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Lejos de proteger, política de seguridad pone en mayor riesgo a las mujeres

Por la Redacción

La política de seguridad implementada en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y en el actual, de Enrique Peña Nieto, es insuficiente, inadecuada y carece de un enfoque de género y de Derechos Humanos (DH), criticó Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
 
“Priorizar la seguridad ciudadana de la población femenina para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, es una de las conclusiones del estudio “Hacia la seguridad de los derechos: Aportaciones al debate sobre políticas de seguridad y democracia”, que elaboró Mariana Mora, investigadora del área de Derechos Humanos de Fundar.
 
En el documento, la experta señaló la urgencia de cambiar las políticas de seguridad del Estado y desarrollar nuevas estrategias de prevención para evitar más violaciones a los DH, principalmente de las mujeres, las personas jóvenes y las poblaciones indígenas.
 
Mariana Mora concluyó que las actividades de prevención social y el diseño e implementación de políticas de seguridad pública que plantean ser de proximidad –como la Gendarmería y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred)– no cuentan con un enfoque de género y estigmatizan a la población afectada.
 
Detalló que las acciones de seguridad anunciadas por el gobierno federal desde 2006 no están diseñadas para atender casos de  violencia intrafamiliar, e ignoran a las familias de las víctimas de desaparición forzada, tortura o asesinatos extrajudiciales.
 
Además, dijo que estas acciones no están encaminadas a generar estrategias de prevención para proteger específicamente la vida de las mujeres desde el reconocimiento de sus derechos y necesidades individuales y colectivas, lo que incrementa sus percepciones de riesgo y restringe el pleno ejercicio de sus derechos.
 
La investigadora advirtió la necesidad de crear mecanismos institucionales o reforzar y adecuar los existentes, para que las mujeres y niñas puedan denunciar los actos de violencia, y urgió a elaborar políticas públicas orientadas a atender casos de violencia bajo parámetros interculturales, y que reconozcan a las víctimas como sujetas de derechos.
 
En la investigación se propone encaminar las políticas de seguridad hacia la protección y fortalecimiento de los DH, y no hacia la restricción de ellos a través de la fuerza pública.
 
“Las fuerzas de seguridad pública son sólo un eslabón en las políticas del seguridad del Estado, que deben actuar como garantes de los DH, en lugar de defender el orden público”, señaló Mora, quien también criticó que la reciente incorporación de términos como “seguridad ciudadana” y “políticas de proximidad social” a las reformas y programas nacionales son “simples cambios de forma y no de fondo”.
 
Mariana Mora propuso la elaboración de una nueva agenda de seguridad que parta de los derechos de distintos grupos de la población; mayor capacitación y profesionalización de las fuerzas de seguridad pública en materia de DH; implementar y evaluar políticas de prevención desde modelos intersectoriales; y generar mecanismos de gobernabilidad democrática.
 
Estas acciones –señaló– deben cumplir con el objetivo de disminuir la tasa de violencia en el país, aumentar la participación activa de la ciudadanía, y fortalecer los mecanismos de protección y promoción de sus DH.
 
Fundar recordó que son varios los organismos internacionales que han emitido observaciones y recomendaciones en materia de seguridad y DH en México, y señaló que la desaparición de 42 normalistas y el asesinato de siete personas en Iguala, Guerrero, el pasado 26 y 27 de septiembre es responsabilidad del Estado, que no garantiza la vida y seguridad de su población.
 
Las conclusiones del estudio derivaron de un diagnóstico realizado en el municipio de Tlapa, Guerrero, que –advirtió Mora– es “resonancia” de lo que sucede a nivel federal, ya que se sitúa en la entidad que registró durante los recientes ocho años las tasas delictivas más altas del país, con más casos de homicidio de 2006 a 2012 y mayores índices de pobreza y marginación.
 
La investigadora realizó un trabajo de campo en ese municipio entre marzo y septiembre de 2013, lapso en el que recogió experiencias y percepciones de la población indígena local sobre inseguridad y violencia, evaluó el actuar de las instituciones de seguridad, y reunió recomendaciones de la población local para mejorar la seguridad.
 
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