La reforma del Estado es una asignatura pendiente que despertó en 1994, luego de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional convocó a un Congreso Constituyente y, de ese modo, alentó al movimiento organizado de mujeres para que enlazaran sus esfuerzos en pro de las demandas de equidad de género con la exigencia de igualdad por parte de las mujeres zapatistas.
Al menos desde 1995, tras diversas sesiones de trabajo entre organizaciones civiles y las distintas fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, el movimiento organizado de mujeres ha incidido con propuestas en el tema de género en la aún irresuelta discusión sobre la reforma del Estado.
Ejemplo de ello son las modificaciones a la Constitución, sugeridas por la actual Agrupación Política Nacional Mujeres en Lucha por la Democracia y publicadas en la Guía analítica para la reforma política del Estado en 1996; documento base de discusión que editó el llamado Grupo de Diputados Ciudadanos.
La mayoría de esas propuestas, referentes a la participación política de las mujeres, han sido ignoradas en los trabajos que actualmente se llevan a cabo en la Cámara baja; sino es que en el mejor de los casos ya han sido incluidas de manera parcial en la actual legislación federal.
Como parte de la reforma administrativa, correspondiente a la agenda para la reforma de los poderes públicos, Mujeres en Lucha por la Democracia demandó «que se garantice la inclusión de al menos 30 por ciento de mujeres en el servicio público profesional en cargos de dirección (en cumplimiento al compromiso signado por el gobierno de México ante la ONU en Pekín)».
Asimismo en el tema Régimen de partidos, correspondiente a la agenda para la reforma electoral, ese organismo exigía que «cada partido, de acuerdo al número de mujeres en su padrón, tenga proporcionalmente el mismo número de mujeres a nivel de dirección».
Entre las viejas demandas de las distintas organizaciones de mujeres que se cumplieron recientemente, destacan las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para garantizar mayor participación política de las mujeres.
En 1996 Mujeres en Lucha por la Democracia se sumó a esa discusión argumentando que «debido a que el padrón electoral está conformado en un 51 por ciento por mujeres, se deberá reglamentar que los partidos obligatoriamente incluyan en sus listas por lo menos a un 30 por ciento de candidatas».
En lo que se refiere a la legislación sobre comunicación, correspondiente a la agenda para la comunicación social y la participación ciudadana, esa agrupación política propuso que se incluyeran en las leyes y reglamentos de la Ley general de comunicación social, «disposiciones que aboguen a favor de la equidad, la no discriminación y la difusión de imágenes dignas de la mujer».
Hasta el momento esa exigencia ha sido pasada por alto en la actual discusión sobre la reforma política del Estado.
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