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Indígenas jornaleras padecen acoso y violencia obstétrica

Por Lizbeth Ortiz Acevedo

Mujeres indígenas que emigran al Valle de San Quintín, en Baja California, denuncian la violación a sus derechos laborales por parte de empresas agrícolas que las emplean, así como falta de acceso a la justicia y discriminación por parte de funcionarios.
 
Esa ciudad costera en el municipio de Ensenada es señalada por la presidenta de la organización Casa de la Mujer Indígena Ve’e Naxihi, Margarita Cruz, como el lugar que está albergando a indígenas mixtecas, mazahuas, triquis, otomíes, purépechas y nahuas, que emigraron de sus comunidades en busca de mejores condiciones de vida, pero a su llegada las empresas agrícolas que las emplean les niegan prestaciones y no les extienden contratos de más de tres meses.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la activista dijo que se han interpuesto demandas en contra de la empresa agrícola Los Pinos, la cual recluta a indígenas de Oaxaca y Chiapas para llevarlos a Ensenada a trabajar como jornaleros con bajos salarios y sin prestaciones.
 
Denunció también que no se les permite salir de los campamentos ni tener contacto con organizaciones como la que ella preside, para que reciban información sobre sus derechos laborales.
 
Mujeres indígenas que trabajaron como jornaleras y cobraban aproximadamente 600 pesos semanales, denunciaron hostigamiento en los campamentos por parte de supervisores, pero aunque levantaron las denuncias no obtuvieron respuesta de las autoridades.
 
Cruz detalló que algunas de las mujeres que llegan a San Quintín huyeron de sus comunidades de origen debido a la violencia intrafamiliar, pero que otras emigraron a Ensenada para esperar a sus parejas que se fueron a Estados Unidos y se quedan con la responsabilidad y cuidado de las y los hijos.
 
La activista detalló que su organización ha realizado jornadas comunitarias, programas de radio y talleres en diversas lenguas indígenas para informar a las jornaleras sobre sus derechos labores.
 
Además, apuntó, a través de esas actividades se ha detectado la violencia sexual que ellas padecen por parte de sus parejas así como la violencia obstétrica, ya que sin tomarlas en cuenta el personal de salud les aplica algún método anticonceptivo.
 
Margarita Cruz dijo que la Casa de la Mujer Indígena Ve’e Naxihi documentó con una encuesta realizada a 165 mujeres indígenas que el embarazo en adolescentes es una situación constante, ya que no acceden a educación sexual ni a métodos anticonceptivos, y nuevamente se enfrentan a la falta de traductores para recibir atención.
 
Ante esta otra violación a los derechos de estas mujeres indígenas, la organización abrió un centro especializado para brindar consejería y educación sexual a las adolescentes.
 
Por ello, la Casa de la Mujer ha exigido a las autoridades que reconozcan el trabajo de las parteras para que puedan extender constancias de nacimiento, así como la creación de un mecanismo de vigilancia para evitar la mortalidad materna infantil, y alguna instancia de parto humanizado con enfoque de interculturalidad para atender a las migrantes.
 
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