Desde su creación por «mandato presidencial» en el sexenio «del cambio», en noviembre de 2003, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) careció de un presupuesto fijo en los presupuestos anuales de Egresos y de personal para cumplir con su misión.
Si bien la función de la Comisión para Juárez, como también se conoce, no era la investigación de los asesinatos de mujeres en esta ciudad fronteriza y la persecución de los delitos, tenía un fin no menos importante: que las víctimas y sus familiares tuvieran acceso a una justicia integral y que el Estado Mexicano cumpliera con los tratados y convenios internacionales, así como las recomendaciones de organismos internacionales sobre el tema.
Ya en su primer informe, la entonces comisionada Guadalupe Morfín Otero denunciaba la falta de un presupuesto específico para ejercer sus funciones en 2004. De hecho, durante el 2003 y 2004, utilizó fondos de la entonces Comisión de Asuntos de la Frontera Norte y de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob.
«Desde el 1 de diciembre de 2003 a la fecha (noviembre de 2004) se ha contado con un muy pequeño pero también muy digno equipo de Colaboradores», señalaba Morfín Otero.
Y es que la «flamante» Comisión anunciada por Vicente Fox para poner fin al feminicidio, sumaba en total 18 personas: siete colaboradores para la oficina de la Ciudad de México y 11 para la de Ciudad Juárez, ambos compartiendo tiempo en ambas ciudades.
De un total de 18 personas, incluida la propia Comisionada, cuatro hacían funciones operativas y los 14 restantes eran servidores públicos de puestos medios y superiores.
Año con año, la Comisión trabajaba en condiciones más precarias, mientras el Gobierno Federal seguía presentando a nivel internacional sus «acciones» para combatir los asesinatos de mujeres en respuesta al reclamo y presión internacionales.
Así, para 2005, durante la presentación del Segundo Informe de la Comisionada para Juárez, se seguía enfatizando la falta de voluntad política del gobierno federal, al no asignarle recursos a la Comisión que, desde un principio, según denunció en su momento la Embajadora Aidé Ivonne González Martínez, «tuvo que presentar a la misma Segob 32 organigramas distintos para poder contar con mayores recursos económicos, de personal y administrativos».
La embajadora evidenció en el prólogo del Segundo Informe las condiciones laborales en las que trabajaban los integrantes de la Comisión: la mayoría laboraba por honorarios, los pagos eran retrasados y ellos mismos cubrían con sus propios recursos sus necesidades de trabajo más elementales.
Las promesas de contar con presupuesto «extra» desde su creación, en noviembre de 2003, por un monto de 14 millones de pesos, (según ordenó Vicente Fox), nunca se cumplieron.
Ahora, una inquietud de las organizaciones civiles de Ciudad Juárez expresada a Cimacnoticias, radica en saber bajo qué términos pasará la Comisión para Juárez al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) porque de eso depende, señalaron, si «vive o muere».
Sobre la nueva estructura de la Comisión para Juárez en el Inmujeres, Cimacnoticias solicitó una entrevista con la titular de la dependencia Rocío García Gaytán o con Liliana Rojero Luévano, secretaria Ejecutiva del mismo organismo, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
07/LGL/GG
