El Gobierno del estado de Jalisco, a través de terceras personas, ha pedido a la señora María Araceli Arellano Enciso desistirse, incluso en la televisión, de la denuncia que hizo en contra de Martín Aguirre Aguirre, organizador de fiestas sexuales en las que presuntamente participaba el procurador del estado Tomás Coronado Olmos, como presunto violador de su hija.
Con esto, el Gobierno jaliscience ha violado las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la señora Arellano y sus dos hijas, que consisten en la custodia de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Estas medidas cautelares están en vigor desde el 14 de febrero pasado, por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), informaron Arellano y sus abogados del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
Dicha violación a las medidas cautelares ha ocurrido durante el último mes, documentó el Cepad. La primera quincena de marzo, detalla, Arellano Enciso se vio fuertemente presionada por algunos familiares, influidos por terceras personas, para que abandonara el proceso jurídico que inició en la Fevimtra desde diciembre de 2007.
Uno de sus familiares, ante el temor por la vida e integridad de la señora Araceli y debido a la presión que estarían ejerciendo enviados del Gobierno local, le insistió en que se reuniera con funcionarios del gobierno estatal, quienes le «podrían ayudar a resolver su caso», pero la señora se negó en repetidas ocasiones.
Sin embargo, el 13 de marzo, logró que la denunciante se reuniera con María Antonia Durán López, directora general de Administración y Desarrollo de la Secretaría de Administración del Gobierno del estado, quien la visitó en nombre del Gobernador, Emilio González Márquez para persuadirla de retirar la denuncia en contra del Procurador, detalla el documento.
La funcionaria le hizo varios ofrecimientos a cambio de retirar la denuncia: el primero fue poner a su disposición un abogado para que llevara su caso directamente en la Procuraduría del estado; conseguirle un mejor trabajo; otorgarle becas a sus tres hijas; y conseguirle una audiencia con el Gobernador del estado.
A cambio, la madre de la menor de edad abusada sexualmente debía desistirse de la denuncia ante la Fevimtra –para limpiar el nombre del Procurador– y ofrecer una entrevista donde se retractara de sus dichos en una televisora local.
Luego de la reunión, Araceli denunció ante la CIDH un hostigamiento sistemático por parte de las autoridades estatales, con lo cual, afirma Cepad, queda de manifiesto la falta de voluntad de las autoridades de Jalisco para respetar y dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
DIVIDE Y VENCERÁS
María Arellano Enciso señaló en un comunicado de prensa que el caso «ha afectado mucho a mi familia, ya que nos hemos separado; mi propia familia me ha dicho que ya no siga con esto, ya que lo que estoy haciendo ha manchado la imagen del partido en el poder, por lo que no me he sentido apoyada por mi familia como yo quisiera, sino que he tenido que hacer esto más bien sola».
Lo que quiero es que se haga justicia, porque si ahora le pasó a mi hija, creo que hay otras niñas a las que les puede pasar y alguien tiene que hacer algo, pues no se vale que la gente que tiene poder y dinero siga pisoteando a las personas, argumenta.
«Antes de hacer las cosas, creo que deberían de pensar en las consecuencias de lo que hacen, aunque se digan muy religiosos, y estoy en todo mi derecho de que se haga justicia por todo lo que he vivido», enfatiza Arellano Enciso.
El Cepad considera que la funcionaria utilizó a la familia de Araceli y su necesidad de seguridad como una herramienta para vulnerar el ánimo y voluntad de la mujer, lo que propició que firmara algunos documentos, a los que el Cepad no ha tenido acceso. La primera vez fue en agosto de 2007 cuando ella y sus hijas fueron privadas de su libertad en las instalaciones de la Procuraduría Local. Suponemos que estos documentos serán utilizados en algún proceso jurídico, advierte el Centro.
Las presiones contra la denunciante y su familia, considera el Cepad, se originan porque existe en el ámbito local, concretamente en la Agencia Operativa de Delitos Sexuales de Procuraduría General local una averiguación previa, la número AP 392/2008. «En tanto subsista una investigación en el ámbito local, no cesarán las presiones hacia las beneficiarias», explica.
Estas circunstancias, continúa el Cepad, hacen más que evidente que no existe un clima de seguridad para la señora y sus hijas, no solo la falta de interés del Gobierno del estado por llegar al fondo del asunto, sino la clara intención de encubrir a los servidores públicos involucrados en estas investigaciones.
Por ello, exhorta a la Fevimtra a que agilice las investigaciones para que acredite la comisión de los delitos de su competencia por parte de los involucrados. Y pide al Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, que se comprometa públicamente a cesar con los hostigamientos hacia la familia de la señora Arellano Enciso.
También reitera su demanda para que la instancia competente agilice la localización y captura de Martín Aguirre Aguirre, pues a casi siete meses de haberse dictado la orden de aprehensión en su contra, aún no se conoce su paradero. Y que se retire del cargo al procurador general de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, a fin de que se garantice una investigación transparente e imparcial por parte de la Federación.
Asimismo, que suspenda todos los procesos de investigación relacionados con este caso, actualmente en operación en la Procuraduría de Jalisco, y que respetando el derecho ejercido por la señora sea la Fevimtra la única instancia encargada de deslindar las responsabilidades correspondientes.
El fondo de todo este asunto, concluye el Cepad, es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en el estado de Jalisco. «No sólo hablamos de víctimas de violencia sexual y de conductas consideradas como graves por la comunidad internacional, como la prostitución y pornografía infantil, sino de violencia institucional propiciada por el propio poder público del estado».
EL CASO
El caso judicial inició cuando el 25 de abril del 2007, una joven de 16 años, y su madre Araceli Arellano acudieron a poner una denuncia en contra de Tomás Coronado Olmos por los delitos de violación. La menor de edad contó que ella y otras mujeres, también menores de edad, habían sido invitadas por otra compañera a una fiesta en una granja ubicada en la carretera a Chapala.
Una vez en el lugar –donde se encontraba el Procurador y otros funcionarios– les dieron de beber y luego jugaron a la botella. Los castigos eran quitarse parte de sus prendas de vestir. A una de las jóvenes incluso le tocó realizarle sexo oral a un funcionario. Cuando Águeda quiso huir fue agredida; pero fue testigo de que otras niñas desnudas entraban a la alberca con los invitados, en donde tenían juegos sexuales, y eran filmados por otro de ellos. Todo lo cual consta en la averiguación 1737/2007/S.
Después de hacer la denuncia, ambas mujeres fueron hostigadas y amenazadas, e incluso privadas de su libertad el 28 de agosto y obligadas a desistirse de las acusaciones contra los funcionarios. La menor de edad no sabía de quién se trataba, solo identificó a su agresor por una fotografía que le mostraron en la Procuraduría. Y a pesar de las amenazas, la menor ratificó las acusaciones el 30 de agosto de 2007, lo cual está asentado en el acta 010935/2007/039.
En ella consta que la menor fue amenazada, poniéndole una pistola en la sien. El 1 de septiembre de 2007, fueron retenidas la menor de edad y su madre por agentes de la Procuraduría de Justicia de Jalisco, encabezados por Eduardo López Pulido, quien las obligó a firmar un documento, el cual no se les dio a leer, pero que después se enteraron que era para exculpar a Coronado Olmos.
El gobernador del estado, el panista Emilio González Márquez –quien ha sido fotografiado junto al Papa, besando imágenes religiosas del nacimiento que puso en Casa Jalisco y que ha admitido que su equipo acude los miércoles a su clase de Biblia– aseveró que si había una acusación formal contra el Procurador se crearía incluso una comisión para investigar.
Existe el testimonio de otra mujer a la que se identifica como Carolina, la cual ratifica las declaraciones de Águeda. Carolina narró que ella y dos amigas más fueron contactadas por Martín Aguirre, el cual les dio dinero por acudir y acceder a los requerimientos sexuales con el Procurador, a lo cual se negó y salió corriendo de la granja junto con otras dos niñas. Un señor que las vio llorando en la carretera les dio 30 pesos para el camión y así regresaron a sus casas, asustadas.
LAS COMISIONES
Ante estos hechos, Araceli Arellano presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Ésta contestó que por tratarse de servidores estatales no podía intervenir. Mientras que la Comisión estatal tampoco ha dado respuesta.
Ante estos hechos, Maria Araceli Arellano Enciso solicitó a la CIDH intervenir en el caso. Esta instancia solicitó al Estado mexicano, el 12 de febrero de 2008, la adopción de medidas urgentes a favor de ella y sus hijas, en un plazo no mayor a 20 días.
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