Urgen medidas legislativas, administrativas y de acción social que permitan enfrentar la batalla que se libera en contra de las niñas víctimas de la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) en México, delito que se comete dentro de una perversa normalidad donde las mujeres viven de manera cotidiana una violencia estructural.
Así lo afirmó ayer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria, durante la presentación de la Segunda Etapa de la Campaña Contra la ESCI, ¡Simplemente, no lo aceptamos!, que realiza Infancia Común AC, organismo que tiene como objetivo la incidencia social a través de agendas ciudadanas y opinión pública, tomando como base la investigación amplia y responsable del fenómeno, y cuya frase de campaña es «Hay una guerra invisible contra las niñas».
La violencia es de tal magnitud, señaló el Ombudsman capitalino, que México ha tenido que acuñar el término feminicidio para dar cuenta de una problemática como la que sucede en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero que se reproduce en todo el país y en muchas otras naciones, donde sistemáticamente se agrede a las mujeres.
Álvarez Icaza Longoria recordó que el principal espacio de inicio de la violencia y el maltrato hacia niñas y mujeres es precisamente el hogar: «Se ha ubicado que los principales agresores son las personas que les son más cercanas, como el esposo, el padre, los hermanos o el padrastro», agregó.
Las expresiones de esta guerra, explicó, son tan cotidianas como impactantes: insultos, amenazas, críticas destructivas, silencios incómodos e indiferencia; justamente lo que despedaza la autoestima de las niñas, además de que de manera sistemática se les educa para obedecer, para agacharse y para callarse.
Aliada imprescindible de la guerra contra las niñas, dijo el Ombudsman capitalino, es la legislación ambigua e insuficiente que garantiza recursos al agresor y desprotege a las víctimas de la ESCI: «El Estado abdica de su responsabilidad de protegerlas; no hay refugios que les permitan iniciar un proceso judicial en condición de resguardo, ni existen políticas públicas para apoyarlas en los procesos judiciales, que son muy largos».
Ante tal desprotección, exhortó a generar acciones de Estado y de un entorno seguro para las víctimas, a través de albergues en todas las Delegaciones para que niñas y mujeres estén a salvo de sus agresores, con todo el respaldo del Ministerio Público.
INFORME SOBRE ESCI
Desde que la CDHDF presentó en 2007 su Informe Especial sobre Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI), señaló Álvarez Icaza Longoria, algunos diputados locales han retomado el tema y han propuesto la Ley para Erradicar y Combatir la Trata de Personas y el Abuso Sexual para el Distrito Federal.
Sin embargo, advirtió que hace falta observar a quien demanda ese tipo de servicios y no dejar el delito a la ley de la demanda, donde el comprador no tiene ninguna responsabilidad.
Y mencionó que la Procuraduría capitalina le está dando seguimiento al informe y se han constatado avances significativos en la Fiscalía de Delitos Sexuales: «Esperamos que pronto la Procuraduría presente resultados».
DERECHOS COMO PROTECCIÓN
Álvarez Icaza Longoria se expresó a favor de que las niñas y los niños tengan garantizado el ejercicio de sus derechos, como una manera de enfrentar la cultura patrimonialista que los considera propiedad de sus madres y padres, quienes creen que pueden hacer con ellas y ellos lo que quieran, incluso venderlos.
«Lo que pasa dramáticamente todavía en algunas comunidades del país, en las que Infancia Común y otras Organizaciones de la Sociedad Civil han detectado, por ejemplo en Tlaxcala, cómo se hace el tráfico de niñas y niños que se venden hasta en 4 mil 500 pesos», lamentó.
En esta noción perversa de machismo, agregó, que pondera el supuesto de la niña-mercancía, una niña virgen es una medalla, algo por lo que se pagan enormes cantidades de dinero.
En el Informe Especial ESCI en el Distrito Federal, de la CDHDF, se ubicaron puntos y testimonios de la práctica en lugares aledaños al Campo Militar No.1, en cuarteles cercanos a la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad capitalinas, en La Alameda, en estaciones del Metro, en terminales de autobuses.
Prácticas observadas en La Merced, no se registran ni siquiera en Tailandia: a plena luz del día, niñas menores de 18 años que están en esta cadena de explotación, lo cual es una señal en extremo alarmante, advirtió.
CAMPAÑA ¡SIMPLEMENTE, NO LO ACEPTAMOS!
De acuerdo con la directora de Infancia Común AC, Raquel Pastor, las niñas y los niños son objeto de explotación sexual por motivos de pobreza, migración y desintegración familiar, pero sobre todo «por la violencia dentro de la familia, que hace que vaya en aumento el número de niños que se escapan de casa y niños de la calle».
Dijo que es indispensable modificar pautas sociales y que el Estado Mexicano asuma su responsabilidad para construir condiciones que garanticen los derechos de la infancia en México y, con ello, se vuelva imposible o difícil la dinámica que favorece la ESCI.
Agregó que, a partir de diversas investigaciones y el documento final que resultó del «Diplomado en Explotación Sexual Comercial Infantil con perspectiva de género y enfoque de derechos», se concluyó que una política pública adecuada no es suficiente para erradicar la problemática.
«En tanto persistan factores culturales que hacen a la sociedad cómplice del delito, al naturalizar situaciones que colocan a niñas y niños en condiciones de alta vulnerabilidad para caer en las redes de trata», advirtió.
En muchos países, y en México particularmente, agregó Raquel Pastor, niñas, niños y adolescentes son vistos como propiedad privada; destinados a obedecer forzosamente a los adultos; por tanto, inferiores a ellos y objeto de discriminación.
Abundó que los tipos de violencia van desde el abandono, la violencia psicológica y física, hasta el abuso sexual, de la que la mayoría de las víctimas son las niñas y urgió a considerar a toda persona menor de 18 años como digna de respeto, con derechos inalienables que todas y todos debieran estar obligados a garantizar.
En la presentación de la Segunda Etapa de la Campaña participaron también la fiscal especial contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas, Guadalupe Morfín; la directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, María Isabel Belausteguigoitia Rius; y en representación del Embajador de Canadá, Guillermo Enrique Rishchynski, acudió el ministro consejero José Javier Herrán-Lima.
Además de la suma de 80 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), empresas, instituciones educativas e instancias gubernamentales, Infancia Común AC y la coordinadora del proyecto, Raquel Alonso Nogueira, la Campaña ha sido posible por el apoyo del Hotel Green Park, del Fondo Canadá, de la Embajada de Canadá en México; y de la Embajada de Suiza en México.
Colaboran también la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Delegación Cuauhtémoc, el Instituto de la Mujeres y el Instituto del Deporte del Gobierno del Distrito Federal.
La Fundación Daywalka, Servicios Gráficos Integrales, Pfizer, El Chisme Restaurarte, CEJUV y Cáritas Arquidiócesis de México, son también colaboradores del proyecto.
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