En México, casi de 6 de cada 10 embarazos no son deseados o planeados, dice la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva (2003) y se calcula que cada año aproximadamente 120 mil mujeres buscan tratamiento en los hospitales públicos por complicaciones causadas por el aborto clandestino: varias mueren, pero son más las que no llegan y fallecen.
Detrás de esas muertes por abortos clandestinos está, señalan organizaciones feministas e instituciones académicas: la falta de educación sexual y la demanda insatisfecha de anticoncepción, falla de estos métodos, carencia de servicios médicos, rechazo y estigma social, pobreza, elevado número de hijas e hijos, violación, incesto.
Pese a la penalización judicial, al estigma y el miedo, arriesgaron su vida en abortos clandestinos, evitables si todo lo anterior no hubiera sido un obstáculo para ejercer un derecho garantizado en el Artículo 4º de la Constitución mexicana: decidir el número y espaciamiento de hijas e hijos.
Su «no» a la maternidad no es un hecho aislado, sino tendencia: la tasa global de fecundidad en el país está en 2.1 hijas e hijos por mujer, en contraste con los 7 que tenía a finales de los años 60, señala Naciones Unidas, lo que coincide con la tendencia mundial.
Tampoco es un fenómeno nuevo: desde 1964, la Encuesta Demo-Sociológica Familia y reproducción en el DF, realizada por la UNAM reveló que había una proporción importante de mujeres que no desean más hijas o hijos y que estaban interesadas en saber más sobre uso de métodos anticonceptivos.
La Encuesta de Fecundidad Rural de 1969-70 mostró que las mujeres del campo expresaban un deseo de limitar la descendencia, aunque tenían un conocimiento escaso de la anticoncepción y acceso a ésta prácticamente nulo, recuerda Carlos Welti en «Las encuestas nacionales de fecundidad en México y la aparición de la fecundidad adolescente como tema de investigación».
Por eso, desde 1987, señala Welti, existe ya interés por asociar a la anticoncepción con la salud de las mujeres y se pone en circulación en el mundo el concepto de salud reproductiva. La Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud de ese año hacía, por esa razón, énfasis en la salud de las mujeres y los hijos, y en la información que recibían sobre sus derechos reproductivos.
El descenso de la natalidad en México –como en cualquier otro país–, no obedece solo a la eficiencia del programa de planificación familiar, dice Cristina Barroso en «La fecundidad indígena en México bis a bis la visión de los programas oficiales ¿caminos divergentes?».
En las últimas décadas, señala, han influido también: una mayor independencia de la mujer respecto al hogar, su mayor inserción en la economía formal e informal, pero retribuida y realizada fuera del hogar; los niveles educativos de la población en general han aumentado, las mujeres optan por mayores grados de estudio y coinciden, como en los países de Occidente, con un menor número de hijos; la crisis económica hace pensar a los padres futuros en un menor número de hijos ya que el costo y la manutención son cada vez más elevados.
Eso está relacionado con el avance de las mujeres y el movimiento feminista, de donde surgió, el 28 de mayo de 1987, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, durante el V Encuentro Internacional de Salud de la Mujer, con el fin de exigir a los Estados que garanticen la salud sexual y reproductiva como un derecho humano y de ciudadanía, que pueda ser accesible para todas las mujeres, a través de la aplicación de recursos, normas y leyes.
Una de sus demandas es acceso al aborto legal para no morir y este año es el tema de la campaña impulsada a favor de la salud de la población femenina.
ESCALADA CONSERVADORA
El llamado no es gratuito, afirman, pues responde a la escalada conservadora que vive la región latinoamericana en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde Dominicana, Nicaragua y México son ejemplo de ello.
Se intenta imponer, desde una posición confesional, impulsada por la Iglesia católica, la idea de que el valor de las mujeres radica solo en su función reproductiva, como en los fascismos europeos de los años 30, se dijo en el XIII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que, por la misma razón, tocó el tema de los fundamentalismos.
En México, el PAN impulsa cambios legales que inhiben la decisión sobre la maternidad y fomentan estrategias de atención encaminadas a apoyar fundamentalmente a las mujeres embarazadas.
Junto con el PRI, el PAN ya realizó cambios a las constituciones políticas de 13 estados del país, que limitan y criminalizan la Interrupción Legal del Embarazo, aún en casos de violación (incluso a niñas), incesto, malformación congénita del producto, riesgo de salud de la gestante, inseminación forzada, así como el DIU y la anticoncepción de emergencia, fundamental en caso de violación.
Solo en algunos casos se conservaron causales que dispensan la pena, aunque las mujeres deben «comprobar», por ejemplo, la violación. En otro caso, permiten conmutar la cárcel por un «tratamiento» psicológico.
La «Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México», presentada por Felipe Calderón, el 28 de mayo pasado, se inscribe en esta tendencia, dice a Cimacnoticias Daniela Díaz, del Centro de Análisis Fundar. Es una «acción de refuerzo a los cambios constitucionales y se llevó a cabo al día siguiente de que la Coalición por la Salud de las Mujeres realizara una protesta contra dichas reformas».
Ante las discrepancias, dice Cristina Barroso, las políticas públicas deben considerar las realidades diversas que viven las mexicanas, porque no hay sola forma de concebir y actuar frente a la fecundidad.
Para ello tienen las mujeres, hasta hoy, la garantía del Artículo 4º de la Constitución mexicana.
09/GTR/GGQ
