Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) están de visita en México y durante la primer audiencia que se llevó a cabo el día de ayer fueron informados por organizaciones de la sociedad civil (OSC) sobre violación de los derechos humanos que existe en el país, como la tortura, los delitos del pasado, la desaparición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y la violación de derechos humanos en Oaxaca.
Temas que, de acuerdo con Florentín Meléndez, relator para México de la CIDH, no le son ajenos a la comisión, ya que se han discutido en las distintas audiencias en Washington, durante los últimos 3 periodos de sesiones.
Meléndez, quien viene acompañado del secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, y de la especialista en derechos humanos del organismo, Daniela Salazar, tendrá una serie de reuniones de trabajo con diversas organizaciones civiles las cuales culminarán el próximo viernes.
Y durante esa primera reunión las organizaciones convocantes entregaron a Meléndez el «Informe sobre la situación de los derechos humanos en México», el cual detalla, además de los temas anteriormente mencionados, la situación de las mujeres, la situación de las personas migrantes y refugiados, los pueblos indígenas y el derecho a la libertad de pensamiento y expresión en nuestro país, entre otros.
El informe fue realizado por 150 organizaciones y cuenta además con varios anexos.
En la reunión de trabajo, Juan Antonio Vega, investigador y defensor de los derechos humanos, dijo a Meléndez que a más 100 días del gobierno de Felipe Calderón existe una controversia en su administración sobre si continuar o no con los distintos compromisos adquiridos por el Estado mexicano sobre derechos humanos, ya que el sexenio pasado se signó un acuerdo de cooperación y en este periodo eso no ha sucedido.
Dijo que se han dado intentos para disminuir el perfil de la política sobre derechos humanos y que no se ha establecido ningún acuerdo de cooperación técnica con el alto comisionado de Naciones Unidas como se hizo en el pasado.
Durante la reunión de trabajo, las organizaciones manifestaron también su preocupación por la desaparición de la Femospp, pues dijeron, el 30 de noviembre del año pasado, ultimo día de la administración de Vicente Fox, el entonces procurador general de la República, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, firmó un acuerdo en el cual «de manera muy escueta» se expresaba que la Fiscalía ya había cumplido con sus objetivos y por tanto desaparecía por lo que ahora será la Dirección de Investigación de Delitos Federales, instancia dentro de la PGR, la que tendrá a su cargo la investigación
«La preocupación es lo que pasa con cada una de las investigaciones y el incumplimiento por parte del gobierno del estado y del Estado mexicano, y que hasta la fecha no hay un pronunciamiento expreso respecto de este punto y de las acciones que va a emprender para que haya un trabajo eficaz en términos de investigar, de castigar a los responsables y determinar la reparación», manifestó Edgar Cortés, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos.
EXCESIVO PODER DE MP
Por su parte, Mario Solórzano, director del área jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos AC, subrayó sentirse inquieto por la iniciativa para reformar el sistema de justicia penal, presentada por la PGR a la Cámara de Diputados a principios de marzo de este año y que otorga la discrecionalidad a los policías del Ministerio Público para la persecución de delitos, en particular de diligencias como cateos y detenciones sin que haya necesidad de pasar por la orden de un juez.
Esta iniciativa, dijo, es de corte autoritario y fascista. Por ello pidió que la CIDH cuestione a la PGR sobre cuáles fueron los estudios sobre los que se basaron para otorgar este excesivo poder a la policía y a los MP, dándole facultades que se entienden como exclusivas del juez. Además de preguntarle cuáles serán los esquemas de rendición de cuentas y transparencia que acompañan estas iniciativas.
OAXACA
Sobre el caso Oaxaca, el informe presentado por las organizaciones señala que el 14 de junio de 2006, once personas fueron detenidas, violando su derecho a la libertad y seguridad personal, enfrentando así, tratos inhumanos y crueles, privación ilegal de la libertad y violaciones al debido proceso legal.
Además señala que en agosto se realizaron ocho detenciones. En todos los casos, subraya el informe, se realizaron por elementos de la policía vestidos de civiles y en vehículos no oficiales. Los detenidos fueron entregados a la PGR Oaxaca, en donde se les fincaron «delitos fabricados de portación de armas».
Por lo que se pide en el informe cumplir con el compromiso de visitar Oaxaca, contraída por diversas organizaciones durante la 126 audiencia ordinaria de la CIDH; señalar la falta de cumplimiento del gobierno mexicano hacia la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que emita las recomendaciones necesarias sobre el caso Oaxaca.
ARGUMENTO CONJUNTO
Sobre la reunión de trabajo que sostuvieron las organizaciones civiles con el relator de la CIDH, Eréndira Cruz Villegas, de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social AC, dijo en entrevista telefónica a Cimacnoticias que uno de los logros de esta visita de «primer acercamiento» fue haber presentado el informe, realizado por 16 redes y más de 150 organizaciones de todo el país.
«Es un informe inédito y único en su tipo porque es la primera vez que hacemos un argumento conjunto y de tal dimensión. Ellos (los integrantes de la CIDH) lo valoraron y apreciaron mucho», dijo.
Otro logro, comentó a esta agencia, fue que, Florentín Meléndez se comprometió en su carácter de relator para presos y privados de su liberta a visitar el estado de Oaxaca del 11 al 19 de mayo para conocer la situación carcelaria que se viene a esa localidad.
También, dijo, conseguimos que la CIDH tuviera una visión diferente al gobierno mexicano, toda vez que ellos por procedimiento tienen que pedir informacion al gobierno mexicano por lo que tenían sólo los datos que éste les proporcionó sobre la situación de derechos humanos en México.
Cruz Villegas consideró, además muy importante señalarles la gravedad de la iniciativa de ley que se está promoviendo para reformar de sistema de justicia penal, que «tiene que ver con la homologación de criterios para todos los proceso de sanción penal y sobre todo con la detención por parte de policías sin la debida orden de aprehensión».
Lo anterior, dijo, porque la lógica de combate al narcotráfico, que es un hecho que involuciona totalmente al sistema de procuración e impartición de justicia y sobre todo el debido proceso, es un foco rojo sobre el que hemos estado insistiendo a los miembros de la CIDH para que cuestionen al gobierno federal y en particular a la Secretaría de Gobernación, concluyó.
Entre las organizaciones reunidas ayer se encuentran el Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos, la Red todos los derechos para todos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), la Red Solidaria Década contra la Impunidad, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y Limeddh Oaxaca.
07/HVR/GG
