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Juicio ciudadano

Por Lucero Saldaña

La iniciativa de modificación de los artículos 59 y 116 de la Constitución para eliminar la prohibición de la reelección continua de legisladores en México ha causado apasionadas polémicas, por lo que es conveniente colocar en perspectiva las implicaciones que esta propuesta traería aquí y ahora.

La reelección es una figura política controvertida que generalmente se aborda desde dos posiciones, quienes se oponen y quienes se encuentran a favor. Por supuesto que en ambos sentidos se presentan argumentaciones que tienen diversas motivaciones, ya sea por razones ideológicas, históricas, técnicas o de procedimientos. Nuestra Constitución de hecho no la prohíbe de manera expresa y la permite de manera indirecta.

Es ampliamente conocido el lema “Sufragio Efectivo, No Reelección” que abanderó al movimiento armado de 1910, dirigido particularmente al poder ejecutivo, dada la situación en ese momento, con el régimen dictatorial de Porfirio Díaz.

Es por ello que en los resultados de la encuesta nacional de viviendas de Consulta Mitofsky, efectuada en diciembre de 2004 sobre el tema, sólo el 16 por ciento estuvo de acuerdo con la propuesta de permitir la reelección, este porcentaje se incrementa a grupos de mayor escolaridad y nivel socioeconómico, en cambio, el rechazo se presenta entre la población de más edad, en área rural y, por identidad partidista, quienes se identifican con el PRD, después del PRI y un 23 por ciento de acuerdo los que se identifican con el PAN.

La explicación de este desacuerdo se entiende porque la ciudadanía no tiene toda la información de los alcances positivos o negativos, y ha pesado la figura de que la reelección va en contra de los principios de los mexicanos por que ésta podría aumentar la corrupción, pero también hay más elementos.

Si la reelección es una repetición del mandato para el cual un o una representante popular es electo a un período posterior en el mismo cargo, ya sea de manera inmediata o discontinua, se admite de hecho una carrera legislativa que puede ir de diputado local, federal o senador, lo que queda prohibido definitivamente es la reelección del Poder Ejecutivo Federal y en este tema hay consenso para que no se llegue ha aprobar dicha reelección.

En el debate se han puesto a discusión hipótesis a favor que tienen que ver con la responsabilidad política de los legisladores para con sus votantes, argumentando que la reelección es el incentivo más importante para estimular la responsabilidad, la vinculación con el electorado, que la ciudadanía califica finalmente si desea o no que permanezca su representante popular, así como la necesidad de una rendición de cuentas que tanto se ha demandado por la sociedad.

Así también la experiencia acumulada y el profesionalismo. El no votar por lo que dice el partido, tanto como, por lo que dicen los representados ha sido otra de las expresiones a favor de la propuesta más generalizadas.

Los argumentos en contra giran alrededor con la ideología del principio de no reelección, la falta de oportunidad para jóvenes, mujeres y grupos minoritarios, y que el trabajo estaría enfocado a satisfacer la gestión social de los y las representadas en lugar de la tarea legislativa.

Además, el tema no constituye hoy por hoy una prioridad para los electores, que se reelijan -para qué diría la ciudadanía si no hay una credibilidad en la clase política-. No habría esa rotación en los estratos de los dirigentes, y propiciar la oligarquía en el seno de los partidos perpetuando privilegios y cotos cerrados de poder en detrimento del necesario renuevo de las organizaciones políticas.

El voto en contra del dictamen se debe a que se omite la reelección para los municipios, y los legisladores locales, así como asambleístas, en los estados habría el mismo debate para los legisladores locales, generando quizá que cada entidad votaría indistintamente, y tendríamos estados con o sin la aprobación de reelección inmediata.

La propuesta es que se debería aprobar la reelección inmediata de legisladores federales, locales y presidentes municipales como un mismo sistema y no de manera parcial pro los efectos que se tendrían. De otra forma no se considera prudente.

Aun no hay claridad de que, semejante envergadura y consecuencias fortalecerían a la vida parlamentaria y, por ende, a los partidos políticos, así como al proceso democrático mexicano. El resultado es que en el debate de ideas se deja ver qué tanto o no, hemos avanzado en los conceptos que fueron bandera en el siglo pasado, si aprendimos la lección, o experimentamos lo que en casi todo el mundo es un hecho, la reelección inmediata de legisladores.

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