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Indígenas guatemaltecas aguardan juicio contra ex dictador

Por Anaiz Zamora Márquez
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El juicio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad, es un precedente para que las mujeres indígenas de otros países que han sido agredidas y violentadas puedan acceder a la justicia. 

En entrevista vía telefónica, la directora ejecutiva de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), Ana Lucía Morán, consideró que el juicio contra el militar representa un avance para las mujeres de origen indígena en materia de Derechos Humanos (DH). 
 
El pasado 28 de enero, el magistrado guatemalteco Miguel Ángel Gálvez ordenó someter a juicio a Ríos Montt, quien gobernó el país centroamericano –tras un golpe de Estado– del 23 marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983, por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la etnia ixil.
 
El magistrado también ordenó un proceso legal por los mismos delitos contra el general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez.
 
Morán dijo que estos juicios representan la oportunidad para que las indígenas que fueron asesinadas y violentadas durante esos años puedan acceder a la justicia sin necesidad de acudir a instancias internacionales.
 
Para la directora de MTM (asociación civil que defiende los derechos de las mujeres guatemaltecas), la determinación, que se logró tras varios años de solicitar el juicio, representa un hecho histórico para Guatemala y el resto del mundo, ya que es el primer dictador en América Latina que será juzgado en su propio país por atentar contra los DH de una población indígena.
 
A Ríos Montt –de 86 años de edad– se le imputan los homicidios de mil 771 indígenas –el 25 por ciento mujeres– cometidos durante su dictadura militar.
 
La abogada Ana Lucía Morán confió en que el juicio castigue también los delitos de violencia sexual hacia las mujeres cometidos en la guerra civil, que se desató en Guatemala durante ese régimen.
 
De acuerdo con el Tribunal de Conciencia Contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres –instancia ciudadana creada el 4 de marzo de 2010 y de la que forma parte MTM–, durante el conflicto armado en Guatemala, además de los homicidios, hubo severas repercusiones a la integridad física, el bienestar psicológico y espiritual, y la seguridad económica en las vidas de las mujeres y las niñas.
 
La violencia sexual y las violaciones contra mujeres y niñas se emplearon como armas de guerra, consideró el Tribunal de Conciencia, por lo que de acuerdo con Morán, llevar al ex dictador a juicio implica también juzgarlo por los actos de violencia sexual cometidos por el Ejército a su mando.
 
En octubre de 2012, acompañadas por MTM, 15 mujeres de origen indígena acudieron al Juzgado Primero B de Mayor Riesgo de Guatemala, (tribunal especializado en los delitos de alto impacto cometidos durante de la guerra civil guatemalteca de 1960 a 1993), a denunciar las agresiones sexuales de las que fueron víctimas entre 1982 y 1983, periodo en el que también se cometieron los asesinatos por los que será juzgado Ríos Montt.
 
Morán espera que estas declaraciones puedan ser consideradas como evidencias en el juicio que se llevará a cabo contra Ríos Montt, además de que también se inicie un juicio contra los miembros del Ejército que cometieron las violaciones y que hasta la fecha no han sido plenamente identificados.
 
El pasado lunes, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo fue designado para realizar el juicio contra Efraín Ríos Montt y José Francisco Rodríguez Sánchez.
 
El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, explicó que el Tribunal designado deberá fijar día y hora para el inicio del histórico proceso.
 
En tanto, los abogados defensores del ex dictador han intentado desvanecer las pruebas presentadas en contra de Ríos Montt, y anunciaron que buscarán un amparo para que la fecha del juicio se posponga “por un largo tiempo”.
 
Ana Lucía Morán concluyó que además de representar un avance para la población indígena de Guatemala, la decisión de los Tribunales de Justicia puede servir de ejemplo para que en otros países también se garantice el acceso a la justicia para las indígenas.
 
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