Gobiernos, abogados, médicos, enfermeras, parteras, agentes del ministerio público, jueces, usos y costumbres, padres, hermanos y esposos… todos ejercen violencia de manera cotidiana contra las mujeres, la cual alcanza sus máximas expresiones en los asesinatos institucionales y personales.
Mujeres indígenas y rurales de diversas comunidades del estado coincidieron en que la violencia se ejerce todos los días; la mayoría de las veces no se denuncia porque no hay instancias que las atiendan en sus comunidades, y gran parte de los casos se quedan sin castigo para los victimarios.
Las historias de Juana, Adelina y Remedios, quienes fallecieron por causas relacionadas con la violencia en procesos de gestación, removieron otras historias ocultas en sus comunidades.
Investigadoras del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales en Antropología Social del Istmo (CIESAS), encabezadas por Paola Sesia, relataron algunos de los resultados de una investigación que realizan en comunidades indígenas oaxaqueñas, la cual muestra, además, el alto subregistro de muerte materna en esas comunidades.
Juana tenía 34 años de edad y 20 de vivir con su esposo alcohólico; a pesar de sus frecuentes embarazos -10 en total- él la golpeaba con frecuencia y le impidió que acudiera a la clínica para ser atendida, lo que provocó que falleciera 15 días después del parto.
Adelina, originaria de una comunidad de la región mazateca, tenía solo 14 años cuando se casó con un hombre que le doblaba la edad y que la maltrataba. Al igual que en el caso de Juana, su esposo se negó a que la llevarán a la clínica, ya que la enfermera le había llamado la atención porque «no atendía a la niña».
Adriana murió luego de su primer parto. A ella no sólo la golpeó el marido; también el partero, porque «no hacía lo que le decía». Hasta ahora, explicaron las investigadoras, ni uno ni otro han recibido castigo.
Remedios, de 34 años de edad y con 19 de casada, tuvo nueve hijas e hijos. El marido es un hombre violento, ahora en prisión porque violó a su propia hija después de la muerte de Remedios. A ella, como a las demás mujeres, el marido le negó la atención en una clínica, porque decía que un embarazo es «normal y no requiere atención médica».
Este, dice Sesia, es de los pocos casos donde no hubo impunidad y el autor de la violencia en su hogar fue detenido; existen casos como el Nina, de 17 años, quien murió de un aborto incompleto. Esta niña fue violada y no hubo denuncia.
En Lalana, en la Chinantla oaxaqueña, otra mujer fue asesinada por su esposo a golpes; sin embargo aunque el acta de defunción asienta que fue un homicidio, «hubo un arreglo interno» entre autoridades para que no fuera castigado el asesino, quien goza todavía de impunidad.
En la mesa redonda organizada por el Colectivo Huaxyacac y patrocinada por la organización alemana Evangelischer Entwicklungsdienst, dentro de la Campaña Por una vida digna, libre de Violencia hacia las mujeres, Sesia puso sobre la mesa de discusión la violencia que ejercen los representantes de las instituciones de salud, justicia y educación, quienes siguen pensando que las mujeres son objetos y no sujetas de derecho.
Estela Velez Manuel, de la organización Centro para los Derechos de la Mujer Naaxwiin, dijo que las instituciones violentan de manera sistemática a las mujeres.
Explicó las multiplicidad de sinrazones que dan las autoridades para justificar la violencia contra las mujeres; como los agentes del MP, que incluso solicitan el perdón de la mujer golpeada para el marido y las tratan de convencer para que no pongan demandas. Vélez denunció que «muchos abogados y jueces reciben dinero de los abusadores para no ser detenidos».
Cuando se denuncia una violación, los trabajadores de las dependencias de justicia cuestionan a las víctimas y las acusan de provocar a sus agresores; además, son pocos los casos que se castigan, porque no se busca a esos delincuentes.
Toda esta violencia de género contra las mujeres indígenas es cobijada por instituciones de gobierno; la enseñan muchos hombres y muchos funcionarios, y también se aprende en la televisión, dijo Gutiérrez Luis.
Roselia Gutiérrez Luis, mujer huave de San Mateo del Mar, recordó la vieja leyenda de la Virgen de Piedra, una mujer bondadosa que se escondió al otro lado del mar cuando los españoles llegaron a su comunidad.
Hoy, dijo, «sabemos que esa mujer no se escondió: está dentro de nosotras mismas; por eso es tiempo de sacarla para defendernos. Lo que tenemos que hacer es despertarla».
Mercedes Olivera, de San Cristóbal de Las Casas, sostuvo que la violencia contra las mujeres no la van a cambiar los hombres ni las instituciones, y menos aun el Estado, por lo que convocó a participar de manera organizada en las tareas que cambien la realidad de las mujeres mexicanas y del resto del mundo.
Se trata, advirtió, «de un proceso lento que se tiene que dar en muchas direcciones, no sólo contra nuestros enemigos o contra quienes se dicen nuestros amigos y actúan como si fueran nuestros enemigos pero, sobre todo, contra nosotras mismas.
Advirtió que los gobiernos capitalistas han expropiado los vientres de las mujeres para crear a los esclavos del siglo XX, por lo que llamó a luchar contra todos los sistemas de comercio libre que plantean los países poderosos.
El taller concluyó con una declaración cuyo documento contiene una serie de propuestas que serán planteadas a los gobiernos federal, estatal y municipal para mejorar las condiciones de vida las mujeres.
