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Iniciativa de Ley General debe ponderar castigo a tortura sexual

Por Anayeli García Martínez
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Grupos civiles llamaron al Congreso de la Unión a elaborar una Ley General contra la Tortura, que tenga perspectiva de género y garantice la efectiva y oportuna investigación de este delito, además de que ponga en el centro a las víctimas, muchas de ellas mujeres que afrontaron tortura sexual.
 
En rueda de prensa, activistas dijeron que la próxima ley debe establecer que ningún proceso penal use pruebas obtenidas bajo tortura, que los peritajes médicos y psicológicos para detectarla los realicen expertos independientes, y que no se pueden dejar de investigar alegando los derechos de otras víctimas.
 
Así coincidieron integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), entre otras organizaciones ciudadanas.
 
El pasado 10 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73 que faculta al Congreso a expedir leyes generales en diversas materias, entre ellas tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
 
Asimismo este miércoles 2 de septiembre, Enrique Peña Nieto se comprometió a impulsar una ley para combatir la tortura, por lo que las agrupaciones que acompañan a víctimas y sobrevivientes comenzarán las solicitudes ante el Legislativo federal, para participar en el proceso de elaboración de la nueva ley.
 
Al respecto, Claudia Medina Tamariz, sobreviviente de tortura sexual luego de que el 7 de agosto de 2012 fuera detenida, torturada sexual, física y psicológicamente, y acusada de narcotráfico, dijo que es necesaria una ley que ponga las cosas sobre la mesa porque para las víctimas “la justicia se vuelve inalcanzable”.
 
Es por ello que señaló que la inactiva debe garantizar investigaciones de calidad para acreditar la tortura, incluida la tortura sexual y prever que haya peritajes de especialistas independientes y no sólo los que hace la Procuraduría General de la República (PGR), que “no son independientes ni imparciales”.
 
A su vez, Silvano Cantú, integrante de Insyde, aseveró que esta legislación es la “prueba de ácido” del sistema de justicia mexicano, ya que hay muchos casos de víctimas pero no casos de responsables sancionados o por lo menos las agrupaciones no tienen documentados casos que hayan encontrado respuesta óptima.
 
Asimismo, explicó que este delito siempre queda “a la sombra” de otros más, como la ejecución o la desaparición forzada, por lo tanto dijo que en la nueva ley no se puede pedir que para acreditarlo haya un nivel de gravedad, de lo contrario habrá casos que no sean investigados por considerar que causaron menor daño.
 
Cantú también mencionó que tampoco se puede pedir que sólo se investiguen los casos en que la tortura se usó para obtener confesiones o declaraciones, ya que este delito se comete con cualquier finalidad, ya sea para generar “miedo o como castigo”.
 
El también abogado precisó que la norma no debe ser para hacer “más cómodo” el trabajo de los funcionarios, sino para investigar y castigar este crimen, que las víctimas accedan a la reparación del daño integral y no sólo una compensación económica, porque de ser así se entenderá como una póliza de seguro. 
 
Al respecto, Estephanie Erin Brewer, integrante del Área Internacional del Centro Prodh, dijo que en México es más fácil que la tortura sustituya la investigación de los delitos, y además mencionó que a nivel federal sólo hay cinco sentencias por este crimen, y a nivel estatal únicamente son ocho sentencias.
 
Cabe recordar que entre abril y mayo de 2014, Juan E. Méndez, relator de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, visitó México y tras una investigación aseveró que en el país la tortura es una práctica generalizada, a la vez que criticó la falta de investigación y sanción de los casos.
 
Ante ello y a propósito del octavo aniversario de la tortura sexual contra 26 mujeres cometida en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006, 11 de las sobrevivientes presentaron en mayo de 2014 la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual”, para evidenciar las particularidades de este delito cometido contra las mujeres.
 
En tanto, grupos civiles han señalado que la tortura sexual requiere mención especial, ya que de acuerdo con organismos internacionales, constituye una ofensa a la dignidad humana y es una manifestación de las “relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.
 
15/AGM/RMB

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