En el más absoluto silencio legisladores costarricenses de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso de Costa Rica dieron trámite a un convenio internacional que pretende extender una patente a las semillas producidas en laboratorios de investigación, en medio de las primeras alertas de algunos grupos ecologistas, investigadores y representantes de pequeños y medianos agricultores que denuncian intentos por privatizar las especies vegetales.
El sugestivo nombre del convenio, como dicen los grupos opositores por considerar que no revela en nada el verdadero propósito de fondo, tiene como objetivo proteger la obtención de vegetales de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones vegetales (UPOV), entidad suscrita a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), informa el Servicio Especial de la Mujer (SEM).
La propuesta busca otorgar el derecho de propiedad intelectual a las nuevas variedades vegetales con el fin de establecer un instrumento jurídico internacional que registre a todos los investigadores o empresas de nuevas variedades de alimentos o especies maderables.
Además, se protegen los derechos de los investigadores por medio de una patente para garantizar que cualquier persona o compañía interesada en una variedad tenga que contar con la autorización debida y pagar una licencia por el uso de las semillas tratadas.
Para representantes de la UPOV, que surgió en 1961 y tiene sus oficinas en Ginebra, Suiza, es importante y necesario patentar las especies vegetales. Sus impulsores, en su mayoría países europeos, insisten en que patentar las semillas fomentará la investigación y motivará el desarrollo y la inversión en nuevas tecnologías.
Sin embargo, ésa no es la opinión de organizaciones de agricultores costarricenses como la Unión de Productores Nacionales (Upanacional), la más grande del país, ni de los académicos de la estatal Universidad Nacional (UNA), la segunda institución universitaria en importancia de este país centroamericano; lo mismo que grupos ecologistas como la Federación Conservacionista (Fecon).
El diputado del derechista Partido Movimiento Libertario, Federico Malavassi, desmintió que tengan presiones de los Estados Unidos para aprobar el convenio; al tiempo que negó los rumores en torno a que el instrumento sea una condición para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
«Nada tiene que ver. Eso no es cierto, ahora los campesinos tienen que pagar por las semillas y lo deberán hacer. Patentar las especies vegetales es cumplir con el derecho de respetar la propiedad intelectual. Es una forma de reconocer y ayudar a la investigación para lograr el mejoramiento de las especies. Al final el principal beneficiado es el agricultor ya que obtiene mayor rendimiento en sus cosechas», comentó el parlamentario.
Pero el representante de la organización campesina Upanacional, Guido Vargas, considera que este convenio internacional sólo significa la muerte para el pequeño y mediano productor.
Igual criterio expresó el agricultor y diputado del nuevo Partido Acción Ciudadana (PAC), Gerardo Vargas, quien recalcó que el convenio constituye la muerte de los productores luego del Tratado de Libre Comercio con Canadá.
«En nuestros sistemas capitalistas de mercado la única materia prima gratuita es la biodiversidad. Paradójicamente, Costa Rica es sólo un país donador y el rico será el norte, con nuestros recursos genéticos», sentenció.
El ministro de Agricultura, Rogelio Coto, reconoció que patentizar las variedades vegetales constituye un negocio muy lucrativo, pero desmintió las presiones de las empresas transnacionales para que se les apliquen a Costa Rica, como una condición para el Tratado de Libre Comercio con Los Estados Unidos.
Para la investigadora Silvia Rodríguez, de la Red Nacional de Coordinación en Biodiversidad, es importante llevar este tema a toda la opinión pública y no dejarlo en el plenario legislativo, como se ha pretendido hacer.
«Cómo se va a poner en riesgo la seguridad alimentaría de un país. En otras naciones del mundo se ha rechazado este convenio internacional ya que el alimento sólo estaría en manos de empresas muy poderosas», comentó la experta.
El diputado Juan José Vargas, miembro de la Comisión Legislativa, indicó a SEM que en un plazo de 15 días estará redactado un nuevo texto del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales.
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