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Las limitaciones sociales de la estrategia de seguridad pública de Calderón

Por Clara Jusidman*

A partir de los trágicos acontecimientos del jueves 25 de agosto en Monterrey se ha desatado nuevamente un debate sobre la pertinencia de la estrategia militar y policiaca adoptada por Felipe Calderón en materia de seguridad pública.

Los discursos pronunciados por él ratifican que no está dispuesto a moverse un ápice de esa estrategia y que la sigue considerando como la correcta y la única.

Ello a pesar de las 50 mil personas muertas, las más de 10 mil desaparecidas y por lo menos 200 mil desplazadas durante su administración. Tampoco se muestra dispuesto a escuchar a las múltiples voces que le han demostrado la absoluta insuficiencia e ineficacia de esa estrategia, incluyendo la opinión de la UNAM.

La experiencia internacional muestra que la estrategia contra el crimen organizado debe contemplar un verdadero pacto político nacional y un ataque frontal a la corrupción y a la impunidad en la que están incluidos empresarios, políticos, servidores públicos, e incluso organizaciones de distinto tipo que se benefician de los enormes recursos económicos generados por el crimen organizado.

Ello aunado a un combate frontal al poder económico que acumula éste y que sustenta su gran poder corruptor.

Otro aspecto fundamental de una estrategia de combate al crimen organizado refiere a la necesidad de reconstruir el tejido social y elevar las capacidades sociales para enfrentar los riesgos y las amenazas implícitas en un incremento de la delincuencia y de las violencias.

Significa atender de manera urgente a los grupos en riesgo de las poblaciones juveniles, de las mujeres, de las familias y de la infancia; poner en práctica medidas de mitigación del daño sufrido por los cientos de miles de víctimas que han perdido a sus familiares, que se encuentran en condiciones de explotación y abuso o que han visto desaparecer su patrimonio y sus fuentes de ingreso.

Sin embargo, lo que uno observa en la política y los programas sociales del régimen calderonista es su total incapacidad para asumir y adaptarse a la emergencia social que estamos viviendo.

Los cientos de programas sociales que operan actualmente están totalmente desarticulados, fueron diseñados para una realidad que ha cambiado vertiginosamente, son inflexibles pues están sujetos a unas reglas de operación que buscando impedir la discrecionalidad, se han convertido en verdaderas camisas de fuerza.

Los funcionarios a cargo de los programas sociales están aterrados de salirse de los límites que les han sido fijados por una serie de instituciones creadas para evitar la corrupción como la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, (Cofemer), la Secretaría de la Función Pública o la poderosa Secretaría de Hacienda.

No se impide la corrupción, pero si se paraliza la operación de los programas y se generan enormes subejercicios presupuestales.

Pero lo más grave de este desastre administrativo en la política social actual es su absoluta ineficacia para acompañar una estrategia de combate a la delincuencia y la violencia.

El mejor ejemplo de esta falta de capacidad para contar con un programa social pertinente y oportuno, es la llamada estrategia Todos somos Juárez implementada a raíz de las muertes en Villas de Salvárcar el año pasado.

En lugar de entender la dramática realidad que estaba y continúa viviendo Ciudad Juárez y usar los recursos públicos para llevar a cabo las acciones sociales que se requerían, como por ejemplo apoyar la situaciones de hambre que ya se observaban y que se han agudizado, acompañar a las víctimas con apoyos jurídicos y sicológicos, trabajar con los jóvenes en riesgo para darles un sentido de vida, desarrollar fortalezas en los niños para enfrentar las violencias que viven todos los días.

Las dependencias del gobierno federal llegaron con una oferta de programas preestablecida para los que ya tenían recursos, para ponerlos en práctica en forma además totalmente desintegrada en el territorio de la ciudad. Ladrillos tirados en un desierto sin un proyecto previo para volver a levantar el edificio social, derrumbado por la violencia y la delincuencia.

Frente a un enfermo de cáncer invasivo la ambulancia sólo ofrecía jarabe para la tos. Es decir, si la realidad no se ajusta a los programas sociales y a sus reglas de operación, malo por la realidad, pues los funcionarios federales no se atreven a moverse de su pequeñísimo cajoncito, a riesgo de ser sancionados.

De igual forma están respondiendo a las demandas de las víctimas del Movimiento por la Paz o a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En uno de estos últimos casos, la Corte estableció que el Estado mexicano tenía que apoyar la educación de una de las víctimas. La respuesta del gobierno fue ofrecerle una beca del Programa de becas en apoyo a la Educación Básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas. La persona respondió que ni era madre, ni estaba embarazada.

Además a las víctimas se les promete acceso a los programas
preestablecidos, pero para ello tienen que cumplir con los requisitos de acceso definidos en las reglas de operación de esos programas. Surrealismo o rampante insensibilidad.

Urgen por tanto, una ley y un fondo para enfrentar emergencias sociales como el establecido para atender catástrofes ambientales. Habrá que convencer a quien verdaderamente manda en este país: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

*Analista del Cambio Social y presidenta de INCIDE Social A.C.

11/CJ/RMB

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