La trata de personas, que afecta a seis de cada 10 mujeres migrantes en su paso por México hacia Estados Unidos, es un delito que crece «en medida que se profundizan las desigualdades económicas y de género», afirmó Teresa Ulloa Ziaurriz, directora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
En entrevista con Cimacnoticias, la activista consideró que para frenar ese crimen el Estado mexicano debe garantizar la seguridad de las mujeres transmigrantes, es decir aquellas que vienen de otros países al nuestro con el fin de llegar al vecino del norte.
Este viernes diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DH) y víctimas de violencia, inician la llamada Caravana del Sur que recorrerá ocho estados de la República.
La caravana sale de Cuernavaca, Morelos, y llegará a municipios de Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Puebla, y algunas localidades fronterizas de Guatemala. La movilización ciudadana es para exigir el cese de la violencia contra las personas migrantes, la cual con frecuencia es ejercida por autoridades mexicanas coludidas con la delincuencia organizada.
Según cálculos de organizaciones civiles, cada año ingresan a México 400 mil personas migrantes, la mayoría originarias de Honduras, El Salvador y Guatemala. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, por cada 10 hombres ingresan siete mujeres migrantes.
En su camino por el país, las migrantes –además de estar expuestas al secuestro, extorsión y violencia física y sexual por parte del crimen organizado coludido con las autoridades– tienen mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas.
De junio de 2005 a agosto de 2010, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México identificó 176 casos de trata de personas; su número aumentó a partir de 2007 y se agudizó en 2008 y 2009.
La OIM señala que en ese tiempo asistió a víctimas de trata de personas de 13 nacionalidades, de las cuales el 63 por ciento era de Guatemala, el 14 por ciento de Honduras y cinco por ciento de México. El 18 por ciento restante era de El Salvador, Nicaragua, Sudamérica y países como Hungría, Congo, Belice y Japón.
De los más de 170 casos, 143 eran mujeres y 33 hombres, de los cuales cerca del 40 por ciento tenía entre 13 y 17 años de edad. En la mayoría de los casos se trató de víctimas de trata laboral, seguida de la sexual, y por ambos fines.
De acuerdo con Teresa Ulloa, la trata de personas es una grave problemática en México que aumenta «en medida de que se profundizan las desigualdades económicas y de género, así como por la falta de oportunidades en México y América Latina».
Para disminuir y eventualmente erradicar este delito, los gobiernos deben generar políticas públicas para fomentar el desarrollo local «para poder prevenir y no dejar a mujeres, niñas, niños y adolescentes a expensas de las redes de tratantes».
Además, México, como país de tránsito, debe generar condiciones de seguridad para las migrantes. A decir de la experta en el tema, todas las mujeres que viajan en situación irregular están en riesgo de ser víctimas de trata. Y recalcó que seis de cada 10 migrantes caen en «manos de la delincuencia organizada, las capturan para explotarlas sexualmente o esclavizarlas».
El clima de violencia e impunidad que impera en el país posibilita que estos grupos, además de explotarlas sexual y laboralmente, «se las están llevando para capacitarlas como integrantes de la delincuencia, como ‘sicarias’, ‘halconas’ o ‘mulas’».
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