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Las sociedades de convivencia, congeladas

Por María de la Luz González

El veto a la Ley de Sociedades de Convivencia es uno de los saldos negativos en la gestión del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, quien “congeló” la iniciativa pese a ser una propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y uno de los compromisos de campaña de ese instituto político en la capital.

Antonio Medina, coordinador de la agencia de noticias NotieSe, especializada en temas de salud, sexualidad y Sida, consideró que el veto constituye un acto retardatario, y refleja tanto la homofobia de López Obrador como su disposición a complacer a los grupos de ultraderecha y a la Iglesia católica, en detrimento de los derechos de una minoría.

“Al afirmar que era necesaria una consulta pública sobre la ley, López Obrador está generando discriminación, porque los derechos de una minoría no se pueden someter a la opinión pública, simplemente deben reconocerse y respetarse”, afirmó en entrevista con Cimacnoticias.

La iniciativa propone otorgar derechos a quienes deciden mantener una convivencia fuera del matrimonio o el concubinato tradicionales, tales como el reconocimiento de los hogares, el testamentario y el de tutela legítima (es decir, la posibilidad de dar protección a la salud y hacerse cargo de la pareja en caso de indefensión), entre otras responsabilidades y obligaciones.

La jerarquía católica, particularmente el cardenal Norberto Rivera Carrera, y los grupos de ultraderecha lanzaron durante 2003 una amplia ofensiva contra la ley, calificándola como la “ley del matrimonio de homosexuales”, y a tono con estas expresiones, el jefe de Gobierno vetó, en la práctica, la aprobación de la iniciativa, que ya había pasado todo el proceso legislativo, luego de un encuentro que mantuvo con el propio cardenal.

Tras el veto, que impidió la aprobación de la ley, explicó Medina, también se ha retrasado sin explicación alguna la discusión, con lo que tanto los legisladores como el jefe de Gobierno “están evadiendo su responsabilidad de reflexionar y resolver una problemática que existe y tiene que ser reconocida”, afirmó.

En los hechos, los diputados del PRD aceptaron la decisión de López Obrador de no discutir este tema, porque la Iglesia católica y los grupos de ultraderecha no estaban de acuerdo y esta posición y la del jefe de Gobierno han estado muy cercanas, señaló el activista.

Medina también cuestionó la intervención del ex líder del PRD en la Asamblea Legislativa, René Bejarano, quien hizo creer a las organizaciones civiles que estaba de acuerdo con la iniciativa y que trabajaba para impulsar su aprobación, “cuando en realidad estaba operando, por instrucciones de López obrador, para impedir que la fracción perredista la aprobara”.

En el balance negativo de la gestión de López Obrador, Medina también incluyó el congelamiento de la partida de cinco millones de pesos para acciones de prevención del Sida entre la comunidad gay, que fue aprobada en 2002 por la anterior Legislatura, pese a lo cual no se ejerció durante 2003 y, a la fecha, se desconoce el destino de esos recursos.

“Estamos a mediados del 2005 y la única explicación que nos ha dado la responsable del Programa de Sida en el Distrito Federal, Carmen Soler, es que la Asamblea liberó el presupuesto ‘pero con candados’ y que nosotros no entendemos”, explicó.

El activista cuestionó cuándo un candado legal ha sido un obstáculo para el jefe de Gobierno, y comentó que entre las organizaciones civiles existe la percepción de que esos cinco millones de pesos se invirtieron en una trabe o en un turibús.

Su conclusión fue que López Obrador no ha cumplido con la comunidad gay y que esa falta de compromiso tiene su explicación en la homofobia del jefe de Gobierno.

05/LG/GM

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