El pasado 14 de abril del año en curso las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos presentaron ante el pleno del Senado mexicano el proyecto de decreto por el cual se pretende reformar el Artículo 12 de la Ley General de Población, «con el objeto de proteger la integridad física de los migrantes en zonas de alto riesgo.»
La iniciativa antes mencionada le concedería adicionalmente a la Secretaría de Gobernación (Segob) la facultad de determinar zonas fronterizas de «alto riesgo para la integridad física y la vida de las personas». Una vez determinadas, la Segob podría, con el auxilió de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Sistema Nacional de Protección Civil, del de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Migración, vigilar y cerrar de manera temporal o permanente el tránsito en dichas zonas.
Una medida similar fue aprobada por el Congreso estadounidense el 10 de mayo, iniciativa que, entre otras cosas, prohíbe la expedición de licencias para conducir a los y las migrantes indocumentados y establece la continuación del muro que ya existe en la frontera México-Estados Unidos, en la zona de Tijuana-San Diego.
Tal parece que los Congresistas de ambos países se hubieran puesto de acuerdo y hubieran decidido que cerrar la frontera es la solución a la dinámica migratoria entre estos países. Parece que han olvidado que a lo largo de los diez años de la existencia de la Operación Guardián más de 2 mil 500 migrantes han perdido la vida en la frontera y que cada vez que los controles fronterizos aumentan, los flujos no disminuyen sino se desvían a zonas inhóspitas y de mayores riesgos.
No es una coincidencia que ahora los flujos migratorios crucen por el desierto de Sonora, y tampoco lo es el que los polleros o coyotes cobren cuotas cada vez más altas a los migrantes. No es una casualidad, es una consecuencia de políticas migratorias enfocadas al control y a la detención de migrantes en las zonas fronterizas.
La migración es un fenómeno que tiene su propia inercia y fortaleza producto de más de un siglo de interacciones sociales entre México y Estados Unidos y que obedece, además, a imperativos económicos y sociales también en los dos países. Tratar de detenerlo con un dique sin tomar en cuenta su fluidez, es un intento muy costoso, sobre todo en términos de riesgos y vidas humanas.
Estos nuevos intentos, impulsados por los congresos de ambos países, pueden contribuir a orillar a los migrantes a buscar «corredores» aún más peligrosos, así como a recurrir a los traficantes de personas en su ineludible necesidad de cruzar la frontera para encontrar un futuro digno para ellos y sus familias. De esta manera, las iniciativas contribuirían a alimentar el mercado ilegal de traficantes de personas y de la delincuencia organizada, a la vez que colocaría a hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes migrantes en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo.
2005/KAM/GM
