Desempleo, mayor pobreza, inflación, más impuestos, bajos salarios, recesión del mercado interno y mayor concentración del ingreso. Esto es lo que nos ofrece a las mujeres el paquete económico para el 2010.
El 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión el paquete económico para el 2010, conteniendo la iniciativa de la Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de La Federación (PPEF), para el ejercicio fiscal de ese año y los Criterios Generales de Política Económica, para 2010 y sus proyecciones al 2015.
El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre.
Su marco jurídico es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprobada en 2006.
En el Capítulo I establece lo que a la letra dice: «los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición y …equidad de género».
Hoy más que nunca la Comisión de Hacienda y la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados deben hacer valer esta frase de «equidad de género». Por muchas razones; para empezar porque las mujeres trabajadoras se debaten entre la informalidad y el desempleo, que es superior al de los hombres.
Porque en el PPEF se propone una reducción en los recursos para programas como igualdad de hombres y mujeres; salud reproductiva; fomento a la equidad de género, mujeres rurales y el programa de subsidios a la vivienda disminuye 4 por ciento.
Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), planea que el gobierno federal aporte al Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM) la mitad del costo de atención médica de diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, cáncer cérvico uterino y mamario y vih/sida. Dejar estos rubros de salud al vaivén actual del gasto público es una irresponsabilidad social.
Hay que recordar que el cáncer cérvico uterino y el de mama son las causas más importantes de muerte en las mujeres, es muy grave el descuido de estos dos renglones de salud y afecta especialmente a las mujeres de los sectores más populares.
El seguro popular ya no se cubrirá con la cuota familiar, sino que será individual, lo que necesariamente implica un impacto económico en la economía familiar de los (as) más vulnerables.
¿Esta es la forma cómo se pretende alcanzar la cobertura universal de salud que ofreció el presidente de la república en su discurso del 2 de septiembre?
En cuanto al Programa de estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se asignan recursos de únicamente 2 643 100 701 pesos, cifra superior en 4.8 por ciento al presupuesto autorizado en 2009, sin considerar las reducciones que éste pudo haber tenido con los recortes al gasto público, aplicados en este año. La meta es atender 272 000 niños y niñas en 9 100 estancias.
Para tener una dimensión de lo magro de esta asignación de gasto basta considerar que la previsión del gasto programable, propuesta para la Sedesol, es de 84 243.3 millones de pesos.
Pero lo más preocupante es que el titular de esa dependencia declaró que se reducirían los recursos de lo que llamó «programas no prioritarios», como el de estancias infantiles.
¿Dónde está el compromiso de este gobierno con las mujeres trabajadoras más pobres, o eso no es combate a la pobreza?
El total del gasto programable (con programas, objetivos y metas del sector público federal), es de 2 397 871.1 millones de pesos, con un incremento del 7.6 porciento en el Gasto Corriente programable, respecto al autorizado en el 2009, sin tomar en cuenta que aquí también se aplicaron recortes en el transcurso del año.
Respecto a la inversión, ésta muestra una significativa disminución del 13.0 por ciento, en términos reales.
Otra de las formas en que se trata de reducir el gasto y aumentar los ingresos es mediante la eliminación de los subsidios a la gasolina y a la electricidad, con alzas mensuales en el precio de la gasolina y el gas LP y aumento a las tarifas eléctricas.
La controversia sobre este paquete económico se ha centrado en la Ley de Ingresos.
Se pretende aumentar impuestos a los contribuyentes cautivos de siempre, no se tocan privilegios y se afecta a los más pobres y a las clases medias.
Aumenta la tasa del ISR en un 2 por ciento, ese nuevo 30 por ciento también lo pagarán los trabajadores; se incrementa el IEPS en cigarros y cervezas; el impuesto a los depósitos bancarios en efectivo crece del 2 al 3 por ciento y se reduce la base gravable de 25 a 15 mil pesos, de esta manera se grava a la economía informal.
Las telecomunicaciones se gravarán con un nuevo impuesto del 4 por ciento y el IVA aumenta del 15 al 17 por ciento, con otro nuevo impuesto de carácter temporal del 2 por ciento, para bienes y servicios, incluyendo alimentos y medicinas. Los ingresos captados por este concepto se destinarán al combate a la pobreza.
El problema es que mientras sigan aplicándose estas políticas públicas la pobreza seguirá siendo de carácter definitivo y tiende a crecer.
Para resarcir sus ganancias las empresas productivas y el comercio tratarán de recuperarse vía precios, aquí la cuestión es ¿qué va a hacer la gran mayoría de la población que vive de un ingreso fijo, como el salario?, y ni hablar de los desempleadas (os), que también pagan impuestos.
¿Qué se piensa hacer para contener la escalada de precios que provocará esta política de ingreso-gasto?
El propio Banco de México (Banxico) advierte que la eliminación de subsidios a combustibles y energía eléctrica puede impactar en la inflación; los analistas financieros ya hablan de una «burbuja inflacionaria».
La inflación es pérdida de poder adquisitivo de los salarios y crecimiento en las tasas de interés, entre muchas otras cosas.
La pérdida de poder adquisitivo de los salarios no es nueva, se traduce en menor consumo y más pobreza.
En 2009, según Baxico, la inflación en frutas y verduras fue de 14.08 y en carnes y huevo 13.09 (jun2009-jun2008), cifras superiores al 5.74 del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Mientras que los salarios crecieron por debajo de la inflación general y de la de los alimentos. El salario contractual varió 4.4, el salario base de cotización del IMSS 5.4 y el salario mínimo general sólo 4.0 por ciento.
Y para el próximo año –donde se estima una inflación del 3.3 por ciento- seguramente el tope a los aumentos salariales será del 3 al 4 por ciento, con el argumento de que es un elemento de contención a la inflación. Así no se combate a la pobreza.
Ya que tanto gustan de las comparaciones internacionales de indicadores económicos, como las que aparecen en los Criterios Generales de Política Económica, sería bueno que hubieran incluido las del ingreso per cápita de México y de la distribución del ingreso o concentración de la riqueza. El primero es uno de los más bajos en Latinoamérica y en el grupo de OCDE y el segundo, de los más altos.
Otro ejemplo ilustrativo son las tarifas eléctricas. Aquí superan en alrededor de un 18 por ciento a las de Estados Unidos (2007), y para 2008 la diferencia creció a 25 por ciento, (Banxico).
De ahí que los efectos de la política económica y de ingreso-gasto, justificadas en indicadores internacionales, pueden ser muy diferentes a las que se obtendrían en otros países.
Según la información contenida en el Tercer Informe de Gobierno (septiembre 2009), la participación en el PIB de la inversión impulsada por el Sector Público fue de sólo 4.0 en el periodo 2001-2006 y de 4.7 en el 2007.
En tanto que la participación en el PIB del Gasto en Servicios Personales, que es gasto corriente, fue de 7.0 y 6.7, respectivamente.
Este nivel de gasto en servicios personales, comparado con el 2 por ciento del PIB del llamado «hoyo fiscal» de 300 mil millones de pesos, que ha servido de justificación y argumento para el recorte del gasto y el aumento a los impuestos, resulta más inexplicable.
Afortunadamente la Constitución prohíbe contratar deuda para Gasto Corriente.
Hasta ahora los ingresos petroleros han sido la fuente de financiamiento del Gasto Público y muy en particular de ese voluminoso gasto corriente, que no genera valor agregado ni crecimiento del PIB, pero que sí refleja el manejo inescrupuloso que se ha hecho de los recursos públicos
En el 2008, los ingresos petroleros no tributarios tuvieron una participación en el PIB de 44.2 por ciento. La caída de estos ingresos, responsabilidad del gobierno, no se va a compensar con la propuesta del incremento a los impuestos ni con la reducción del gasto.
Aumentar el Gasto de Inversión significa crear valor agregado, desarrollo económico, impulsar la inversión privada y generar nuevos empleos; en otras palabras, contribuir a la construcción de un mejor futuro.
Este aumento en el gasto de inversión bien podría financiarse con un crecimiento del endeudamiento en un 1.5 o 2.0 del PIB, de manera temporal, y no como se propone ahora, de tan sólo 0.5.
Pero lo que se destinará a las funciones de desarrollo económico presentan una disminución del 1.3 por ciento, que en términos reales puede ser mayor.
Además, el presupuesto para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes baja en un 18.9 por ciento, sacrificando infraestructura básica para el desarrollo económico.
Se requiere que la economía crezca en más del 5 por ciento y, por ende, crezcan también la inversión pública y privada, sin querer descansar exclusivamente en la inversión extranjera directa, que difícilmente va a llegar en los montos que necesita el país.
Sólo en manufacturas y el Sector Comercio el INEGI estima, para este año, una caída del PIB de 13.8 y 17.2 por ciento, respectivamente.
¿Cómo se supone que recuperarán su nivel de actividad económica estos sectores, y cómo se cubrirá la creciente demanda de empleos si se plantean metas de crecimiento económico de tan sólo 3.0 para el 2010 y una proyección del 4.0 por ciento para el 2015? ¿Por qué renunciar a la posibilidad de utilizar el gasto público como un instrumento anticíclico, impulsor del desarrollo económico?
Y todavía se insiste, en el diagnóstico de Hacienda, en atribuir el crecimiento de la pobreza a la crisis alimentaria y a la crisis económica internacional, cuando las cifras que recientemente publicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en las que se muestra el crecimiento de la pobreza en el país, abarcan periodos anteriores a la crisis económica internacional y, sobre todo, al 2009, donde se registró la caída del PIB más alta durante los últimos 30 años.
El crecimiento de la pobreza y del desempleo; la alta concentración del ingreso y la disminución de los niveles de actividad económica no sólo son producto de factores externos, sino fundamentalmente de esta política económica errática que se viene aplicando persistentemente y que se refuerza en la propuesta económica para el 2010, con sus proyecciones al 2015.
Ojalá que las respuestas a las interrogantes que nos deja a las mujeres la oferta económica del gobierno para 2010-2015 estén en las propuestas que se generarán en la LVI Legislatura del Congreso de la Unión.
09/CRP /LG
