Organizaciones civiles de Ciudad Juárez, defensoras de derechos humanos, del Observatorio del Feminicidio y académicas hicieron un llamado al panista Felipe Calderón a que en este mes de lucha contra la violencia hacia las mujeres concrete lo que en discurso ha promovido: presupuesto para la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y mecanismos eficaces de procuración de justicia para éstas.
En conferencia de prensa convocada por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, las activistas señalaron también que insistirán en que la Comisión Especial para Juárez, que hasta hace un año dependía de la Secretaría de Gobernación (Segob), no sea trasladada al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Para ello, a mediados de octubre diversos organismos de la sociedad civil y académicas solicitaron una reunión con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Miguel Alessio Robles, para plantear por qué no debe trasladarse la Comisión para Juárez al Inmujeres.
La reunión, «confirmada» para la tarde de ayer, fue cancelada sin previo aviso y las ONG no fueron recibidas por el funcionario, lo que significa, expresaron, la violencia institucional y falta de voluntad para seguir atendiendo el fenómeno del feminicidio.
«Este hecho es un signo más de la política de Estado del actual régimen en la que se pretende invisibilizar y desaparecer en los hechos todos los mecanismos de verificación, seguimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres en el tema del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua y a nivel general», señaló Imelda Marrufo, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
Las organizaciones, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la Academia Mexicana de Derechos Humanos; la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, entre otras, advirtieron una clara intención del Ejecutivo federal de desmantelar las instancias que han llevado el caso y con ello, dar «carpetazo al tema del feminicidio».
LOS ARGUMENTOS
María de la Luz Estrada, del Observatorio del Feminicidio, señaló que el Inmujeres carece de una figura jurídica que permita dar seguimiento a los casos de feminicidio y cuestionó cómo se haría cargo de éstos cuando «carece» de información sobre el tema.
Ejemplo de ello, refirió, es que a través de una solicitud del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se solicitó al Inmujeres ofreciera su información disponible sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en respuesta éste remitió la solicitud a la Comisión para Juárez y a la Fiscalía de la PGR (Fevim).
Pero existen atribuciones que no corresponden al objeto del Inmujeres por lo que no las podría asumir legalmente, como promover ante las instancias correspondientes la observancia de los principios del derecho internacional de derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano derivadas de convenios, acuerdos y tratados internacionales que ha signado.
Asimismo, la investigación y sanción a los responsables, reparación del daño y la adopción de medidas para evitar la repetición de los hechos es otra atribución que el Inmujeres no podría ejercer.
«Coordinar y generar acciones y políticas y públicas de prevención, apoyo y dignificación de las mujeres víctimas de violencia, impulsar la promoción y defensa de sus derechos humanos, así como la procuración de justicia, es tarea que le compete a la actual administración del gobierno federal y no a otras instancias», argumentaron.
Finalmente, las activistas advirtieron que Ciudad Juárez y el tema del feminicidio no es un tema cerrado y continuarán «poniendo el dedo en el renglón» de que este tema debe ser un punto prioritario en la agenda del Estado.
07/LGL/GG
