La detención de Tony Alexander King, asesino confeso de Rocío Wanninkhof de 19 años, en 1999 y de Sonia Carabantes de 17 años, en 2003, da un aire de tranquilidad pero no deja de crear un escozor cuando la segunda muerte se pudo haber evitado si la policía presta atención al informe que en 1998 la seguridad británica hizo llegar a España.
Scotland Yard informó sobre King y «su potencial peligro» para las mujeres, según publicó el diario El País y aunque hoy el Ministerio del Interior investiga qué pasó con ese aviso, queda pendiente la situación con Dolores Vásquez, condenada en primera instancia por la muerte de Rocío y con una estancia en la cárcel de 17 meses.
Dolores Vázquez vivió la pesadilla de ser condenada por la sociedad que la señaló en forma inmisericorde, los medios de comunicación ventilaron su vida privada y por los plató de televisión desfilaron personajes amigos de la publicidad fácil que aprovecharon el amarillismo de múltiples programas. No hubo rigor informativo y queda el sabor a rancio por los prejuicios y los errores judiciales.
Es enorme el dolor humano y muchas las consecuencias negativas para un sistema democrático cuando la justicia cojea, reflexión que me lleva a las muertes en Ciudad Juárez donde no sólo cojea sino que no llega.
Seguramente no podremos imaginar que piensan y qué sienten las mujeres agredidas que saben que les espera la muerte, y la impotencia de sus familias cuando no ven una luz en el tortuoso camino de los laberintos jurídicos.
Pero en Ciudad Juárez, reina la incapacidad o la corrupción y una de las dos o las dos al tiempo no permiten que después de 370 muertes, según Amnistía Internacional, no se encuentren responsables y paren los asesinatos.
Estamos ante un feminicidio y se quieren cerrar los ojos para no ver tanto cadáver y no porque arda la conciencia sino porque intereses económicos y políticos, se pueden ver afectados.
Otro caso fue el de Amina Lawal que se libró de morir lapidada mas no como consecuencia de la aplicación de la justicia, fue la presión internacional de nueve millones de firmas recogidas por Amnistía Internacional.
Amina está con vida pero aún sigue vigente la pena de muerte por adulterio, así sea contraria a la misma constitución de Nigeria y a los tratados internacionales que ese país ha firmado.
Los asesinatos de mujeres en España, en México y la muerte por lapidación en Nigeria son piezas de horror, una indignación para la condición humana. Un solo asesinato debe ponernos en alerta para exigir, con mayúsculas, una investigación y un juicio a los asesinos o exigencia de dimisión y juicio a las autoridades responsables de la omisión consciente.
2003/FC/MEL
