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Inicia audiencias en Jalisco Tribunal Latinoamericano del Agua

Hoy se llevó a cabo en esta ciudad la primera audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) donde se revisó el caso del pozo el Calvario, ubicado en el municipio de Cuautla, Morelos, y donde se construyó la gasolinera Milenium 3000, la cual implica un serio riesgo para la sustentabilidad de las fuentes de agua potable que abastecen a la población.

La ciudad de Cuautla, Morelos, es conocida como «la ciudad de los balnearios» por la gran cantidad de agua que alberga en su superficie, como manantiales y pozos, provenientes de la zona volcánica del Popocatepetl y de regiones del norte de la ciudad.

Aun cuando existe un Programa de Desarrollo Urbano (PDU), aprobado en marzo de 2001, que establece lineamientos para la protección al recurso hídrico mediante la prohibición de la instalación de empresas o edificaciones que pongan en peligro el recurso acuático, se construyó la gasolinera Milenium 3000, propiedad de Rafael Anguiano Orozco, sobre un manto freático y a 350 metros del pozo de agua El Calvario, el cual provee de este recurso a cerca del 70 y 80 por ciento de la población.

Durante la audiencia, que se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, Jonathan Rodríguez, del Frente por la Defensa del Agua (FDA), denunció que durante la gestión para la construcción de la gasolinera hubo irregularidades, como la entrega de la licencia de construcción por parte del presidente municipal antes de realizarse un estudio de impacto, tal como lo exige la Ley del Equilibro Ecológico en su Artículo 40.

El estudio, señaló, no menciona que va a construirse esta gasolinera sobre el acuífero Cuautla-Yautepec, dice además que el pozo se encuentra a más de 500 metros, cuando las mediciones hechas por el FDA demuestran que la distancia es de 350 metros.

Aún así, la Comisión Estatal del Agua emitió un dictamen de uso de suelo a favor de la empresa y con el cual se vulneró el PDU.

Dicho programa, indicó Rodríguez, también establece que es incompatible el uso de gasolineras con el suelo donde ésta se construyó, en la calle Agua Azul e Insurgentes, Colonia Manantiales, donde brotaban manantiales, por lo que el PDU determinó la prohibición de construir gasolineras para no afectar el manto: «los peligros serían muy grandes pues casi toda la población se surte de esta agua».

En ese sentido, Rodríguez denunció al TLA que el gobierno del estado también emitió un dictamen de protección civil donde señala que las instalaciones de la gasolinera están de acuerdo a las leyes de protección civil, con lo que se vuelve a vulnerar el PDU.

Por su parte, Rolando Hernández, del FDA, explicó al Tribunal que el principal problema con la construcción de esta gasolinera, ya en funcionamiento, es que se existe el riesgo potencial de contaminación, mismo que fue reconocido por la propia Comisión Nacional del Agua.

Igualmente, apuntó, cualquier unidad de almacenamiento subterráneo, es decir los tanques que almacenan gasolina, no cuentan con ningún mecanismo que las exima del riesgo de filtración al subsuelo de líquidos, gases y sustancias que integran la gasolina, de acuerdo con la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos, que se encarga de regular estas unidades.

Lo anterior incluye a los sistemas de confinamiento subterráneo más desarrollados y que son provistos por Estados Unidos, tecnología que en México es utilizada por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Hernández señaló que en nuestro país no existe una política del riesgo, particularmente cuando se trata del confinamiento subterráneo de combustibles. Es así como la ciudadanía de Cuautla ve a la gasolinera como un riesgo potencial, que lleva a la construcción de redes de contaminación.

También subrayó ante el Tribunal que la normatividad mexicana y la de Pemex, particularmente, «es suficientemente laxa como para hacer de lado el problema real y la evaluación del riesgo. Es preocupante el grado de incidencia de accidentes que actualmente afecta a Petróleos Mexicanos», concluyó.

HABLAN LOS COLONOS

En ese sentido, Silvia Espinoza, de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Manantiales, señaló al Tribunal que esta gasolinera tiene 3 tanques de 80 mil litros cada uno y «cuando cavaron salieron grandes cantidades de agua limpia por lo que nos alarmamos profundamente», dijo.

Asimismo denunció que las autoridades municipales nunca advirtieron que se construiría una gasolinera: «se nos ha negado información, hemos recurrido a distintas instancias y la empresa ha actuado de mala fe, nosotros no tenemos ningún interés económico, solo queremos que el agua sea verdaderamente cuidada».

Y consideró que los discursos sobre el cuidado del recurso hídrico deben ser sostenidos y no solamente dichos.

¿CUÁL CONTAMINACIÓN?

En ese sentido, durante la audiencia, Miguel López, abogado del propietario de la Gasolinera Millenium 3000, negó al Tribunal que el establecimiento estuviese contaminando y puntualizó que existen resoluciones de la propia Comisión Estatal del Agua donde «nos han dado la razón».

López pidió al Tribunal que «dejemos que las autoridades jurisdiccionales sean quienes resuelvan y determinen sobre la legalidad o no de los términos en los que se estableció la gasolinera ya que son esos tribunales los que analizan la legalidad».

Asimismo, ante la TLA desconoció al Frente de Defensa del Agua «ya que la única persona moral con la cual hemos debatido es la Asociación de Colonos, por lo que desconocemos si es legal o no el Frente».

Y precisó que «existen innumerables reconocimientos que tienen un valor público predominante que nos han dado la razón de que la gasolinera cuenta con cada una de las autorizaciones», por lo que impugnó los medios probatorios presentado ante el TLA por la Asociación de colonos.

Además, la acusó de intentar en tres ocasiones de impedir la apertura del establecimiento «con lujo de violencia», por lo que ha demandado penalmente a la asociación por despojo y extorsión pues dijo que la presidenta de la organización, Ady Rosado Palomo, y Jonathan Gonzáles pidieron 2 millones a la gasolinera a cambio de dejarla funcionar por un periodo de 7 años.

En ese sentido, dijo, el interés de la Asociación es «netamente económico y personal y no un interés ecológico».

07/HVR/GG/CV

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