, de la actividad criminal del tráfico y la trata de personas.

“En esa delicada diferencia se desenvuelve el caso de Concepción Moreno Arteaga… La asistencia a los migrantes ilegales, aún la humanitaria labor de proporcionarles alimentos o descanso a su paso, pude ?desde cierta óptica-, confundirse con un delito, toda vez que el párrafo segundo del artículo 138 de la Ley General de Población fija una pena de seis a 12 años de prisión a quien, con propósito de tráfico, por sí o por medio de otro u otros, sin la documentación correspondiente expedida por la autoridad competente, albergue en territorio nacional, con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria, a uno o varios extranjeros?”

Las legisladoras concluyen que “la defensa de Concepción Moreno ha hecho públicos diversos elementos que, considera, dan muestra de que su actividad es la de una defensora de los derechos humanos y no la de una implicada en el tráfico de personas.

07/MLT/GG/CV

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