No es desconocido para nadie que las niñas y adolescentes son acosadas, hostigadas y violentadas permanentemente en las escuelas, compañeros, maestros, conserjes, prefectos etc. son parte de la lista de agresores contra las estudiantes en México.
Pese a que desde hace años se sabe de estos abusos y violencias, ninguna autoridad ha hecho nada para detenerlo, para sancionarlo y proteger a las niñas. Fuera y dentro de las escuelas se habla, se comenta de algunos maestros que les gusta «jugar con sus alumnas». El «juego» violento consiste en que las forman antes de entrar al salón para que lleguen corriendo y evadan la nalgada, difícilmente se salvan.
Una forma de esconder la violencia
Se sabe, que maestro agresor denunciado es cambio de plantel, un sistema de protección del sindicato para con sus bases y así lograr obediencia.
Las autoridades están concientes de esta violencia que viven las niñas y adolescentes en el sistema escolar, pese a ello aún no existe una instancia en la cual las alumnas sean protegidas para hacer la denuncia y mucho menos para darles apoyo psicológico y emocional.
De acuerdo con la doctora Gloria Ramírez, de la academia Mexicana de Derechos Humanos, quien presentó los resultados de una investigación hecha en escuelas, las niñas y adolescentes enfrentan permanentemente el insulto y el manoseo, sin que ello sea preocupación y ocupación del sistema educativo en nuestro país.
Así, las niñas y adolescentes no sólo aprenden a leer, matemáticas o historia, también aprenden que no importa donde estén, la violencia contra ellas es tolerada y fomentada porque no se sanciona.
Aprenden a que ante ello están indefensas, porque no hay autoridades que las protejan, ya sea por inacción o por colusión, aprenden también que para la sociedad la violencia contra las mujeres es tolerada, así también se conforma el aprendizaje de género.
Cómo se va a concentrar una niña que se siente amenazada, qué atención podrá tener en la enseñanza si tiene que cuidarse de no ser agredida.
La documentación de los casos sobre las agresiones contras niñas y adolescentes en el sistema escolar, público y privado, son innumerables y sus efectos negativos en el desarrollo de las mujeres también.
Por ello hay un apartado especial en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que la Secretaría de Educación Pública asuma su responsabilidad y tome cartas en el asunto.
De acuerdo con esta Ley, a la SEP le corresponde formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de violencia contra las mujeres en los centros educativos, para que se dé una primera respuesta urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia.
Además de establecer como un requisito de contratación para todo el personal no contar con algún antecedente de violencia contra las mujeres.
Como mandato de Ley esto tendría que ser ya una realidad y no una letra plasmada en el papel.
* Periodista mexicana, directora general de CIMAC
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