Periodistas chiapanecos entregaron hoy a los diputados del Congreso del Estado, una propuesta de iniciativa para legislar en materia de secreto profesional que protege la reserva de las fuentes de información en casos excepcionales, no sólo de los trabajadores de los medios de comunicación, sino de abogados, médicos, ministros de culto y hasta servidores públicos.
Una comisión de trabajadores de medios impresos electrónicos -reporteros, corresponsales, periodistas, editores y columnistas- llegaron hoy al recinto legislativo para nuevamente hacer entrega también de la propuesta para despenalizar los delitos contra el honor –difamación y calumnia- que hasta hoy se sancionan con 9 de prisión, informó la agencia Apro.
A la par que el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía propuso la semana pasada reducir de 9 a 5 años la sanción por los delitos contra el honor en el Código Penal y proponer su adición de secreto profesional al de Procedimiento Penales, hoy los periodistas entregaron ambos documentos al diputado priísta Hugo Mauricio Pérez Anzueto, presidente de la mesa directiva y al perredista Rafael Guillén Domínguez, presidente de la junta de coordinación política.
El primero de ellos fue la iniciativa de Ley para Despenalizar los Delitos contra el honor, que según los periodistas que encabezaron la comisión pretende ser acorde con los lineamientos internacionales de libertad de expresión para que la protección al honor solo quede enmarcado por la vía civil.
El segundo documento fue la propuesta de iniciativa para legislar sobre el secreto profesional no sólo de los periodistas sino de otros sectores a los cuales les asiste el derecho.
La semana pasada, Salazar presentó su propuesta de reforma al artículo 195 del Código Penal de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas al cual le fue agregado un párrafo que señala:
«Los integrantes de los medios de comunicación impresos o electrónicos, no serán obligados a declarar con el propósito de que revelen sus fuentes de información, sin embargo si tuvieren conocimiento de la comisión de algún hecho que se presuma delictivo, deberá dar aviso de ello a la autoridad competente».
Como una contrapropuesta a ello, la propuesta de los periodistas retoma el modelo que plantea la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación general número 07 de agosto del 2004.
A diferencia de la propuesta de Salazar que sólo les reconoce ese derecho a los periodistas la propuesta presentada hoy es mas amplia, precisa y detallada para no dar margen a la mala interpretación, dijeron los comunicadores.
La propuesta presentada como adición al artículo 195 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, refiere que no estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder los abogados, consultores técnicos y los notarios, respecto de los asuntos en los cuales hubieran intervenido y tengan información que deban reservarse para el ejercicio de su profesión.
Le garantiza también este derecho a los ministros de cualquier culto, con motivo de las confesiones que hubieran recibido en ejercicio del ministerio que presten; a los reporteros, periodistas, corresponsales y demás trabajadores de los medios electrónicos o impresos, respecto de los nombres o datos de identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado.
Esta propuesta también abarca a las personas o servidores públicos que desempeñen cualquier otro empleo, cargo, oficio o profesión, en virtud del cual la ley les reconozca el deber de guardar reserva o secreto profesional
Durante enero de 2002 a julio 2004 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó varios casos de violaciones al derecho al secreto profesional de los periodistas y comunicadores por parte de agentes del Ministerio Público, quienes les exigieron revelar la identidad de sus fuentes de información.
Con ese motivo y al haberse documentado otros actos indebidos de intimidación, la CNDH dio a conocer en agosto del 2004 una Recomendación General (Número 07), dirigida a autoridades federales, estatales y municipales, tendiente a hacer que se respete el derecho constitucional a la libertad de expresión de los periodistas y comunicadores.
Consideró que el envío de citatorios a periodistas, por parte del Ministerio Público, para que comparezcan en audiencias en las que se les solicita revelar el nombre de sus fuentes de información es una de las conductas que la CNDH ha seguido detectando y en las que indebidamente incurren esos servidores públicos.
Las autoridades que en el periodo 2002 a julio 2004 han sido señaladas con mayor frecuencia por violaciones a los derechos humanos de los periodistas son la Procuraduría General de la República; las procuradurías generales de Justicia de los estados y del Distrito Federal; los gobiernos estatales; los Ayuntamientos, 11; la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de la Defensa Nacional.
06/IM/LR
