Desde hace 25 años, América Latina vive el proceso de democratización más largo, profundo y extenso de su historia. Independientemente de los diversos grados de desarrollo y calidad que la democracia ha alcanzado, la región es protagonista del avance más importante que las libertades ciudadanas han tenido en toda su historia.
El derecho al voto universal y a elecciones libres, regulares y competitivas es hoy un ejercicio que puede estar empañado de las amenazas a las instituciones, si bien, nunca antes hubo tantos regímenes democráticos electos ni tantas transiciones democráticas sucesivas de gobiernos, este es un activo que debemos tener presente para valorar de manera positiva los derechos políticos.
Los avances logrados en materia de democratización no han sido homogéneos, encuentran por tanto desafíos en materia económica como en la social, donde cuya persistencia vuelve precaria la vida democrática y amenaza la estabilidad y la gobernabilidad.
Algunos datos desalentadores sobre la precariedad de la vida democrática en la región latinoamericana, son que mientras el 56% de la población apoya a la democracia, apenas un 27% se siente satisfecho con la manera como ésta funciona. Representando una creciente falta de credibilidad frente a los partidos políticos, la actividad política y el funcionamiento del sistema democrático.
La insatisfacción se puede explicar por varios factores, entre algunos están los insuficientes resultados económicos y sociales de los regímenes democráticos; la crisis y el desprestigio del Estado mismo; la falta de una sólida cultura democrática; el efecto de los casos de corrupción de políticos; las dificultades en la relación entre los partidos políticos y el resto de la sociedad civil; la subordinación de la política a los poderes fácticos nacionales e internacionales; el incremento de la violencia tanto política como no política, todo esto en medio de una globalización de los mercados y comunicaciones.
El primer factor es el desencanto producido por el incremento de la desigualdad y la pobreza. Se ha hablado mucho de la coexistencia de la democracia con la pobreza y la desigualdad que no resulta sostenible en el largo plazo. La tensión existente entre la economía global y las necesidades y demandas sociales de inclusión y equidad amenaza con desbordar los marcos institucionales y hace peligrar la gobernabilidad democrática en varios países, y esto está precisamente sucediendo en el nuestro.
Debemos recordar que la erosión de la legitimidad de la política y de los partidos políticos se corresponde con una paralela erosión de la legitimidad del Estado. La actual crisis de representatividad es, en parte un subproducto del debilitamiento del Estado.
En América Latina en las últimas décadas ha ocurrido todo lo contrario. La imperiosa necesidad de racionalizar y modernizar el Estado ha venido acompañada de una presión de replegar la responsabilidad del Estado, teniendo efectos que pueden ser tan nocivos como el viejo esquema del estado benefactor.
El papel de los medios de comunicación que ponderan los aspectos más superficiales y menos relevantes de la vida democrática, que convierte a la política en espectáculo y provoca que muchos medios se apropien de las funciones propias de los partidos políticos al no seguir éstos sus propósitos originales para apoyar la cultura democrática.
Además la aparición de escándalos sin precedentes sobre corrupción, vulnera la ética pública, afecta la economía y genera una imagen según la cual, los políticos solamente se preocupan de sus intereses personales y contribuyen a erosionar el Estado de Derecho.
En toda América Latina, la opinión pública piensa mayoritariamente que no hay democracia sin partidos pero también ha expresado que el funcionamiento actual de la democracia y de los partidos genera enorme insatisfacción. Debemos persistir en que se construyan y fortalezcan instituciones estables, enraizadas en la sociedad y dotadas de amplia legalidad.
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* Legisladora mexicana.
06/LS/LR
