El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Casa Alianza expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las principales preocupaciones en torno a las irregularidades que persisten en los trámites de adopción de niñas y niños en Guatemala.
Las organizaciones señalaron que lejos de mejorar la situación empeora año con año. En el 2006, 4 mil 837 niñas y niños guatemaltecos fueron dados en adopción a familias extranjeras y las estadísticas del 2007, hasta el mes de agosto, indican 2 mil 271 adopciones, por lo que se presume un aumento en las cifras. Actualmente, se estima que se autorizan 18 adopciones diariamente.
Guatemala es el país donde más menores de edad son dados en adopción con relación a su población. La figura de la adopción se ha convertido en un negocio lucrativo ya que cada adopción representa un costo entre 20 y 30 mil dólares.
Este negocio ha propiciado que en el primer semestre de este año se haya dado el robo de 230 niñas y niños, además de secuestros a mano armada de bebés, sustracción de niños a madres solteras y de escasos recursos, amenazas y coacciones, todo con el fin de obtener bebés para ser dados en adopción.
Las organizaciones señalaron que el 97.3 por ciento de las adopciones se hacen a través de notarios quienes actúan sin ninguna supervisión. Por lo que hicieron énfasis en la necesidad de que los procesos de adopción sean puestos ante el conocimiento de un juez o jueza para que estos garanticen el respeto a los derechos fundamentales de los niñas y niños.
Por otro lado, presentaron una solicitud de medidas cautelares para 11 casos de adopciones que se encuentran en trámite en sede notarial, con el fin de que se suspenda su trámite hasta que se garantice el debido proceso y el respeto de los derechos humanos.
El Estado, ante la CIDH, reconoció que la situación es dramática y se comprometió a aprobar la Ley de Adopciones este año y a aplicarla inmediatamente.
La Comisión Interamericana cuestionó al Estado porqué esta legislación había sido demorada por más de 18 años, si reconocía la complejidad y gravedad del problema.
Tanto Casa Alianza como Cetil criticaron que a pesar del reconocimiento estatal del problema esto no se ha traducido en un abordaje integral de la problemática y esperan que la aprobación de la nueva ley se de conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y le solicitaron a la Comisión que supervisara el proceso legislativo.
07/ML/CV
