Es claro que durante los últimos cinco años se han realizado una serie de acciones en el marco de la violencia contra las mujeres en México; sin embargo, esas medidas siguen siendo insuficientes porque no todas las instituciones del gobierno federal, estatales y municipales han asumido compromisos concretos para atender, prevenir y erradicar este fenómeno, afirmó Mónica Jasis Silberg, del Centro de Mujeres.
En su ponencia La Violencia contra las Mujeres en México, dijo que las acciones que se han llevado a cabo no tienen un eje de coordinación eficaz intergubernamental donde cada una de las dependencias del gobierno tenga que cumplir metas a corto, mediano y largo plazo que permitan el monitoreo y la evaluación.
Además, agregó, no existen mecanismos claros de rendición de cuentas por parte de las instituciones respecto a las iniciativas desarrollada en el combate de la violencia hacia la población femenina, pues se carece de informes sobre programas y acciones, tanto por el gobierno federal como por los estatales, y en el caso de los gobiernos municipales la falta de rendición de cuentas es más patente.
En el marco del Congreso Internacional Camino a la Igualdad de Género: Propuestas, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dijo que el principal desafió de México en el combate a la violencia contra las mujeres es asumir que el problema es de carácter estructural. Este fenómeno está directamente relacionado con la inequidad de género, impidiendo la ciudadanía plena y efectiva e inhibiendo el desarrollo del país.
En el segundo y último día de trabajos realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jasis Silberg destacó que las medidas gubernamentales han sido poco eficaces. No todas las instancias gubernamentales han asumido compromisos concretos; las acciones no tienen un eje de coordinación intergubernamental; no hay mecanismos claros de rendición de cuenta a la sociedad; además hay inversión de recursos limitados, tardíos y fragmentados, así como marcos legales dispares e insuficientes.
Al abordar el tema del feminicidio, destacó que las acciones han sido poco efectivas para erradicar este fenómeno y detener la violencia que tiene lugar en todo el país.
Entre sus propuestas para hacer frente al desafío de la violencia sugirió la creación -con fondos públicos- del Observatorio Nacional de Violencia hacia las Mujeres, una base de datos estandarizada por ciudades, municipios, estados y a nivel nacional con indicadores de género que permita observar a lo largo del tiempo los comportamientos relacionados a las diferentes expresiones de violencia contra las mujeres, incluido el feminicidio.
Esta base de datos tendría que ser necesariamente del dominio público y como lo demuestran otros observatorios a nivel mundial, servirá para realizar monitoreos donde se evidencien los aciertos, las carencias y las disparidades de las políticas públicas y, por consiguiente, poder proponer alternativas de ejecución tanto en el ámbito social como de justicia y económico.
Finalmente, destacó la necesidad de emprender acciones de trabajo efectivo con los medios de comunicación y en el ámbito educativo para eliminar los estereotipos de género, así como implementar sanciones con los medios impresos, electrónicos o de cualquier tipo que promuevan la violencia hacia las mujeres.
2005/LM/GM
