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Las mujeres, columna para el desarrollo global

En un hecho histórico, el Consenso de Montevideo llama a las naciones a reformar sus leyes para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad.
 
Para lograr el desarrollo de la región de América Latina (AL) y el Caribe es necesario el reconocimiento pleno de los Derechos Humanos (DH) de las personas, especialmente de los derechos sexuales y reproductivos –incluido el aborto– de las mujeres, adolescentes y niñas. 
 
Así lo acordaron de manera unánime delegados y representantes de 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al finalizar la semana pasada en la capital de Uruguay la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.
 
Después de cuatro días de trabajo (del 12 al 15 de agosto), el llamado Consenso de Montevideo logró que por primera vez los países latinoamericanos tomaran en cuenta las demandas de las mujeres, en particular al derecho al aborto.
 
Con el auspicio de la Cepal, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el gobierno de Uruguay, gobernantes y 260 organizaciones no gubernamentales coincidieron en el papel relevante de las mujeres como motor del desarrollo económico, por lo que acordaron coordinar esfuerzos para garantizar el pleno acceso a sus DH, en los que se encuentra el derecho a la interrupción legal del embarazo.
 
En el documento final se incluyeron más de 120 medidas sobre ocho temas identificados como prioritarios para dar seguimiento al Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas, realizada en El Cairo en 1994.
 
En el resolutivo los países acuerdan asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres con embarazos no deseados y no aceptados.
 
Pero no sólo eso: los gobiernos se comprometen a “considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo, para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes”, todo a fin de aminorar los abortos inseguros.
 
En el contexto de este acuerdo histórico, la Articulación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe Cairo+20 celebró que se reconociera que los derechos sexuales y reproductivos son parte “integral de los DH y su ejercicio es esencial para el goce de otros derechos fundamentales y para alcanzar las metas internacionales de desarrollo y eliminación de la pobreza”.
 
RECONOCEN REZAGOS
 
Durante la inauguración del encuentro, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, recordó que persisten “profundas e inaceptables desigualdades” para las mujeres de la región, toda vez que a dos décadas de distancia de la CIPD los derechos sexuales y reproductivos aún no están plenamente reconocidos. 
 
Sostuvo que la mortalidad materna da cuenta de las carencias de la población en materia de acceso a servicios de salud, y que el embarazo en adolescentes evidencia las desventajas de las jóvenes, lo que entorpece el desarrollo económico de un país y por tanto de la región.
 
En la Conferencia Regional –donde también se hicieron escuchar las voces de la infancia, las jóvenes, las mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes– se logró colocar en el documento final un capítulo dedicado a la igualdad de género.
 
Entre los resolutivos está el compromiso de promover la paridad de mujeres y hombres en los sistemas electorales, sancionar el acoso político hacia las mujeres, y desarrollar sistemas de cuidado para las trabajadoras.
 
Se destaca que la violencia contra niñas, mujeres y personas de la diversidad sexual, así como la violencia sexual “constituyen un indicador crítico de marginación, desigualdad, exclusión y discriminación”.
 
Al hacer un balance de la Conferencia, la Articulación de la Sociedad Civil destacó el espacio de debate en el que se discutieron las propuestas para avanzar en la agenda con una amplia participación de la sociedad civil.
 
Resaltó que la región de AL y el Caribe ratificó la necesidad de acabar con las desigualdades de género como un requisito fundamental para lograr el desarrollo.
 
Con el documento final, la región se presentará el próximo año en Nueva York para participar en la reunión de la ONU con el fin de establecer nuevas metas para garantizar los derechos de las personas y el desarrollo económico de los países, toda vez que en 2015 expiran los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), acordados en el año 2000.
 
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