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Inicia SME campaña internacional por respeto a sus derechos

Por Adriana Franco Rosales

La queja que interpuso el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el viernes pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, es la primera acción de una estrategia internacional que continuará el gremio para hacer valer sus Derechos Humanos (DH) y laborales.
 
Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del SME, informó hoy en conferencia de prensa que en los próximos meses acudirán al Parlamento Europeo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como a centrales sindicales y embajadas de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para ejercer presión y sentar un precedente a nivel mundial.
 
Esta estrategia, expresó el vocero, surge después de agotar todas las instancias jurídicas en el país, por lo que el SME recurrirá a instancias internacionales en busca de la justicia que le fue negada en México, tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) el 11 de octubre de 2009, que afectó a más de 44 mil trabajadores, 10 por ciento mujeres.
 
La petición colectiva que interpuso el SME ante la CIDH fue firmada por 13 mil 169 trabajadores y 5 mil 51 jubilados, quienes debían llenar un formato con datos personales y adjuntar identificaciones oficiales, ya que lo que resuelva la Comisión surtirá efecto de forma individual, explicó el abogado Jorge Carbajal Smith.
 
La queja fue recibida por personal de la CIDH, en presencia del secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza, quien recibió a la comitiva encabezada por el dirigente Martín Esparza e integrada por los secretarios del Exterior, y de Economía, Pablo Rodríguez, así como del tesorero, Fernando Muñoz, y el abogado Carbajal.
 
En la queja, el gremio electricista acusa a Felipe Calderón, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los secretarios de Gobernación, Trabajo, Energía, Economía y Hacienda de la pasada administración, así como a la Compañía Federal de Electricidad (CFE), por violar los DH y laborales de las y los trabajadores despedidos de LyFC.
 
A través de este recurso el SME solicita a la CIDH la reinstalación del empleo, el pago de los salarios que dejaron de percibir desde el momento del cese, el derecho a la jubilación para quienes reúnan los requisitos del contrato colectivo de trabajo, un pago por reparación de daños morales y por los costos de la defensa legal, entre otras medidas de reparación integral del daño.
 
Mientras el proceso ante la CIDH sigue su curso, el SME levantó un plantón frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir que los reciba el titular, Miguel Ángel Osorio Chong, y se comprometa a cumplir con los cuatro puntos que acordaron en la mesa de negociación, que se destrabó hace casi un mes.
 
Entre los puntos principales del acuerdo con la Segob está la jubilación de quienes alcanzaron ese requisito durante el lapso de resistencia, cuya cifra asciende a tres mil personas, la reinserción laboral del resto, y la liberación del electricista Ulises Uribe, preso desde hace dos años en el Reclusorio Oriente.
 
En tanto, las trabajadoras electricistas que se instalaron ayer en el plantón tienen altas expectativas de que lograrán justicia, tanto por la queja interpuesta ante la CIDH como por las movilizaciones ante la Segob.
 
Arali Vargas Martínez, con 17 años de antigüedad al momento de la extinción de LyFC, comentó que las trabajadoras en resistencia están completamente seguras de que la CIDH va a aceptar la queja porque cumplen con todos los recursos para formalizar la petición.
 
“Las mujeres del SME somos guerreras. No les tenemos miedo, aunque sea el gobierno, por eso fuimos a Derechos Humanos internacionales. Vamos a tener justicia allá, ya que aquí no se tiene”, aseguró Guillermina Salazar Ávila, quien trabajó por 20 años en LyFC.
 
Respecto al plantón, Rosa María Rodríguez, quien tenía ocho años de trabajo al momento de la extinción de la empresa, comentó que no se moverán hasta que se les respeten sus derechos laborales, “porque las autoridades siempre prometen que resolverán el conflicto, pero sólo mienten”.
 
“Nos quitaron nuestro derecho al trabajo; por eso levantamos la voz y si hay que hacer una revolución también le entramos. Los plantones son eso, es decirle al gobierno: ‘Tengo derecho y me respetas, me pusiste en la calle y en la calle me voy a quedar’”, expresó Guillermina Salazar.
 
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