Mientras las capitalinas conmemoran dos años de constitucionalidad de las reformas que permiten la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Distrito Federal y que han salvado la vida de 29 mil 212 mujeres que no han tenido que recurrir al aborto clandestino, las mujeres de 15 entidades federativas no se consideran sujetas de derechos y son perseguidas y encarceladas por abortar por las reformas impulsadas por legisladores panistas y priistas que protegen la vida desde el momento de la concepción (sic).
Mañana se cumplen dos años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara constitucionales las reformas a la Ley de Salud del Distrito Federal y al Código Penal aprobadas por la Asamblea Legislativa el 24 de abril de 2007 y que despenalizan el aborto hasta las 12 semanas de gestación, mismas que fueron impugnadas con un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República en mayo de ese año.
Para conmemorar el hecho, hoy el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF) y por la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar) organizaron un acto donde se informó que durante estos dos años 29 mil 212 mujeres han accedido a este derecho en la red de hospitales del gobierno capitalino (14) facultados para ejercer el procedimiento.
Martha Lucía Micher Camarena, directora del Inmujeres DF consideró como un aporte de la Ley el que ahora se conozca quiénes son estas mujeres, lo que no podría suceder si esa práctica se mantuviera clandestina. Ahora se sabe que mil 647 mujeres son menores de edad (5.6 por ciento), 22 mil 473 (76.9 por ciento) radican en el DF, 5 mil 950 (26.47 por ciento) en el Estado de México y 788 provienen de otras entidades federativas (3.5 por ciento).
En total, durante estos dos años 50 mil 936 mujeres pidieron información; de ellas, 36 mil 389 solicitaron el procedimiento y de éstas únicamente 29 mil 212 lo realizaron.
Los hospitales que presentan más demanda para realizar el procedimiento son el de Ticomán, Iztapalapa, Enrique Cabrera, Inguarán, Belisario Domínguez y Cuautepec.
Las mujeres que solicitan la ILE lo están haciendo entre las semanas 5 y 9 de gestación. El mayor porcentaje se ubica en la semana 9, con el 18.8 por ciento, la semana siete con 17.3 por ciento y la semana 8 con el 15.5 por ciento. Sólo el 2.8 por ciento solicitó una intervención en la semana 12.
Cabe recordar que la Ley que despenaliza el aborto para el Distrito Federal es voluntaria y ofrece tres opciones para las mujeres: continuar con el embarazo, la adopción o la ILE y también establece la consejería e información para las mujeres, así como y la utilización de algún método anticonceptivo.
MÉXICO DE CONTRASTES
Mientras las mujeres del DF celebran el derecho a decidir sobre sus cuerpos, su salud, su dignidad, sus proyectos de vida, en el resto de las entidades federativas «los contrastes son graves», ya que quedaron al descubierto las menores oportunidades que tienen las mujeres que ahí viven, lo que constituye el agravio comparado, consideró Micher Camarena, titular del Inmujeres DF.
Agregó que los «gobernadores y legisladores del PRI y del PAN han cambiado las constituciones estatales de Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán para eliminar el derecho a decidir de las mujeres y dar personalidad jurídica al producto de la concepción».
Con ello, dijo, estos estados están violando los tratados y convenciones internacionales signados por México, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.
En este sentido, recordó que «donde se garantiza el derecho a la información y a la educación de las mujeres y se cuenta con servicios de aborto legal, las mujeres ejercen mayor control sobre sus cuerpos, utilizan más anticonceptivos, recurren menos al aborto y casi nadie muere por maternidad».
Calificó como inadmisible que las restricciones de los derechos reproductivos se vinculen con las condiciones materiales de vida y los cálculos geopolíticos de los partidos de derecha, por lo que urgió a evitar que «las relaciones de poder se ensañen contra las mujeres que viven en entidades conservadoras, vulnerando a quienes viven en mayor situación de precariedad».
Por último, hizo un llamado a los gobiernos estatales para cumplir con su deber y gobiernen a favor del derecho de las personas a decidir sobre su salud, su vida y sus cuerpos, pues prohibir el aborto en cualquier circunstancia es contrario a la protección, respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres.
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