La región de América Latina y el Caribe será escenario de importantes cambios en la esfera de los derechos humanos, en especial los derechos sexuales y reproductivos, que actualmente promueven las feministas organizadas de la región.
Con este propósito, el próximo 28 de septiembre comenzará la campaña por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe denominada «Luces y sombras 2008-2009» y a fin de manifestar la necesidad de la prevalencia de un Estado laico y la eliminación de todo tipo de discriminación en materia de derechos sexuales y reproductivos.
La campaña está integrada por mujeres organizadas de 21 países y por siete Redes Regionales y se llevará a cabo para exhortar a los líderes religiosos a cesar sus prácticas intimidatorias contra las y los funcionarios públicos, legisladores y jueces cuando, apelando a la obediencia religiosa, los insta a votar contra la vida y por la criminalización del aborto. Y pone como ejemplo el caso de Uruguay y Nicaragua, países donde cardenales, obispos católicos y líderes evangélicos continúan presionando y amenazando con excomulgar a la dirigencia política si legislan a favor de las mujeres pese a que ahí el Estado laico es un mandato constitucional.
Al abordar la violencia contra las mujeres, se indica que la erradicación de ésta incluye la relación violencia sexual y vih/sida y el acceso al aborto cuando el embarazo sea resultado de alguna de estas situaciones; también se manifiesta por el acceso a servicios de salud de calidad y por el aborto legal y seguro, como condición necesaria para reducir la mortalidad y morbilidad materna medidas que, subraya, se deben aplicar con base en políticas integrales no asistencialistas, enmarcadas en los derechos humanos.
La campaña, se dice, debe ser un medio para divulgar información sobre tecnologías seguras para realizar la interrupción del embarazo y, así, salvar la vida de las mujeres. Asimismo, la capacitación médica permanente sobre la atención del aborto debe incluir a enfermeras, parteras/matronas y demás personal de salud.
En este apartado la campaña se pronuncia por hacer valer el secreto profesional para no revelar la identidad de aquellas mujeres atendidas por complicaciones de la práctica de un aborto inseguro en servicios públicos y privados, y por una sociedad que no calle yno permita los abusos contra la libertad de elección de las mujeres.
También, por el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva integral, y por el uso de la más amplia variedad de métodos anticonceptivos seguros. En este sentido, subraya la idea de que se garantice a los y las adolescentes el libre ejercicio de la sexualidad, con base en una educación sexual, información y acceso a métodos contraceptivos.
En un análisis sobre los avances y retrocesos habidos en este ámbito en América Latina y el Caribe se subraya que estos últimos se deben a las presiones de grupos fundamentalistas religiosos y a la complacencia de la mayoría de gobiernos que se inclinan ante el liderazgo católico y evangélico, ignorando los mandatos constitucionales y los de la propia ciudadanía.
Por ejemplo, mientras en Honduras y República Dominicana se prohibió totalmente el aborto, en Argentina se aprobaron reformas para cambiar la legislación nacional e incorporar nuevas causales o plazos para permitir abortos no punibles. A la vez, se ha bloqueado, paralizado o desestimado esas u otras iniciativas, argumentado la defensa de la vida del no nacido, al que se otorga supremacía de derechos con relación a las mujeres.
El cambio de los Códigos Penales y de las Constituciones nacionales ha sido aprovechado por los sectores más reaccionarios para eliminar el aborto no punible, o para amenazar con cambiar la legislación por otra más restrictiva, como pasó en Nicaragua. O se pretende extender prohibiciones hacia la fertilización in vitro, la píldora anticonceptiva de emergencia, o se quiere «consagrar» la protección del derecho a la vida «desde la concepción hasta la muerte natural», como recién ocurrió en República Dominicana
También se apunta que miles de mujeres de la región han apoyado las campañas nacionales que continúan exigiendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la ampliación de plazos o de causales para la interrupción del embarazo y la no «judicialización» de los servicios médicos, que hacen interpretaciones restrictivas y ponen trabas no contempladas en la legislación.
La mayoría de países de la región firmaron la Declaración Ministerial de la Ciudad de México «Prevenir con Educación», mediante la que adquieren el compromiso de implementar políticas y programas de educación sexual. En tanto, legisladores de varios países centroamericanos –El Salvador, entre ellos– firmaron el libro «Sí a la vida», que pretende crear conciencia sobre la protección de la vida de los aun no nacidos, pese a ser una iniciativa de los grupos denominados pro-vida.
Sobre México, el documento emanado para promover la campaña señala que por amplia mayoría la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la legislación que permite la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal desde abril del 2007, lo que dejó sin efecto las demandas de los grupos denominados pro-vida. No obstante, en tiempos recientes, 16 estados del país han reformado sus constituciones locales para prohibir el aborto y criminalizar a las mujeres y médicos que decidan asumir esta práctica.
En lo que se refiere al ámbito internacional, se apunta que Amnistía Internacional se pronunció contra la persecución política de líderes feministas que denunciaron la eliminación del aborto terapéutico en Nicaragua y sobre la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia en Chile, lo «que afectaría la tasa de abortos clandestinos y el número de muertes por abortos».
Cabe recordar que en la región latinoamericana entre el 20 y el 30 por ciento de los embarazos y de las muertes maternas continúan ocurriendo en mujeres adolescentes, producto de las deficiencias de la educación sexual en las instituciones oficiales, de su falta de autonomía para evitar relaciones sexuales de riesgo, y de la violencia sexual, como sucede en Nicaragua, Bolivia y Venezuela.
09/LG
