En 2007, México ocupaba la posición 93 en desigualdad entre mujeres y hombres, en una la lista de 128 países, ubicado por debajo de España, Ecuador, Venezuela, Ghana, Brasil y Nicaragua, según el Foro Económico Mundial 2007.
Datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) lo confirman: en la Administración Pública Federal, ellas representan apenas 27.4 por ciento en los puestos de mando medio y superior, y su participación en la vida sindical no supera el 13 por ciento.
En cargos de elección popular, la representación de las mujeres es también escasa: 17 por ciento en la Cámara de Senadores y 23 por ciento en la de Diputados. Situación similar se da en los Congresos locales, con 21 por ciento en promedio, pues hay entidades con 8 por ciento y un máximo de 33 por ciento de representación.
De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), el acceso de las mujeres a gubernaturas ha sido casi nulo. Como presidentas municipales, en los últimos 20 años su representación no ha pasado el 4 por ciento, las regidoras representan 27.6 por ciento y las síndicas 13.1 por ciento. El porcentaje de mujeres mayores de 18 años que participan en organizaciones civiles es de 41.3 por ciento.
Contra esta inequidad, que persistente por siglos, se creó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo instrumento principal es el Programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres (Proigualdad).
La Ley, iniciativa de la senadora Lucero Saldaña, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006, pero fue hasta el 8 de marzo de 2007, en la celebración del Día Internacional de la Mujer, cuando Felipe Calderón firmó el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres, durante una paradójica ceremonia donde estuvo presente Eufrosina Cruz, a quien con base en la Ley electoral de usos y costumbres de Oaxaca, se le negó ser presidenta municipal de Santa María Quiegolani.
Y durante la presentación de Proigualdad, el pasado 15 de mayo, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) aceptó que en nuestro país falta aún un largo camino para lograr la armonización de esta legislación con los principales convenios y tratados ratificados por México, como la CEDAW.
LA POLÍTICA DE SIEMPRE
Para la presentación de Proigualdad, Inmujeres convocó el pasado 20 de mayo a organizaciones de la sociedad civil al primer Foro de interlocución con movimientos y organizaciones de mujeres. Aunque la reunión fue definida por la institución como un espacio «de diálogo», varias representantes de organizaciones de mujeres denunciaron que aquello no fue un foro de interlocución, pues nunca fueron escuchadas y en los paneles de análisis no había representantes de ninguna ONG.
Guillermina Guevara García, representante de Desarrollo Humano y Social (Copilli) irrumpió el foro señalando que un «formato de café» no permite profundizar en temas estratégicos y estructurales de las mujeres.
Su molestia, dijo en entrevista a Cimacnoticias, era que «se reconoce a las organizaciones civiles de mujeres, se les pide coinversión, por un lado, y por otro está la política de siempre, donde te dan una capacitación, pero a la hora de la hora no te dan el recurso para operar».
OBSTÁCULOS PATRIARCALES
El objetivo 7 de Proigualdad es impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y representación en espacios de toma de decisión en el Estado. Sin embargo, para la diputada Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, el Programa tiene un gran reto: la trasformación de la mentalidad, es decir, la ideología patriarcal de nuestra sociedad.
«Si la gente que participa de las políticas públicas no logra entender la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres, de empujar acciones positivas, acciones afirmativas para empezar a disminuir la brecha de inequidad, va ser muy difícil implementarlo», considera.
Lo preocupante es la visión conservadora de muchos de los funcionarios de la administración pública, advierte, «hay mucha gente que hace política y esta muy vinculada a posiciones y visiones tradicionales, roles tradicionales, de las mujeres».
Lucero Saldaña ve, sin embargo, una bondad en Proigualdad: cambia la perspectiva del anterior (Proequidad), ya que la equidad entre mujeres y hombres no es la meta sino el instrumento para promover la igualdad y para que «las condiciones, las brechas existentes, vayan disminuyendo en todas las áreas».
¿HACIA LA DEMOCRACIA PARITARIA?
Hablar de paridad no es nuevo. En 2003, durante la inauguración del Seminario Internacional los Derechos Políticos de las Mujeres en América, presidido por la entonces senadora priista Lucero Saldaña, las legisladoras se reunieron para debatir acerca de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en materia política.
Ahí, Patricia Mercado, fundadora del Partido Alternativa Socialdemócrata, habló de hacer un pacto por la paridad democrática y alertó a las participantes: «todas las mujeres que hemos querido tener participación activa en la política hemos encontrado toda clase de obstáculos, hemos enfrentado la incredulidad de muchos hombres».
Más recientemente, con motivo de la renovación del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), legisladoras de todos los partidos, a través de la diputada Maricela Contreras, exigieron respeto a los lugares de toma de decisión ocupados por mujeres y al derecho a participar en la vida política y democrática de México.
De cumplirse en el IFE el principio de la democracia paritaria, el próximo 19 de junio el Congreso definirá que tres mujeres se integren al Consejo General del órgano encargado de validar los procesos de elección popular en nuestro país.
En opinión de Lucero Saldaña lo más importante de la Ley de Igualdad no es tan sólo que exista sino que se aplique, es decir «los impactos reales» que tenga en la vida cotidiana e institucional de las y los mexicanos.
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