Durante décadas, en México el esquema de asignación de fondo público del Gobierno federal a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) mantuvo una lógica «clientelar», sin embargo, el pluralismo político y la diversificación de la sociedad civil organizada propiciaron la consolidación de un esquema distinto de colaboración, que hoy reconoce el trabajo de las OSC en la promoción del cambio social desde un enfoque de acción pública y corresponsabilidad.
Así lo manifestó Mónica Tapia, coordinadora general de la organización Alternativas y Capacidades, en la mesa denomina «Fondos Públicos», realizada durante el Foro: Retos y Perspectivas de las Políticas para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Balance a Dos Años de Gobierno, que se realizó el 20 y 21 de octubre de 2008.
Tapia precisó que esta relación se ha transformado, a partir del proceso de democratización del país y «hoy existe un marco legal e institucional adecuado y programas con reglas de operación definidas».
En este sentido hizo referencia al Programa de Coinversión Social (PCS), del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), programa federal que distribuye fondos a la mayoría de OSC, por lo que se ha convertido en un referente para la asignación institucional de fondos públicos a proyectos sociales que atienden las necesidades de grupos vulnerables
Sin embargo, los mecanismos de asignación de fondos públicos se encuentran aún en proceso de construcción, en el que aún persisten lagunas y vacíos, afirmo Mónica Tapia.
En muchas ocasiones son mecanismos informales los que determinan quién recibe recursos, por lo que «aún no se puede hablar de buenas prácticas, ni de alianzas entre Gobierno y OSC». Existen lineamientos de operación no escritos que afectan los procesos y no se publican, como los criterios de evaluación de proyectos.
Durante su ponencia, Mónica Tapia destacó que si bien es poco el financiamiento público, es fundamental para la sustentabilidad financiera de las OSC.
Información difundida por la organización Alternativas y Capacidades precisa que durante el 2007, a través de distintas dependencias, el Gobierno Federal destinó más de mil 660 millones de pesos para fomentar el trabajo de cerca de 2 mil 300 OSC –monto todavía reducido en comparación con otros países—, por lo cual resulta primordial conocer cómo es que se están asignando estos recursos.
Puntualizó que desde 2008 el perfil de dictaminadores es menos preciso y son servidores públicos quienes deciden el monto a asignar. Sin reglas claras, se han modificado criterios de priorización y muchas decisiones quedan en manos de funcionarios.
AUSENCIA DE REGULACIÓN
La evaluación de proyectos presentados por las OSC es la menos regulada. No existen criterios claros ni parámetros públicamente conocidos, enfatizó la directora de Alternativas y Capacidades.
De la misma manera detalló que en el PCS, no se reconocen diferencias estructurales entre Gobierno y OSC y otros actores del PCS, además de que existe una desproporción entre responsabilidades de OSC y funcionarios públicos.
Es decir no se precisan obligaciones de autoridad, como emisión y cumplimiento de plazos del proceso, responder solicitudes de participantes, entrega oportuna de recursos y transparencia y señales de confianza. No hay sanciones a funcionarios ni mecanismos para revisar sus omisiones o errores, sino que depende de su buena voluntad.
«En cambio, sí hay responsabilidades de OSC basadas en desconfianza. El incumplimiento de algunos aspectos de proyectos se equipara al desvío o mal uso de recursos públicos», enfatizó.
En este marco, Mónica Tapia, consideró urgente la publicación de un documento oficial que justifique modificaciones de Reglas de Operación, convocatorias y presupuestos. Ya que las reglas de operación no precisan obligaciones fundamentales para el Indesol, que garanticen el éxito del PCS.
08/GT/VR
