La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2006 por las cámaras de Diputados y Senadores, enfrenta actualmente un «veto de bolsillo» de parte del presidente Felipe Calderón.
¿En qué consiste el «veto de bolsillo»?
A decir de algunos legisladores, es la manipulación de una facultad y obligación constitucional de darle fluidez al proceso legislativo como un subterfugio del Ejecutivo de vetar en la práctica, sin sustento legal y fuera del trámite legislativo, el cumplimiento de una ley.
De acuerdo con el artículo 72 de la Constitución Mexicana, relacionado con los procesos legislativos para la promulgación de una ley, «aprobado un proyecto de ley? se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente».
Y agrega, «se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido».
Ante la paralización del ejecutivo para publicar esta ley, el grupo parlamentario de Convergencia presentó esta semana ante la Comisión Permanente, un punto de acuerdo para exhortar a Felipe Calderón a que promulgue el decreto que expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Sin embargo, el punto de acuerdo, firmado por los ocho coordinadores parlamentarios y considerado de urgente y obvia resolución, no obtuvo las dos terceras partes de la votación para ser aprobado, por lo que fue turnado a la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Esto significa, según explicó a Cimacnoticias Carlos López Ángel, asesor en materia de procesos legislativos del PRD, que será hasta que inicie el periodo ordinario de sesiones cuando se revise la pertinencia de volver a turnar el punto de acuerdo, pero ahora ante la Cámara de Diputados.
López Ángel precisó que otra posibilidad para resolver este «nudo procesal», es que el 1° de febrero el jefe del Ejecutivo publique la ley en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dando cumplimiento a lo que establece la Constitución.
LA REVISA GOBERNACIÓN
En entrevista con Cimacnotcias, la diputada Martha Tagle, promotora del punto de acuerdo, destacó la importancia de enviar el exhorto a Felipe Calderón, ya que sería una forma de presionarlo para que publique la Ley.
Recordó que ha recorrido un largo camino, desde su aprobación en la Cámara de Diputados en abril de 2006; luego en el Senado, en donde se votó a favor durante los últimos días del pasado periodo ordinario de sesiones y actualmente en espera de su publicación en el DOF.
Tagle Martínez externó su preocupación luego de que han transcurrido ya los 10 días que establece la Constitución para que el Ejecutivo pueda presentar alguna observación a la Ley o bien publicarla.
Al respecto, la diputada de Convergencia comentó: «Tenemos conocimiento que el jurídico de la Secretaría de Gobernación la esta revisando para hacerle algunas observaciones y entregarlas en cuanto inicie el periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero próximo», apuntó.
Martha Tagle precisó que existen lagunas en torno a la publicación de las leyes, toda vez que en la Constitución sólo se establece que el Ejecutivo tiene 10 días para hacer observaciones, sin embargo no se precisa si aplica únicamente en periodos ordinarios o también durante los trabajos de la Comisión Permanente.
Aseguró que las ex diputadas Marcela Lagarde, Angélica de la Peña y Martha Lucía Micher, principales impulsoras de esta ley durante la LIX legislatura, tuvieron especial cuidado en que toda la parte legal quedará muy clara, para no caer en riesgos de inconstitucionalidad.
ESTABLECEUN SISTEMA PARA TODO EL PAÍS
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, marca un parteaguas en la prevención y erradicación de la violencia de género, al establecer un Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.
Este sistema será presidido por el titular de la Secretaría de Gobernación e integrado por los titulares de la Procuraduría General de la República, de las secretarías de Seguridad Pública, de Educación, de Salud, Desarrollo Social y del Instituto Nacional de las Mujeres.
La titular del Inmujeres presidirá la secretaría Ejecutiva del Sistema, elaborará el proyecto de reglamento para el funcionamiento del mismo y lo presentará a sus integrantes para su consideración y aprobación en su caso.
El objetivo inicial es que todas estas instancias se coordinen y hagan un trabajo conjunto en torno a las acciones y programas que cada una de ellas realiza para atender la violencia contra las mujeres.
El sistema, abundó la diputada Tagle, permitirá determinar cómo se va a coordinar, como política pública de Estado, el trabajo de todas estas dependencias, porque en cada una de ellas existe en mayor o menor medida un programa para atender a las mujeres.
07/LGG/CV
