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Legalizar “trabajo sexual” normalizaría explotación del cuerpo

Por Anayeli García Martínez
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En medio de confrontación, gritos y acusaciones, organizaciones civiles y activistas coincidieron en que la “trata de personas” es un delito que se debe combatir pero mantuvieron posiciones encontradas sobre la propuesta del Jefe de Gobierno de reconocer el “trabajo sexual” en la Constitución capitalina.
 
En el segundo foro convocado por el diputado perredista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Víctor Hugo Romo, para debatir la propuesta de derogar la prostitución como una infracción en la Ley de Cultura Cívica de la capital, las activistas se pronunciaron sobre el borrador de Constitución Política de la Ciudad de México que reconoce esta actividad como un trabajo.
 
Activistas como la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Teresa Ulloa Ziáurriz y la integrante de la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente, Mónica Soto Elizaga dijeron que reconocer el “trabajo sexual” serviría para afirmar que las víctimas de trata “hacen un trabajo voluntario”.
 
Al respecto, Soto Elizaga aseguró que todas las mujeres, incluyendo las que están en condiciones de prostitución, tienen derecho a la salud, trabajo, identidad sexual y vivienda, y por tanto no deben ser reprimidas ni criminalizadas pero dijo que hay que tomar en cuenta que hay niñas y mujeres que son obligadas a prostituirse.
 
La feminista expuso que la posición en contra de reconocer el “trabajo sexual” no es una ideología mojigata porque cada persona puede tener la vida sexual que quiera, sin embargo, señaló que con esta propuesta –que estará a debate en la Asamblea Constituyente– el Gobierno de la Ciudad de México normalizaría una actividad donde se explota el cuerpo de las mujeres.
 
En la misma posición, la activista Teresa Ulloa Ziáurriz dijo que es preocupante reconocerlo como un “trabajo” toda vez que en uno se garantizan los derechos laborales como aguinaldos y vacaciones, por lo que afirmó que en lugar de hablar de “trabajo sexual” las autoridades deberían ofrecer a las capitalinas oportunidades cuando quieran salir de contextos de prostitución.
 
En la parte opuesta, el coordinador de Documentación y Litigio de Casos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) –organización que promueve derechos sexuales y reproductivos–, Alex Alí Méndez Díaz, aseguró que en este tema se deben considerar los tratados internacionales y el marco jurídico nacional y no sólo las posiciones ideológicas.
 
Recordó que en 2013 el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal emitió una resolución donde reconoció el “trabajo sexual” como una actividad laboral y por tanto aclaró que se debe partir de esta resolución. “Podemos criticarlo pero ya está la sentencia”, dijo.
 
Señaló también que el artículo 5 de la Constitución federal dice que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos” por lo que aseguró que el problema técnico para legislar es la distinción entre el lenocinio, la trata y explotación porque el “trabajo sexual” “ya está protegido” por una jueza federal.
 
Durante el foro -que se presentó como una mesa de parlamento abierto- algunas de las personas asistentes aplaudieron a quienes apoyaban esta postura y gritaron consignas a quienes estaban en contra, refutaron datos e hicieron cuestionamientos a las personas oradoras. Así, tomó la palabra la activista de la organización “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez”, Elvira Madrid, quien lleva 27 años trabajando este tema.
 
De acuerdo con la activista, en las zonas donde las mujeres y personas trans o intersexuales realizan su “trabajo” también hay trata de personas, pero aclaró que ya existe una Ley para combatir este delito por lo que –advirtió– hay que “aprender a distinguir entre una actividad laboral y un delito”.
 
Elvira Madrid dijo que hay confusión para reconocer quién es víctima y quién trabaja por su cuenta; en este sentido pidió a la Asamblea Legislativa que haga un llamado a la Procuraduría de Justicia capitalina para que deje de criminalizar a las mujeres cuando hace operativos en las calles o centros nocturnos de la Ciudad.
 
Mencionó que entre las arbitrariedades que viven las trabajadoras es que si llevan condones se les acusa de lenocinio, las obligan a firmar declaraciones sin que las lean o a firmar hojas en blanco; y aseguró que “Brigada Callejera” no promueve la trata, por el contrario la denuncia.
 
En la mesa donde también participaron investigadoras; un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Suarez del Real y la antropóloga feminista Marta Lamas, ésta última señaló que hay posiciones encontradas y coincidencias, por lo que hizo un llamado a las organizaciones civiles a trabajar en lo que sí comparten.
 
16/AGM/LGL

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