La senadora Alexandra Moreno Piraquive, solicitó al Congreso de Colombia incluir en la Ley de Víctimas y restitución de Tierras que se trabaja en ese país, un capítulo especial referente al resarcimiento de las mujeres víctimas de violencia sexual y agredidas por los grupos armados ilegales.
Moreno Piraquive, informó que las víctimas son invisibilizadas por la justicia, por lo que se buscará que en la norma mencionada, se incluya un capítulo para apoyarlas con un resarcimiento especial, donde no sólo se entreguen tierras, sino apoyo para educación y salud.
En un comunicado, la senadora detalló «lo que planteamos es una reparación transformadora y avanzada»… porque el Estado colombiano les debe mucho y esperamos que la propuesta sea admitida por el Congreso.
La Ley se encuentra en trámite reglamentario en la Comisión Primera de la Cámara, el próximo martes 26 de octubre se votará en primer debate y se evaluará la propuesta de la reparación especial para mujeres víctimas de violación en el contexto del conflicto.
De acuerdo con las especialistas, en apego al derecho nacional e internacional, debe garantizar que cualquier mujer en esa circunstancia tenga la posibilidad real y oportuna de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
En este sentido, según medios colombianos, la promotora de la iniciativa, insistió en la necesidad de que este capítulo especial sea incluido ya que muchas de las mujeres fueron abusadas por varios hombres a la vez, y resultaron embarazadas. Es por ello que considera que debe haber una reparación transformadora y avanzada.
En un comunicado Mónica Roa, directora de programas de la organización Women’s Link Worldwide, aplaudió la iniciativa que reivindica los derechos de las mujeres y consideró que evidentemente, si hay hijas e hijos nacidos de esas violaciones, las mujeres tienen derecho a ser atendidas de manera prioritaria dentro del escenario de restitución de tierras.
Asimismo, como garantía de no repetición, el Estado debe garantizar para todas las mujeres en situación de vulnerabilidad por abuso sexual, el acceso a la anticoncepción de emergencia o a la interrupción del embarazo, de acuerdo con las leyes colombianas.
De acuerdo con la organización Oxfam Internacional, a 50 años del conflicto armado en Colombia, no se ha «podido» cuantificar, ni siquiera de manera aproximada, cuántas mujeres y niñas colombianas han sido víctimas de violencia sexual, la cual ha sido utilizada de forma sistemática y generalizada durante el conflicto.
Según Oxfam-organización civil que trabaja con 3 mil organizaciones civiles contra la pobreza y por los derechos humanos, no se puede calcular el número de mujeres que han sufrido violencia sexual por parte de los integrantes de un grupo armado por las siguientes razones:
En primer lugar porque muchas mujeres renuncian a denunciar por el temor a las represalias, a la vergüenza, al miedo y al peligro que pueden correr ellas y sus familias. La falta de garantías legales y la falta de confianza en las instituciones estatales, son otros factores que les impiden declarar a aquellas mujeres que desean hacerlo. A ello, se añade el sentimiento de culpa que suele acompañar a las víctimas.
La suma de todos estos factores ha hecho que este tipo de violencia se haya «normalizado» dentro de la sociedad colombiana, y muchas de las mujeres no se consideren víctimas porque no creen, o no saben, que la violencia sexual es un delito.
Las mujeres en Colombia representan poco más del 50 por ciento de la población total, lo que supone alrededor de 22.3 millones. De esta cifra, el 54 por ciento vive por debajo del umbral de la pobreza, mientras que la media nacional es del 46 por ciento. Además, el 46 por ciento de la población que vive en la indigencia son mujeres.
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