La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) comenzó este miércoles aquí un juicio para determinar si una resolución costarricense que prohíbe la fertilización «in vitro», es violatoria de los derechos reproductivos de las mujeres.
La audiencia pública por el caso «Gretel Artavia Murillo y otros, contra Costa Rica (CR)» inició con los testimonios de Miguel Mejía Carballo e Ileana Henchos Bolaños, dos de las presuntas víctimas de la sentencia 2000-02306, de la Sala Constitucional de Costa Rica que prohibió en el año 2000 la fertilización «in vitro» con el argumento de «proteger el derecho a la vida en el momento de la concepción».
La legislación, todavía vigente en CR, es única en el mundo y defiende el derecho absoluto a la vida del embrión por encima de otros Derechos Humanos fundamentales.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esa ley afecta el derecho a la privacidad, a la autonomía y a crear una familia entre parejas infértiles.
Asimismo, según la CIDH, vulnera los derechos de equidad y la no discriminación, pues «la ley tiene un impacto desproporcionado en mujeres infértiles, entrometiéndose en sus cuerpos y sus elecciones».
El juicio contra el Estado costarricense ha causado escozor entre los sectores más conservadores y religiosos de este país centroamericano, al mismo tiempo que da esperanza a más de 100 mil personas susceptibles de padecer infertilidad. Se espera que en pocas semanas la CoIDH haga público su veredicto.
ARGUMENTOS
En su declaración, desde la silla de ruedas de la que se vale desde que en 1985 sufriera un accidente de construcción, Miguel Mejía Carballo brindó su testimonio sobre cómo la resolución de la Sala Constitucional afectó su relación de pareja y sus derechos.
Tras haber hipotecado durante años su economía en pruebas médicas con quien entonces era su pareja, Gretel Artavia Murillo, la resolución de la Sala Constitucional les cerró las expectativas que con los avances científicos se habían abierto ante ellos.
«Nos quitaron ese derecho que todo ser humano tiene de formar un hogar con su pareja. Doce años han pasado y para mí es ya difícil por la edad y porque ya no estoy con mi pareja», expuso Mejía.
Por su parte, Ileana Henchos Bolaños se refirió también a las continuas pruebas médicas que vivieron ella y su esposo, Miguel Antonio Yamuni Zeledón, y como tuvieron que viajar al extranjero «como expatriados», para realizarse la fertilización «in vitro».
Con la voz quebrada, habló sobre la pérdida de intimidad que supuso explicar el proceso a familiares y amigos, la censura social y las dificultades económicas.
«Por recomendación de nuestro médico, fuimos a Valencia, España, apresuradamente, para no perder mi ovulación. Me acuerdo que mi esposo en el avión iba con una hielera, tenía que estar inyectándome? Después de la intervención nos dijeron que tenía que aguardar de 6 a 10 días en reposo.
«Nos quedamos día y medio. No teníamos la posibilidad económica de hacerlo. En el avión de regreso yo sentía que traía una tacita de cristal en mi vientre que no quería que nadie me rompiera. Pero no tuve el reposo debido y no resultó el embarazo. Meses después fuimos a Colombia. La misma angustia, la misma falta de reposo», relató Ileana.
Tras sus declaraciones, en representación de siete parejas más «y cientos de costarricenses fuera de la sala», los primeros peritajes se centraron en aspectos biomédicos.
Los peritos de la CIDH, Fernando Zegers-Hochschild, y el del Estado costarricense, Anthony Caruso, discutieron sobre el grado de efectividad de las técnicas de fertilización «in vitro» hoy en día, ya que el Poder Judicial local ha dicho en varias ocasiones que si «se mejora la técnica y se destruyen menos vidas (embriones) se valoraría anular la prohibición (en la ley)».
Ambos peritos hablaron sobre el número de embriones que se desechan en el proceso antes de la implantación en el útero, así como de los posibles riesgos para la salud de la madre y el futuro niño o niña, y la definición del término «concepción».
EXPECTACIÓN
La sala de audiencias de la CoIDH estaba poblada por unas 150 mujeres y parejas, jóvenes y adultas, experimentadas, enteras, dignas o conmocionadas, que tras años de haberse confrontado con su entorno, se encontraban allí para encontrar una respuesta.
Cuando Caruso dijo a los magistrados que las parejas infértiles «tuvieran paciencia» y les sugirió «tratamientos psicológicos» para la infertilidad, en la sala cundieron murmullos de indignación.
La segunda ronda de peritajes de ayer miércoles se centró en la jurisprudencia sobre el «derecho a la vida» en posible controversia con los derechos de autonomía, vida privada, familia, equidad y no discriminación.
La perita Paola Bergallo, asesora del Estado argentino en materia de salud reproductiva, expuso que tan sólo dos sentencias en América Latina sentaron jurisprudencia anteponiendo el derecho absoluto a la vida en detrimento de otros derechos, y fueron bajo los regímenes militares de Augusto Pinochet, en Chile, y Jorge Rafael Videla, en Argentina.
Bergallo aludió a convenciones internacionales como el Protocolo de San Salvador o Belém do Pará, las cuales protegen el derecho a decidir de las mujeres, e indicó que en las constituciones latinoamericanas no existen deberes de protección absoluta, y que los sistemas jurídicos protegen la vida de forma gradual.
Asimismo indicó que en los derechos sexuales y reproductivos, que se traducen en derechos civiles y políticos, se ha de tener en cuenta el impacto desproporcionado a la vida de las mujeres que pueda tener la imposición de otros derechos.
Otro perito del Estado costarricense, Marco Gerardo Monroy Cabra, afirmó que «el derecho a la vida es el más importante» y que «el status jurídico del embrión y del cigoto no está regulado en convenciones internacionales, y depende a cada país darle el reconocimiento de ser vivo o no».
Agregó que la Sala Cuarta de Costa Rica eligió «soberanamente» al decidir «que si se destruyen los embriones se destruye la vida».
El propio presidente del jurado, el magistrado Diego García, señaló no compartir la definición de «embrión como ser humano desde el punto de vista científico y jurídico», y defendió la jurisdicción de la CoIDH como un tribunal de Derechos Humanos.
Al finalizar la primera parte de la audiencia pública, Ileana Henchos Bolaños se mostró muy positiva. «Llevamos 12 años esperando este momento y tengo muchas esperanzas en la sentencia de la Corte Interamericana y de que la Caja costarricense (el seguro social) brinde atención médica a todas las parejas que lo necesiten, de manera pública y gratuita», confió.
Aunque aseguró «que no hay reparación posible» para ella, la revocación del fallo 2000-02306 «dejaría un panorama más justo y más claro» para las parejas infértiles que deseen tener hijos.
*Periodista colaboradora de Milenio Semanal, EsPosible y The Prisma.
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