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Insensible el gobierno para reducir flagelo de muerte materna

Por Rafael Maya

Prevenir las miles de muertes maternas que ocurren cada año en México por causas totalmente prevenibles, “no es un tema prioritario” para la Secretaría de Salud (SS), acusaron investigadores y defensoras de los derechos de las mujeres.

Durante la Conferencia Internacional sobre mortalidad materna y presupuesto público, celebrada este jueves en el Senado de la República, integrantes de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, criticaron la ineficacia del programa Arranque Parejo en la Vida (APV) de la SS, para reducir la tasa de muertes relacionadas con el embarazo, parto y puerperio.

La investigadora de Fundar Daniela Díaz criticó que mientras el combate de la mortalidad materna en México (flagelo que en 2003 dejó más de mil 400 víctimas), se establece como prioridad en el Plan Nacional de Salud 2000-2006, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el APV ni siquiera aparece en la asignación de recursos.

Eso significa que el tema de la muerte materna “no es prioritario” para el gobierno, apuntó la especialista. Explicó que al no especificarse los montos destinados para el APV, se hace imposible que la sociedad civil haga un seguimiento del gasto y que las autoridades rindan cuentas claras del ejercicio presupuestal.

Díaz recalcó que en la propuesta del PEF 2005 enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, el APV simplemente no aparece, por lo que se abre la posibilidad de que millones de mujeres en edad fértil no estén siendo atendidas por ese programa.

Enfatizó que esa “invisibilidad” en la asignación de recursos federales para el APV conlleva problemas mucho más graves como el no ejercicio presupuestal en la materia, lo que “hace la diferencia entre la vida y la muerte para las mujeres”.

El investigador David Meléndez presentó los resultados de un estudio sobre el impacto del APV en el estado de Guerrero, y destacó que ese programa ha incumplido con su meta de reducir la muerte materna en 35 por ciento en relación con la tasa nacional observada en el 2000.

En Guerrero, durante 2002 la tasa de mortalidad materna superó en 42 por ciento la media nacional. En esa entidad fallecieron 9 mujeres por cada 10 mil nacidos vivos, de acuerdo con un estudio de Fundar.

En 2002 a nivel nacional, por cada 10 mil nacidos vivos fallecieron 6.3 mujeres, esto es mil 291 muertes maternas ocurridas durante ese año. La SS planteó como meta reducir en 2006 la tasa de mortalidad en 5.1 por cada 10 mil nacidos vivos.

Meléndez observó que en Guerrero -uno de los estados más pobres del país- se carece de atención obstétrica de emergencia. Subrayó que de “nada sirve” tener equipos ultramodernos y abrir más clínicas si no se optimizan los recursos humanos e insumos, y se mejora el servicio médico.

Lamentó que el gobierno estatal no invierta para abatir la muerte materna, y que los más de 41 millones de pesos que destinó la Federación al APV en 2004, no aparezcan en la cuenta pública y se desconozca si se gastaron o no.

La directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la SS, Patricia Uribe, rechazó que el APV haya desaparecido del PEF 2005 o que se le haya reducido su presupuesto.

Sin embargo, reconoció que los montos para combatir la muerte materna, así como de otros programas de salud femenina, no están desglosados ya que aparecen en los recursos globales del Seguro Popular.

En el foro también participaron otras activistas de la sociedad civil, y senadoras de la Comisión de Equidad y Género como Aracely Escalante, Leticia Burgos y Dulce María Sauri.

2004/RM/LR

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