Insisten en que Corte se pronuncie sobre penalización del aborto

La restitución del aborto terapéutico, presupuesto para prevenir la violencia, servicios de salud de calidad, verdadera participación ciudadana, educación sexual en los colegios, acceso a la justicia, crédito para las mujeres del campo y empleo digno, fueron algunas de las demandas que exigió el movimiento amplio de mujeres de Nicaragua al conmemorar el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.
 
Activistas entregaron un documento a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en demanda de que se pronuncie sobre los recursos por inconstitucionalidad presentados hace siete años, en contra de la penalización del aborto terapéutico.
 
El abogado Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) e integrante del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT), dijo que no se cansarán en reclamar este derecho: “En cada oportunidad y en cualquier espacio se lo vamos a reclamar al Estado y especialmente a la Corte para que se pronuncien”.
 
El secretario de la CSJ, Rubén Montenegro, al recibir el documento del GEDAT justificó que los magistrados se están dando su tiempo por tratarse de un tema muy delicado.
 
Elia Palacios, del GEDAT, dijo que desde 2007 introdujeron un recurso ante el Poder Judicial, luego insistieron con otro en 2008 sin tener respuesta, pero van a continuar demandando una resolución. Al igual que el GEDAT, decenas de mujeres presentaron también sus recursos pero siguen esperando respuesta.
 
“Hay mujeres que han muerto por falta de practicarse un aborto terapéutico”, dijo Palacios, pero lamentablemente no existen datos estadísticos porque el Estado los esconde. “Lo que no le conviene lo maquilla o lo invisibiliza”, insistió la activista de Derechos Humanos.
 
Lamentablemente el Estado oculta la información sobre las muertes maternas o no las registran como tales, coincidió Ana Quiroz, del Centro de Información en Servicios de Salud (Cisas).
 
No hay seguimiento a los casos de las muertes maternas sobre las causas y las consecuencias, falta un modelo basado en la prevención, además de que el gasto real en salud pública se ha disminuido en los últimos años, expresó Quiroz.
 
Recientemente estuvo en Nicaragua la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien elogió el modelo de salud comunitaria que aplica el gobierno y consideró que ha dado buenos resultados en materia de salud para las mujeres.
 
La apreciación de la OPS es sesgada, ya que sólo se entrevistó con funcionarios del Estado; en realidad ese modelo comunitario no existe realmente y la participación de las mujeres está limitada al partido político del gobierno, comentó Quiroz.
 
Este 8 de marzo las mujeres demandaron una verdadera participación ciudadana en todos los ámbitos, porque si bien se ha avanzado en el marco jurídico, en la práctica hace falta, señaló.
 
En esta misma línea se pronunció Virginia Meneses, de Cladem-Nicaragua: “Es lamentable que la OPS sólo viera una cara de la moneda, pero también es comprensible porque es un organismo regional ligado a los Estados”.
 
Meneses dijo que el 8 de marzo las mujeres organizadas demandaron un diálogo con el gobierno, y que les brinde la información oficial cuando la requieran.
 
Este año la CSJ abrió el Observatorio de Violencia, el cual está incluido como una de las acciones de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres (Ley 779).
 
También funcionarios del Estado anunciaron la creación de las Comisarías de la Mujer en los municipios donde no existen, y la Policía Nacional (PN) se ha encargado también de divulgar la Ley 779.
 
Sin embargo, la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) denunció que según el análisis de la información de la PN y el Instituto de Medicina Legal, entre 2006 y 2012 se registraron 34 mil 127 denuncias de todo tipo de violencia contra las mujeres, pero sólo hubo 9 mil detenidos. CDD cuestionó qué pasó con la justicia para las 25 mil 174 víctimas restantes.
 
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