El pasado 17 de julio se conmemoró el Día Mundial de la Justicia Internacional, celebrado con motivo de la adopción del Estatuto de Roma, que sentó las bases para crear la Corte Penal Internacional, una salida de emergencia contra la impunidad en los gobiernos.
En México, la justicia internacional también se ha convertido en una alternativa para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual ha conocido y retomado casos jurídicos de violaciones a derechos humanos, incluidas violaciones sexuales a mujeres, cometidas por militares.
El tema del fuero militar se discute desde 1999, cuando el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) documentó los primeros casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares, dijo a Cimacnoticias, Santiago Aguirre, abogado del Prodh.
Sin embargo, sostuvo: «Nunca como en los últimos tres años habíamos presenciado este uso del Ejército para tareas de seguridad pública, lo que ha traído aparejado un incremento en violaciones a derechos humanos».
En su opinión, si bien desde hace poco más de una década las ONG han insistido en que estas violaciones deben ser investigadas por la justicia civil, el tema se posicionó en los medios cuando el pasado 8 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió discutirlo en el pleno, a raíz de un amparo promovido por Reynalda López, viuda de un civil muerto a manos de militares en 2008.
En el amparo, los familiares de la víctima piden a la Corte pronunciarse sobre «la indebida extensión del fuero militar y la inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar» (CJM).
Otro caso que colocó el tema en una «posición estratégica» es el de Rosendo Radilla, campesino detenido y desaparecido durante la llamada guerra sucia, ventilado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual realizó una audiencia pública el pasado 7 de julio.
Se trata del primer caso por desaparición forzada que llega a la Corte, donde el gobierno fue seriamente cuestionado sobre los alcances del fuero militar y porque son militares quienes investigan las violaciones a derechos humanos cometidas por ellos mismos. Se le solicitaron, además, informes sobre el impacto del uso del Ejército en tareas de seguridad pública.
INICIATIVAS EN LA INCERTIDUMBRE
Las propuestas para reformar la Constitución en materia del fuero militar y el CJM tampoco son nuevas. Desde 1990 la mirada internacional centró su atención en el tema al hacerse públicos los primeros casos de violaciones sexuales cometidas por militares contra mujeres, principalmente indígenas.
En 1997, el relator especial de la ONU para el tema pidió al gobierno mexicano que este tipo de violaciones fueran investigadas y juzgadas por el fuero civil. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) también realizaron observaciones y recomendaciones.
Este último organismo, con estatus consultivo en la OEA, ha tratado de impulsar desde los últimos dos años reformas al artículo 57 del CJM, para lo cual se ha reunido con legisladores, sin que a la fecha se haya concretado una iniciativa «formal» de reforma.
Desde 2007 se presentaron en el Congreso de la Unión tres iniciativas de reforma al artículo 13 constitucional y al 57 del CJM surgidas por los casos de violación sexual a mujeres en Castaños, Coahuila; Zongolica, Veracruz, y Nocupétaro, Michoacán, pero están en la congeladora.
En marzo de 2007 el senador René Arce presentó su propuesta de reforma y adición al artículo 13 constitucional y la derogación del fuero militar a través de la modificación del artículo 57 del CJM, misma que está en las Comisiones de la Defensa Nacional, de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.
Marina Arvizu Rivas, diputada del Partido Alternativa Socialdemócrata, presentó otra para reformar el fondo de compensaciones para que el gobierno reconozca y responda por el impacto de los delitos cometidos por militares, y reformas al CJM. La iniciativa quedó en la Comisión de la Defensa Nacional.
La diputada del PRD Valentina Batres Guadarrama presentó en julio de 2007 una iniciativa de reforma al artículo13 constitucional y 37 del CJM en el mismo sentido que la de Arce, pero quedó pendiente en la Comisión de Puntos Constitucionales.
SE LAVA LAS MANOS
Pese a las observaciones internacionales sobre el tema del fuero militar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nunca se pronunció en ninguna de sus recomendaciones para que estos casos se turnaran a la justicia civil. Al contrario, insistió en que la Procuraduría de Justicia Militar era la indicada para conocerlos.
Esa opinión mantuvo hasta el pasado 14 de julio cuando, durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, argumentó la necesidad de replantear la estrategia de uso del Ejército en tareas de seguridad pública y de legislar sobre el fuero militar.
Ante los diputados y senadores, dijo: «Quien tiene que resolver el problema son ustedes los legisladores, no yo» y agregó: «En el momento en el cual ustedes decidan que las faltas que cometan los militares, etcétera, etcétera (sic) sean conocidas por la autoridad civil, en ese momento nuestras recomendaciones irán a darle vida a las procuradurías civiles y no a las militares».
Pero esta legislatura está por concluir y las iniciativas quedaron pendientes en las comisiones mencionadas, ante el desinterés de los legisladores sobre el tema.
Mientras esto se define en el Congreso, donde el futuro de las iniciativas dependerá de la correlación de fuerzas políticas, queda la discusión que la SCJN dará sobre el tema, para lo cual tendrá que considerar el caso Castaños como un precedente.
09/LG/RM/GG
