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La Constitución Política de la CDMX hará justiciables los DH

Por Anayeli García Martínez
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Satisfecha por el trabajo realizado durante dos meses, la antropóloga feminista y presidenta de la Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente, Marcela Lagarde y de los Ríos, afirmó que el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México –que deberá estar listo en enero de 2017– no será una carta de buenas intenciones, sino más bien, será un documento que dirá cómo se deben garantizar los derechos.
 
Este 19 de diciembre inició la discusión y votación del articulado de la próxima Constitución Política de la Ciudad de México y a propósito de este proceso la diputada constituyente y académica dijo en entrevista con Cimacnoticias que de ser avalada en sus términos, será la primera Carta Magna de la capital, que hará justiciables los Derechos Humanos de todas las personas que residen o transiten en esta región. 
 
Los ocho dictámenes que se presentaron la semana pasada indican que se garantizará el derecho a la interrupción del embarazo; la creación de un sistema de cuidados para aligerar las cargas domésticas de las mujeres; derechos para trabajadores no asalariados; la prevención, investigación y sanción de la violencia obstétrica; y la autonomía de niñas, niños y adolescentes, entre otros derechos.
 
Además el artículo 9 del dictamen indica que las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos y que las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas.
 
La autora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, confía que al concluir la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa comience a elaborar las leyes secundarias.
 
“Se tienen que cambiar las instituciones y luego formar a funcionarios, funcionarias, planificadores, a todos los que intervienen en la marcha de esta Ciudad –a nivel de las autoridades y de gobierno–para que los derechos sean cumplidos”, expuso la legisladora.
 
Sobre el trabajo de análisis que realizó la Comisión Carta de Derechos –que analizó 584 propuestas presentadas por ciudadanos y 244 por diputados constituyentes– Lagarde comentó que se recibieron decenas de propuestas con temas que no son parte de una Constitución, sin embargo confió en que una vez que esté listo el documento final estas propuestas sean retomadas en leyes reglamentarias. 
 
Entre las iniciativas ciudadanas hubo una para incluir, el derecho al silencio, tema singular y de importancia, pero no propio para una Carta Magna, no obstante, la antropóloga dijo que en las leyes secundarias se pueden establecer fórmulas para evitar posibles agresiones a las personas.
 
Otro caso es el de la interrupción legal del embarazo, una demanda del movimiento feminista que está garantizado en la capital del país, pero que no se puede nombrar en un texto constitucional; es por ello que en el Artículo 11 del proyecto se menciona que “toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad”, un principio del que se desprende el derecho a la maternidad libre y voluntaria.
 
La experta dijo que el Estado debe “lograr el más alto nivel de salud sexual y reproductiva”, frase que –dice la teórica del feminismo– es el paraguas más grande y que abarca todas las áreas de la salud sexual y reproductiva sin mencionar todas las enfermedades o afectaciones que viven las mujeres; y principio que se vincula con la política pública que ya permite el aborto.
 
El proyecto de Constitución también plantea un nuevo modelo económico y social porque en los dictámenes se establece el desarrollo sostenible y sustentable contrario a los modelos de depredación; los principios de solidaridad económica y social; y el concepto de ciudad productiva que plantea el reconocimiento de derechos de trabajadores a un salario digno.
 
En el tema del empleo digno, la legisladora dice que esto ya existe en la Ciudad pero ahora se trata de elevarlo a rango constitucional porque en la capital todas las personas trabajadoras del Gobierno local fueron basificadas lo que les permitió nivelar el salario o tener un salario digno, pero ahora esta política será progresiva y deberá involucrar a las empresas.
 
16/AGM/KVR/LGL

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