El Informe sobre trata de personas presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos es limitado en el caso mexicano, porque no aborda el tema de la trata interna de personas, la que se hace con fines laborales y porque no hace referencia a la protección a las víctimas de ésta.
Pero más que una calificación y escandalizarnos, debe ser tomado como una guía que nos permite saber en qué hay que trabajar, señaló Fernanda Ezeta, Oficial de Programas de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
La representante de la OIM puntualizó en entrevista con Cimacnoticias lo que en su opinión le faltó al informe: «Creo que queda un poco limitado dado que no habla de trata interna, no habla de un problema enorme que es la trata con fines de explotación laboral sino que generalmente se acota a trata con fines de explotación sexual y con fines de turismo sexual».
Entre otras limitaciones del documento, presentado por la secretaria de Estado Condoleeza Rice, Fernanda Ezeta destacó que se habla muy poco de los casos en México como país de origen y tránsito de personas hacia Estados Unidos y como parte de una red de delincuencia organizada, y no hace mención a la necesidad de crear o fortalecer la cooperación entre ambas naciones en procuración de justicia y protección a las víctimas.
Enfatizó que no es de sorprender que México continúe en el segundo nivel (de observación), ya que no se ha aprobado la Ley sobre Trata de personas que permanece en el Senado de la República y continúan los problemas en la procuración de casos, en la investigación y en la identificación de éstos.
La experta en tema de migraciones consideró que uno de los problemas más grandes que existen en el país es la falta de homologación de conceptos, ya que hay una gran confusión entre trata de personas y tráfico de migrantes.
Entre los retos en la materia, Ezeta destacó el de consolidar la coordinación entre instancias públicas. Lamentó que el tema no sea una prioridad nacional, «si bien se ha ubicado poco y lentamente, aún no es una prioridad», por lo que insistió que tener una Ley ayudaría mucho a avanzar ya que plantea tres puntos fundamentales: prevención, sanción y protección a las víctimas.
El informe es positivo, apuntó, porque reconoce: avances y «flaquezas»; la identificación de delincuencia organizada vinculada al tráfico de migrantes que terminan en trata; los avances legislativos, y el papel de las instituciones de gobierno.
«Sin embargo creo que el Gobierno federal debería dar mayor apoyo para proteger a víctimas para crear albergues especializados, se requieren rutas críticas o pautas de identificación, procuración de justicia y protección de víctimas de manera más coordinada».
La experta de la OIM recordó que nuestro país firmó y ratificó el Protocolo para reprimir, sancionar y erradicar la trata de personas en 2003, donde se sugiere, entre otras cosas: trabajar en la prevención (campañas informativas, homologar los conceptos entre trata y tráfico), en la procuración de justicia (fortalecer la cultura de la denuncia) y en la protección a víctimas y reparación del delito.
Una vez que el gobierno dé las pautas a seguir, señaló, sería importante que el Senado de la República considerara y sumara el trabajo de las organizaciones civiles para hacer un frente común a este problema que afecta a todos los países del mundo y que origina el cruce de casi 800 mil personas al año, de las cuales, el 80 por ciento son mujeres.
En tanto, en el Senado de la República se ha organizado un seminario de Prevención y Sanción a la Trata de Personas en México, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de junio, con la participación de expertos nacionales e internacionales que trabajan el tema, de acuerdo con el programa el objetivo del evento es «enriquecer el trabajo legislativo» y poder hacer las adecuaciones correctas a la Ley que aún permanece en este recinto.
EL INFORME
De acuerdo con el informe mundial sobre trata de personas presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la clasificación que hace de los países latinoamericanos Colombia ocupa la mejor posición en materia de avances sobre el tema, mientras que Venezuela y Cuba son líderes en trata de personas, situación que comparten con otros 14 países de la región y ambos se ubican en el último lugar de la lista.
Argentina, Honduras, República Dominicana, Guatemala y México están apenas un peldaño arriba, en tanto que Bolivia, Brasil y Perú avanzaron.
En el informe 164 países son clasificados en tres niveles, pero entre el tercero y segundo se inserta una clasificación en forma de lista de observación, de la cual los países pueden mejorar y salir hacia el segundo nivel o empeorar y caer al fondo.
SITUACIÓN EN LATINOAMÉRICA
En el 2006, estuvieron en la lista de observación Bolivia, Brasil y Perú, pero este año ascendieron al segundo nivel donde se encontraron con naciones que ya estuvieron allí en la evaluación previa: Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Chile, Panamá, Paraguay, México, Uruguay y Costa Rica.
Ningún país latinoamericano del segundo nivel ha pasado al primero desde que se empezaron a elaborar estos informes hace seis años.
Únicamente Colombia ha destacado por sus avances en la materia, compartiendo lugares con 28 naciones, la mayoría europeas como España, Francia, Suecia, Italia, Suiza y Reino Unido.
POR PAÍSES
Bolivia – País fuente para la trata con fines sexuales y laborales de mujeres, niñas, niños y hombres. Aun cuando el gobierno no cumple totalmente con los patrones mínimos para la eliminación del problema, está haciendo importantes esfuerzos en esa dirección, pese a los limitados recursos.
Brasil – Es fuente primaria de trata. Hay 500 mil menores de edad prostituidos y el turismo con sexo es un grave problema. El gobierno no cumple con los patrones mínimos, pero está haciendo grandes esfuerzos.
Perú – Es fuente primaria de trata. El gobierno admite que el turismo con sexo existe especialmente en la Amazonía. Niñas, niños y adultos son obligados a trabajos forzados en la minería, tala y empleos de hogar. El gobierno no cumple con los patrones mínimos, pero ha aprobado leyes que prohíben todo tipo de trata de personas y agilizan los procesos judiciales.
República Dominicana – Es país fuente, tránsito y destino. Se obliga a menores de edad dominicanos y haitianos a trabajos forzados. Descendió una posición debido a que el gobierno no hace mayores esfuerzos por ayudar a las víctimas y tomar acciones enérgicas contra funcionarios cómplices.
Honduras – Es país fuente y de tránsito. El turismo con sexo está en aumento. Por lo menos 10 mil víctimas fueron tratadas en el país en el 2006. Este país está en la lista de observación debido a la falta de acción de su gobierno para mostrar evidencias de mayores esfuerzos en la campaña.
Guatemala – Es país fuente, de tránsito y destino. Descendió por la poca decisión de las autoridades de emprender mayores esfuerzos, y el gobierno no juzga a los tratantes y tampoco cumple con los patrones mínimos internacionales.
Venezuela – Es país fuente, de tránsito y destino. Las víctimas provienen de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y China. El gobierno no cumple con los patrones mínimos de la campaña y debe enmendar sus leyes para prohibir toda forma de trata y juzgar a los tratantes.
Cuba.- El comercio sexual cubano atrae cada año a miles de turistas europeos, canadienses y latinoamericanos e involucra a niñas y niños incluso de 12 años. Trabajadores de los hoteles estatales y hasta policías conducen a turistas a mujeres y niños prostituidos. El gobierno no hace ningún esfuerzo para eliminar la trata y tampoco reconoce el problema porque cree que las denuncias tienen motivación política.
México.- País fuente, de tránsito y destino de trata con fines de comercio sexual y explotación laboral. La mayoría de las víctimas son tratadas desde Centro América con destino a México y Estados Unidos. Existe el turismo sexual incluido el de la niñez en zonas como Acapulco y Cancún y en ciudades fronterizas como Tijuana. Cumple con los mínimos estándares para eliminar la trata de personas. Hace esfuerzos pero aún son insuficientes. Está tomando medidas preventivas. El gobierno no tiene un plan de acción nacional para combatir la trata.
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