Diversas organizaciones reunidas en la Primera Cumbre de Comunidades Migrantes Latino Americanas, que se llevó a cabo del 10 al 13 de mayo en Michoacán, y en donde estuvieron presentes más de 700 líderes migrantes del mundo, se pronunciaron contra la construcción de varios muros a lo largo de la frontera con México y la militarización por la Guardia Nacional.
En el pronunciamiento apoyan también la marcha que se llevará a cabo el próximo 17 de mayo en Los Ángeles, California, luego del desalojo violento del 1 de mayo, y porque las investigaciones en curso lleguen hasta sus últimas consecuencias.
Asimismo, se manifestaron contra el llamado Plan México, de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), similar al Plan Colombia, ya que «atenta contra la soberanía nacional en aras de combatir el narcotráfico».
Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Confederación de Migrantes Mexicanos, de California; Casa del Migrante, de Laredo Texas; Club la Purísima, de Illinois; Asociación Migrantes Ecuatorianos; Asociación de Michoacanos en California; Federación Guanajuatense del Sur de California, y Asociación Salvadoreños en California.
Este pronunciamiento ocurre cuando el enfoque de seguridad en la política interior y exterior ha generado un endurecimiento de las políticas migratorias, pues no toma en cuenta como eje central a la persona y por lo tanto no garantiza el respeto a sus derechos humanos, según el documento «Los derechos de la población migrante asegurada ante la propuesta de cambios en las normas de funcionamiento de las estaciones migratorias».
En ese marco, según el texto, en nuestro país dichas políticas se endurecieron en el 2005 con la integración del Instituto Nacional de Migración (INM) al Consejo de Seguridad Nacional y con el actual Proyecto de Normas para las Estaciones Migratorias.
En el proyecto, continúa el texto, se pueden detectar tres intenciones por parte del Gobierno mexicano: primero, realizar una repatriación expedita y acelerada; segundo, mantener el orden y la seguridad en los centros de detención migratoria y, por último, restringir el acceso de las organizaciones de la sociedad civil y de representantes legales argumentados en protección de los asegurados de malas prácticas de algunas personas, y para prevenir delitos como el tráfico de personas y la extorsión.
Sin embargo, «el Estado mexicano debiera ser capaz de detectar estas prácticas y delitos mediante mecanismos que no impliquen la restricción de los derechos a las personas aseguradas».
Lo anterior, ya que las y los migrantes en territorio mexicano, sin importar su situación migratoria y nacionalidad, deben gozar de todas las garantías individuales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos humanos signados en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el gobierno mexicano, subraya el texto.
Por el contrario, el proyecto de normas limita los derechos humanos de las y los migrantes y refugiados en detención dentro de las estaciones migratorias, concreta el texto.
Entre otras cosas, el proyecto no es claro sobre la situación de las familias al interior de las estaciones, aún cuando se debe asegurar el respeto de los derechos de las y los niños y mujeres que se encuentran detenidos. En este sentido, la normatividad no señala los derechos de los que deben gozar las y los menores de edad nacidos en territorio mexicano durante la estancia de su madre o de ambos progenitores en las estaciones migratorias, según el documento.
Asimismo, indica el texto, el proyecto no garantiza la vigencia del derecho de la integridad física y mental para las y los asegurados, ni el acceso a los servicios de salud, aún cuando el Estado está obligado a garantizar la asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad.
Y sobre las condiciones sanitarias, de higiene, ropa y camas, el proyecto de normas sólo señala que las y los migrantes recibirán una colchoneta y enseres básicos de aseo personal, «lo cual no es suficiente, toda vez que no garantiza la higiene adecuada en cuanto a ropa y otras necesidades de los asegurados»
Tampoco garantiza que no habrá condiciones de hacinamiento al interior de las estaciones migratorias y deja fuera el respeto a las condiciones culturales de los asegurados, asegura el documento.
Y, finalmente, si sus derechos son violados, el proyecto de normas de ninguna manera establece cómo las personas aseguradas pueden acceder a los medios legales para realizar denuncias sobre sus condiciones de detención.
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