Legisladoras, la Pastoral de derechos humanos diocesanos y el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, demandaron aquí justicia y solidaridad con al menos 13 mujeres víctimas de violación el pasado 11 de julio por parte de un grupo de militares de la sexta zona militar en Múzquiz.
A casi una semana de la violación que sufrieron 13 sexoservidoras del salón «El Pérsico» en el municipio de Castaños, Coahuila, los soldados siguen acuartelados y sin ser puestos a disposición de las autoridades estatales.
Los hechos ocurrieron cuando uno de los militares tuvo un altercado en el salón y fue detenido por los policías municipales que luego lo dejaron libre, cuando declaró que era elemento del Ejército y que realizaba en el lugar una investigación encubierta.
No obstante, el militar regresó poco después acompañado por unos 20 compañeros que llegaron a golpear tanto a hombres como a mujeres. A consecuencia de la violación masiva y los golpes, una de ellas perdió a un bebé de tres meses de gestación.
Las afectadas fueron obligadas a desvestirse y a bailar ante los militares quienes en reiteradas ocasiones abusaron de ellas, sólo algunas lograron escapar.
También golpearon severamente y desnudaron al resto de los hombres que se encontraban en el lugar y los seis policías preventivos, responsables de la seguridad en la zona de tolerancia de Castaños.
Pese a los hechos y las denuncias respectivas, los elementos no pudieron ser detenidos debido a que se resguardaron en la sede del ejército en Múzquiz, en donde el Ministerio Público Militar, Lucio Arizmendi, sigue las investigaciones que aún no se han dado a conocer a las autoridades estatales.
AGRESIÓN QUE DEBE QUEDAR IMPUNE
«El procurador de Justicia en el Estado, Jesús Torres Charles, se está prestando al juego, ya que el Ejército está manipulando el caso y ya debieron de haber puesto a disposición de las autoridades a los soldados que violaron a las mujeres, porque éste es un delito del fuero común», afirmó la diputada local Silvia Garza Guzmán.
La legisladora añadió que acudirá ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la estatal de Coahuila, a fin de que se intervenga y no quede impune esta agresión contra las trabajadoras.
En tanto, la pastoral de derechos humanos diocesanos lleva a cabo una investigación al respecto e interpondrá las denuncias correspondientes ante la pasividad con la que actúa la Procuraduría de Justicia en el Estado, afirmó Jackelyn Campbell, vocera de la Diócesis de Saltillo.
En un comunicado, la diócesis de Saltillo, demandó una investigación imparcial, a fondo y exhaustiva, además de que solicita a las autoridades se ofrezcan las medidas necesarias para garantizar la integridad física de las víctimas, de los elementos de seguridad del municipio y la ciudadanía en general.
Señala que la diócesis de Saltillo no puede permanecer en silencio ante la incursión de varios elementos del Ejército Mexicano, en la zona de tolerancia de dicho municipio en un vehículo oficial, vestidos con uniforme de color beige portando armas largas.
La descontrolable actitud de los elementos del ejército también se extendió al lugar «Las Playas», donde abusaron de un par de bailarinas, a quienes obligaron a bailar y luego violaron en los cuartos, en los baños e incluso, fuera de los salones.
A una de ellas la violaron sucesivamente diferentes soldados y a otra un grupo la violó simultáneamente.
«Ante estos hechos afirmamos y defendemos la inviolable dignidad que posee todo ser humano, especialmente, la dignidad de nuestras hermanas ultrajadas, independientemente de raza, creencia, sexo ó condición y condenamos el abuso y la prepotencia de los militares», añade el comunicado.
Es lamentable que el «Ejército Mexicano, que tiene el encargo de guardar el orden a nivel federal, actúe de manera tan ruin e irrespetuosa con las autoridades locales, en este caso, con la policía municipal de Castaños», abundó.
Exigimos a los altos mandos del Ejército, a las autoridades locales y a los responsables de la impartición de justicia, que de ninguna manera solapen a los culpables de estos atropellos, haciéndose cómplices de sus crímenes, sino que se comprometan a que los culpables sean juzgados y sancionados ejemplarmente.
Finalmente, la diócesis hizo un llamado a la sociedad y a las diferentes organizaciones comprometidas con la defensa y promoción de la dignidad humana y sus derechos, especialmente a quienes trabajan por la defensa de la mujer, para que los atropellos no queden en la impunidad.
06/LR/CV
