Si reconocemos que las elecciones periódicas y pacíficas ?como dice José Antonio Crespo? son el mecanismo de las sociedades modernas para dirimir la competencia por el poder, y evitar derramamientos de sangre mediante revoluciones y guerras internas, podemos analizarlas también como procesos económicos que generan una derrama de recursos, demandan servicios, materiales y equipos, crean empleos temporales y están crecientemente contaminadas por una visión de mercado.
Vistas desde una perspectiva económica, la mercancía en venta son los puestos de elección popular en los poderes ejecutivos y legislativos de los tres niveles de gobierno.
Estas posiciones además de generarle a quien las ocupe muy buenos ingresos directos por pago de sueldos y prestaciones, le permite influir y beneficiarse personalmente de otros recursos públicos y tener el poder para influir en decisiones y legislación que también pueden producirle ganancias en el corto y largo plazos.
Es decir, en la realidad actual frente a la corrupción y la impunidad que prevalecen en el país, alcanzar un puesto de elección popular representa una garantía para asegurarse el futuro personal y familiar, e inclusive para varias generaciones.
Por ello, y no por el deseo de impulsar un proyecto nacional que mejore los niveles y la calidad de vida de las y los mexicanos, es que los procesos electorales en México se han vuelto cada vez más conflictivos y competidos.
No se trata escoger entre proyectos alternativos de país aunque se simule que eso es, sino una llana competencia por el poder y por los recursos económicos que significa.
El IFE ha señalado que las elecciones que recién ocurrieron han sido las más grandes de la historia del país, pues estaban en juego además de la Presidencia de la República, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, seis gubernaturas, la Jefatura de Gobierno del DF, 579 diputados locales, 876 ayuntamientos, 16 jefaturas delegacionales, y 20 juntas municipales, para un total de 2 mil 127 cargos de elección popular.
Bajo esta lógica, los partidos políticos registrados y dominados por sus cúpulas, son las empresas que participan en el mercado restringido de los puestos de elección popular.
Son los que definen a los equipos de jugadores, las reglas del juego y controlan a sus árbitros mediante la legislación electoral. Son también los que deciden qué cuentas entregan, a quién y cuándo y son los que deciden a quiénes postulan como candidatos y candidatas. Las y los ciudadanos somos los que financiamos el negocio, sin obtener ganancia alguna.
Un primer ejercicio de compra-venta generador de beneficios para los partidos-empresa en cada elección, ocurre con la decisión sobre las y los candidatos.
Algunos partidos-franquicia ofrecen sus candidaturas a quienes tengan interés en comprarlas, como es el caso de las vendidas a los consorcios televisivos por el PVEM, el PRI y el Movimiento Ciudadano.
Otras se conceden a quien garantice traer más clientes-votantes, como son las nueve jefaturas delegacionales entregadas al profesor René Bejarano en el DF. En otros casos, como en el Partido del Trabajo, las candidaturas se otorgan como renta vitalicia para sus cinco dirigentes históricos.
En los niveles estatales y municipales los principales detentadores de candidaturas son los caciques locales quienes acomodan a sus representantes en los partidos donde ven más posibilidades de ganar y mantenerse en el poder.
Una vez definida la mercancía-candidatos que nada tienen que ver con personas que van a representar a los ciudadanos, se profundizan las actividades para atraer a los votantes-clientes.
Se contratan a los encargados de las campañas de venta y promoción, lo que incluye a las empresas encuestadoras que van a demostrar "científicamente" que los candidatos del partido que las contrata son los mejores; se compran bardas, carteleras, espacios en medios impresos y modalidades ilegales de propaganda en medios electrónicos locales.
Se desatan las famosas campañas en tierra que consisten en convencer, comprar o coaccionar a los clientes cara a cara, para que voten por los candidatos del partido.
Para estas campañas en tierra se involucra y compromete a las agencias estatales de la empresa-partido dirigidas por los gobernadores o por los delegados federales de programas sociales.
Se invita a los grupos de interés para que a cambio de asegurar el mantenimiento de sus privilegios, aporten recursos en dinero o en especie y presionen a sus trabajadores, afiliados o feligreses.
Se intervienen las listas de los clientes de los partidos-empresa competidores para presionarlos a cambiar su voto. Se fotocopian, registran o se recogen impunemente credenciales de elector.
Todo este esfuerzo significa la contratación temporal de miles de "promotores" del voto, mismos que posteriormente serán colocados estratégicamente dentro y fuera de las casillas de votación como observadores y representantes de los partidos, para ejercer una última presión a los clientes a la hora de sufragar.
En un país con 79.4 millones de potenciales electores en la Lista Nominal, dispersos en más de 190 mil localidades, donde prevalece la simulación, la impunidad, la desigualdad, la violencia, y como resultado una ciudadanía de baja intensidad, parecería que la evidencia reciente nos ratifica que los partidos-empresa con mayores posibilidades de ganar son aquellos que gozan de los mayores apoyos económicos de los grupos de interés.
Ellos cuentan con mayor infraestructura y experiencia de trabajo territorial, y tienen mejores estrategias de mercado y de presión a los clientes. Es como poner a competir a refrescos Pascual con Coca Cola.
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