Es un hecho social incontrovertido la existencia de numerosos espacios sociales de los que están excluidas las mujeres. La realidad social muestra con contundencia que los espacios de exclusión están vinculados al poder, a la autoridad, a la influencia, al dinero, a los recursos y, en general, a la autonomía personal.
Los poderes fácticos, el poder político y todos los poderes de decisión son casi impermeables a las mujeres.
¿Cómo neutralizar y combatir los mecanismos de exclusión de la ciudadanía? La democracia moderna se origina a partir de un pacto social entre hombres, del que están excluidas las mujeres.
Por ello el derecho político esta derivado del nuevo pacto fraternal. Este pacto supone la primera quiebra de la igualdad. Distinguir analíticamente el concepto de igualdad de la noción de fraternidad es indispensable para entender la moderna historia de exclusión de las mujeres.
Los límites actuales de la ciudadanía femenina están íntimamente vinculados a su origen. Numerosos obstáculos y filtros, muchas veces invisibles, hacen inviables dimensiones relevantes de la ciudadanía para las mujeres.
Estos límites ponen en entredicho la legitimidad de la democracia y la igualdad de derechos. El análisis de cualquier espacio social, sea este público o privado, confirma que la igualdad, es sobre todo, una aspiración para las mujeres y algunas minorías sociales, más que una realidad de hecho.
¿Qué derechos deben reconocerse públicamente a las mujeres? El primer paso es la equiparación, es decir la no discriminación en los derechos.
Esto supone concentrar la acción en la garantía de igualdad respecto a los derechos individuales.
El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres debe concentrarse en su participación paritaria en las decisiones del Estado a través de una gran variedad de mecanismos: desde la reserva de una cuota de representación en los Congresos , el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipios; hasta el establecimiento de mecanismos preceptivos y vinculantes de consulta.
Esto requiere un sistema de control y garantía de los derechos que deberían incluir una instancia a la que pudieran llegar los recursos y que evaluara al Estado. Actualmente, existen elementos que nos indican que las instituciones y los procedimientos democráticos pueden ser fuerzas emancipadoras para la sociedad y pueden favorecer el progreso económico y social.
La integración e inclusión política de las mujeres en el sistema democrático, es decir, la implementación de políticas de equidad de género, debe instrumentarse a través de la acción positiva, es decir, la discriminación inversa temporal que busque la igualdad de oportunidades.
Tal es el caso de la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en su artículo175, que garantiza el que se presenten las candidaturas para diputados y senadores en los próximos 15 años, en un número no mayor del 70 por ciento de candidaturas propietarias de un mismo género.
Los incumplimientos del universalismo y de la ciudadanía deben neutralizarse a través de la discriminación positiva y las políticas de cuotas paritarias garantizadas jurídica y políticamente, siendo esta la única vía hacia la ampliación de la participación democrática para las mujeres, después de 50 años de haberse reconocido sus derechos de votar y ser elegida.
* Senadora del PRI por Puebla, presidenta de la Comisión Especial para la Conmemoración del L Aniversario del voto Femenino.
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